María Elena Sancho perdió a su papá luego de que unos asaltantes le dispararon en tres ocasiones durante un asalto para robarle alrededor de ¢10 millones en lotería.
“Nos dijeron que no divulgáramos y que no acudiéramos a la prensa porque eso iba a entorpecer toda la acción en busca de los responsables. Pero lo cierto es que han pasado varios meses y aún no se tiene idea de quiénes actuaron contra mi papá”, dijo Sancho.
Leyla Cerdas, quien es vecina de Aserrí, San José comparte una realidad similar.
“Mi hija murió a manos de su pareja, que le dio siete puñaladas. Ella tenía solo 25 años y una bebé de tres años y medio. Necesitamos mayor justicia. No quiero que algún día quien mató a mi hija pueda llegar molestar a mi nieta”, manifestó.
Provistas de un paraguas negro, ellas participaron ayer en la “marcha de los paraguas negros”, organizada por la Asociación para Familiares Víctimas de Homicidio Asopaz, con el fin de exigir a las autoridades mano dura contra los responsables de esas muertes.
Consigna común. La marcha principió en los alrededores de la Asamblea Legislativa y culminó en la plaza de la Justicia, en San José.
“Estamos en desacuerdo con que desaparezcan las fiscalías específicas, en especial la Fiscalía de Delitos contra la Vida. El Ministerio Público no debe asignar fiscales sin experiencia a casos de homicidio”, opinó Roxana Herrera, presidenta de Asopaz.
“También queremos que haya más protección para los testigos y para los familiares de las víctimas; muchas de sus vidas se exponen durante el proceso judicial”, añadió.
Los manifestantes leyeron un manifiesto en el que afirmaron estar “en desacuerdo con políticas de ultraprotección al delincuente y que no se proteja la vida de víctimas y testigos durante un proceso judicial. Estamos contando cada testigo y víctima asesinados en procesos judiciales por la falta de protección de sus derechos”.
Asopaz también da apoyo psicológico, legal y de acompañamiento para los familiares de víctimas de muertes violentas.