El presidente de la República, Carlos Alvarado, defendió la ayuda a pequeños y medianos arroceros, con miras a elevar su productividad e incluso para reconvertirse, antes de pensar en liberalizar el precio del cereal porque, afirmó, son un sector “muy vulnerable”.

El mandatario se refirió al tema ante cuestionamientos del noticiario de Multimedios, por el acuerdo para mantener la regulación de precios en el mercado de ese cereal. Lo hizo en la conferencia de prensa de informe de actualización de la covid-19, este 26 de agosto.

El acuerdo se firmó el domingo 23 de agosto, a las 7 p. m., luego de presiones del sector arrocero. En la negociación no estuvieron presentes ni representantes de los consumidores ni de los importadores del grano.

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“Hay dos grupos vulnerables que están en la cadena del arroz y a nosotros, como Gobierno, nos corresponde dar soluciones a ambos. Por un lado tenemos a los consumidores y, sobre todo, a los más vulnerables y que tienen en su dieta básica al arroz; por otro lado, tenemos a otro grupo vulnerable, muy vulnerable, que son nuestros productores, sobre todo los pequeños productores de arroz”, explicó Alvarado, ante las consultas.

Dos extremos

Los grupos que critican la regulación o fijación de precios, entre ellos las organizaciones de consumidores y la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), advierten de que los costarricenses, especialmente los grupos de menos ingresos, están pagando un sobreprecio del grano con la fijación por decreto.

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Sin embargo, el presidente Alvarado, repitió que los pequeños productores requieren de asistencia técnica y de innovación para sobrevivir al cambio del sistema y también a la eliminación de impuestos para importar ese grano desde Estados Unidos, según lo acordado en el Tratado de Libre Comercio (TLC).

La eliminación de aranceles con Estados Unidos se culminará el 31 de diciembre del 2024.

Alvarado también apoyó el calificativo de “obsoleto” al esquema de fijación de precios de ese producto, pero recordó que se ha aplicado durante décadas y que no fue diseñado por la actual administración.

Por lo tanto, añadió el gobernante, su posición está entre los dos extremis.

Una de ellas representa a la corriente de liberalizar el precio con el consiguiente impacto en la eliminación de empleo rural. La otra, dijo, es proteger a los productores, nada más, y en este caso los agricultores pueden seguir adelante con subsidios y sin mejorar productividad, pero los consumidores no verían el beneficio.

La posición central y que está impulsando a su pedido el equipo de gobierno, manifestó, es impulsar la ayuda a los productores para que mejoren los rendimientos, es decir, la productividad, de tal manera que puedan competir, explicó Alvarado. Eso daría las condiciones para, eventualmente, revisar la situación de precio.

Reconoció que el plan en marcha y que se quiere materializar debe ir dirigido a pequeños y medianos arroceros, de tal manera que el beneficio sea para ellos y no para los grandes productores del sector.

La ministra de Economía, Industria y Comercio (MEIC), Victoria Hernández, aseguró que el plan de 90 días firmado con los arroceros va en la línea de construir ese apoyo a los pequeños agricultores.