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Bajo el nombre Red de Vigilancia Corcovado (RVC), unos 52 líderes comunales en la península de Osa se capacitaron la semana anterior con representantes del Estado para formar un grupo de vigilancia del Parque Nacional Corcovado y otras zonas silvestres.
Autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), la Fiscalía Ambiental del Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asesoran a vecinos del parque y de la Reserva Forestal Golfo Dulce, para apoyarse conjuntamente en el resguardo de la biodiversidad en la zona.
Minae informó este martes que en próximos días otras 10 personas serán convocadas para recibir la misma inducción, cuyo propósito es que los colaboradores puedan alertar a las autoridades en tiempo real sobre delitos contra el ambiente.
Miguel Madrigal, jefe del Grupo Operativo Ambiental (GOA) del Minae, explicó que el grupo se formó luego de un operativo reciente como respuesta a la problemática surgida en la península de Osa, por un auge en la comisión delitos en medio de la pandemia del covid-19.
El 10 de mayo anterior, La Nación publicó que bandas dedicadas a la tala, cacería, extracción de oro y narcotráfico aprovechan la emergencia nacional, que obligó a suspender actividades y visitas a zonas de recreo, para aumentar el pillaje en Corcovado.
Autoridades, empresarios, guías y ambientalistas afirmaron entonces que la comisión de delitos ambientales se disparó en últimas semanas en esta zona protegida localizada entre los cantones de Golfito y Osa (Puntarenas).
Uno de los mayores problemas de esa zona es el ingreso de coligalleros, con al menos 12 grupos muy organizados, lo cual significa la entrada frecuente de unos 100 oreros ilegales.
Esto ocurre en momentos cuando, debido a la pandemia, escasean guardaparques y recursos para cuidar estos 424 kilómetros cuadrados que atesoran el 2,5 % de la biodiversidad del mundo, según el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).
Por su parte, Dionisio Paniagua, vigilante activo de los recursos naturales en la comunidad, indicó que la iniciativa de involucrar a más personas surgió hace aproximadamente mes y medio, con el asesoramiento del Minae sobre el procedimiento para plantear denuncias y los debidos procesos a seguir.
“Al principio había un poco de temor a dar alertas por miedo a represalias, y que el Minae nos dejara solos, pero el respaldo que nos ha dado el GOA, el Ministerio y los resultados obtenidos nos dan confianza para seguir. Tenemos claro que la participación ciudadana es clave para poder hacer frente a la crisis ambiental que sufren las áreas silvestres protegidas”, agregó Paniagua.
El 29 de mayo anterior, 11 personas vinculadas a cacería, extracción de oro y tala ilegal en la zona fueron detenidas por GOA y agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
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Sigue cacería ilegal
Como parte de las acciones conjuntas con la nueva Red de Vigilancia Corcovado, la semana anterior varios de los vecinos denunciaron el ingreso de cazadores ilegales al parque, donde mataron a una familia completa de saínos.
Según el reporte, los hombres acabaron con la vida de nueve saínos en el sitio conocido como La Leona, dentro del parque nacional.
El jefe del Grupo Operativo Ambiental indicó que, según el reporte, los infractores se distribuyeron entre ellos la carne de las presas para consumo humano.
“Ignoran lo peligroso de este tipo de prácticas, como lo son el consumo de carne de animales silvestres, en todo momento, pero más aún en medio de una pandemia como la provocada por el covid-19”, aseguró.
Esta denuncia fue dirigida de inmediato por el GOA a Laura Rivera, directora del Área de Conservación Osa (ACOSA). Poco después, otras autoridades lograron la detención de los sospechosos.
“Los detenidos son dos sujetos de apellidos Rodríguez Peña y Ortiz Vargas que se transportaban en un vehículo marca Mitsubishi”, explicó el jefe del grupo operativo del Minae.
