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El 27 de abril la Unión Europea acordó prohibir el uso al aire libre de tres insecticidas, luego de que un estudio revelara que estas sustancias representan un riesgo para las abejas salvajes y melíferas (que producen miel).
La medida aplica para los pesticidas del grupo neonicotinoides: Imidacloprid, Clotianidina y Tiametoxam; las tres sustancias activas están registradas en Costa Rica, según confirmó a La Nación la oficina de prensa del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE).
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La decisión de prohibirlas en suelo europeo se sustentó en un estudio a gran escala, publicado en febrero de este año por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés), que resultó en un incremento en el nivel de riesgo que suponen estos productos para las abejas, cuyas poblaciones se encuentran en declive.
Las abejas juegan un importante rol en la producción de cosechas, ya que son necesarias para la propagación del polen y por lo tanto contribuyen a la reproducción de la flora. En efecto, ellas contribuyen a la polinización del 90% de los principales cultivos en el mundo.
Debido a esta situación, el bloque de países del Viejo Continente, decidió que a partir de finales de este año, estas sustancias solamente se puedan aplicar en invernaderos permanentes, para evitar que las abejas entren en contacto con los químicos.
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Repercusiones en Costa Rica
Entonces, ¿por qué no se toman restricciones similares en Costa Rica?
El director del SFE, Fernando Araya Alpízar, indicó a La Nación que no se podía referir directamente sobre este asunto, ya que se encuentra en manos de los magistrados de la Sala Constitucional, luego de que el diputado José María Villalta, del Frente Amplio, presentara un recurso de amparo relacionado este tema contra el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Pero, en términos generales, indicó que cualquier decisión con respecto a la restricción o prohibición de sustancias como los insecticidas, debe hacerse en cumplimiento de la normativa nacional e internacional.
En este sentido, enfatizó en los artículos 29 y 30 de la Ley de Protección Fitosanitaria.
En el último de estos numerales, se establece que el MAG “podrá restringir o prohibir la importación, el tránsito, el redestino, la fabricación, la formulación, el reenvase, el reempaque, el almacenamiento, la venta, la mezcla y la utilización de sustancias químicas, biológicas o afines y equipos de aplicación para uso agrícola, cuando se justifique por razones técnicas y se considere que emplearlas es perjudicial para la agricultura, la salud o el ambiente”.
Eso sí, acotó que el tema de las condiciones científicas tiene que ser basado en situaciones similares.
“No podemos comparar o usar un dato de un lugar, con una condición, para otro lugar con otra condición", dijo.
"De parte del MAG, para cualquier producto que represente un riesgo, estamos en total disposición y obligación también, de actuar cuando contemos con los elementos necesarios”, agregó el director del SFE.
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En el recurso de amparo, el legislador pide que “se ordene al ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado, o a quien ocupe su cargo, que tome las medidas técnicas necesarias para evitar que el uso de neonicotinoides afecte negativamente a las poblaciones de abejas en el territorio nacional”.
Villalta dijo a este medio que presentó el recurso al considerar que el MAG no cumple con la ley ni aplica “el principio precautorio en materia ambiental, a pesar, de que existen estudios, serios, amplios y extensos, sobre el riesgo que implican los insecticidas neonicotinoides para las poblaciones de abejas”.
Otras amenazas para las abejas
Si bien la discusión internacional se ha centrado en los neonicotinoides, este no sería el único factor que influye en el deterioro de las poblaciones de abejas.
También inciden la destrucción de los hábitats como producto de la extensión de las áreas agrícolas, el uso indiscriminado de diferentes sustancias químicas (no solo los neonicotinoides) y el cambio climático, entre otros.
Otros factores naturales también juegan un papel, como la persistencia del parásito digestivo Nosema apis, que tiene un efecto negativo sobre las poblaciones; el ácaro varroa que succiona fluidos; y el avispón (Vespa mandarinia), que ataca colmenas, según la ingeniera agrónoma Xiomara Mata Granados, coordinadora del Laboratorio de Fitopatología y Biocontroladores de la Escuela de Agronomía del Tecnológico de Costa Rica (Tec).
La experta también advirtió que estos productos tienen efectos importantes en la salud humana.
“Hay estudios que demuestran que el uso de estas sustancias puede inducir a problemas de autismo, causar trastornos en el neurodesarrollo, malformaciones cardíacas, trastornos endocrinos como (las afecciones de) la tiroides, dolores abdominales, pérdida de memoria y temblores”, señaló.
Si bien se clasifican como ligeramente peligrosas, con un nivel de toxicidad II o III, el hecho de que sean altamente solubles en agua hace que su presencia sea muy persistente en el ambiente, generando una exposición crónica y presencia en la cadena alimenticia, por lo que el organismo humano no podría transformar algunos de estos residuos.