Natasha Cambronero. 18 enero
Laura Garro fue diputada del PAC entre el 2014 y el 2018. Foto: Jose Díaz.
Laura Garro fue diputada del PAC entre el 2014 y el 2018. Foto: Jose Díaz.

El Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública ordenó ayer llevar a juicio a la exdiputada del PAC, Laura Garro Sánchez (2014-2018), por un presunto delito de falso testimonio.

A Garro se le achaca supuestamente haber faltado a la verdad cuando rindió testimonio en el juicio en que el gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC) fue condenado por una estafa de ¢353 millones al Estado, en el 2016.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) confirmó que ayer se realizó la audiencia preliminar por este caso, el cual se tramita bajo el expediente 12-0000024-0033-PE, y que el Juzgado concluyó que era necesario elevarlo a juicio.

“A partir de ayer, el Juzgado Penal enviará el expediente al Tribunal Penal para que este órgano señale fecha para el juicio”, agregó la oficina de prensa del Ministerio Público, ante una consulta de La Nación.

Según la Fiscalía, la exlegisladora, en apariencia, cambió su testimonio entre la fase indagatoria y la etapa de juicio.

Así lo consignó la fiscala Greysa Barrientos, cuando le solicitó al Tribunal Penal que ordenara el inicio de una investigación judicial contra Garro. Eso ocurrió el 8 de noviembre del 2016, durante el periodo de conclusiones de debate oral y público en el caso contra el PAC.

Esa petición fue acogida por el Tribunal el 5 de diciembre de ese año, tras dar "por acreditado que la testigo faltó a la verdad en tres aspectos esenciales”.

En la sentencia 1146-2016, dada a conocer de manera completa el 16 de enero del 2017, los jueces penales le achacan a la exdiputada puntarenense faltar a la verdad en tres aspectos:

1- En cuanto a que ella sí firmó uno de los contratos por servicios especiales que aparecían como parte de las pruebas de la estafa.

2- En cuanto a quién del PAC le entregó a ella los contratos que distribuyó entre los dirigentes de la provincia de Puntarenas y que también formaron parte de la prueba.

3- En cuanto a que fue ella, precisamente, la persona que le dio a firmar los documentos a los seguidores del PAC en la provincia de Puntarenas.

Este medio intentó obtener una reacción de Garro, pero no atendió las llamadas hechas a su teléfono celular, posteriormente en un mensaje de texto dijo que quien iba a dar declaraciones a la prensa sería su abogado, Santiago Arguedas y facilitó un número de teléfono. No obstante, el número pertenecía a otra persona.

¿Qué se le achaca?

Para el Tribunal fueron claves los testimonios de un agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y dos dirigentes que el PAC tenía en Puntarenas, llamados Sara Ramírez y Honorio Mena. Los tres coincidieron en sus versiones y, a la vez, contradijeron la que Garro narró en el juicio.

En un principio, la Fiscalía y el OIJ identificaron a Laura Garro entre las personas que firmaron los contratos por servicios especiales con los que el partido cometido la estafa contra el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), al cobrar la deuda política de las elecciones nacionales del 2010.

En la etapa indagatoria, en noviembre del 2013, cuando fue entrevistada por el oficial de la sección de Fraudes del OIJ, Juan Diego Bolaños, ella aseguró que firmó uno de esos contratos por ¢5 millones, que lo rubricó en Puntarenas y que lo recibió de manos de un empleado del partido, Manuel Antonio Bolaños, quien fue uno de los dos condenados por la estafa del PAC, el 5 de diciembre del 2016.

En ese interrogatorio, antes de resultar electa diputada para el periodo 2014-2018, ella le añadió al oficial del OIJ que se desempeñó como la jefa de la campaña del PAC en Puntarenas en el 2010, que era el contacto directo con la sede central del partido en San José, que fue la persona encargada de entregarle los contratos a los demás colaboradores de la provincia y que esos convenios se los envió Bolaños.

Sin embargo, ya en el juicio del 2016, durante su declaración ante los jueces y bajo juramento, Garro dijo que no recordaba mucho de lo que había manifestado tres años atrás. No supo decir quién le entregó el contrato, ni dónde y ante quién lo firmó. Además, negó que ella hubiese repartido otros contratos a colaboradores del PAC en Puntarenas.

“Jamás voy a venir aquí a mentir, yo tengo 65 años y eso me da mucha sabiduría en la vida. No recuerdo si a los del OIJ les dije que alguien en particular me había entregado los contratos”, enfatizó la hoy exdiputada en ese juicio.

No obstante, además del testimonio del agente del OIJ, la Fiscalía aportó el de los exdirigentes Ramírez y Mena, quienes confirmaron, en la sala de juicio, que fue ella quien les entregó los contratos de servicios especiales.

En esa campaña, Mena fungió como promotor general cantonal, mientras que Sara Ramírez cocinó y entregó almuerzos el día de las elecciones.

Contradicciones

A juicio del Tribunal que condenó al PAC, las contradicciones de Garro no son solo frente a terceros, sino que también cambió su propia versión varias veces.

Los jueces consideraron que ella cayó en otra contradicción durante su relato: “La testigo Laura Garro Sánchez dijo que fue el Comité Cantonal quien les suministró (a los dirigentes) los contratos para que los firmaran pero dijo no recordar quién, lo que no recordó la señora es que, hacía pocos minutos, había indicado en juicio que ella era la presidenta del Comité Ejecutivo de su cantón –por lo que debe entenderse de manera ilógica y según su dicho, que ella se entregó a sí misma los documentos para firmar–, y también afirmó categóricamente que ella no le facilitó contratos a sus compañeros de partido para que los firmaran”.