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Un proyecto de ley por iniciativa popular otorgaría a tiburones en aguas costarricenses la clasificación legal de “vida silvestre”, con el objetivo de prevenir su pesca excesiva.
El plan regularía dicha actividad y corregiría un error hoy admitido por el Gobierno, según el cual se declaró a estos animales aptos para fines comerciales sin la debida justificación técnica, expresó el ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez.
La iniciativa se tramita bajo el expediente 21.754 y consiste en una reforma al Artículo 1 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre (Ley 7317). La idea es ampliar el artículo debido a que su redacción actual indica que la ley no aplica a especies aptas para pesca o acuicultura.
La propuesta es que el artículo exprese que la ley sí aplica en caso de especies bajo amenaza o en peligro de extinción según la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN) o la Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES) a las cuales se adhiere Costa Rica.
Esto permitiría mitigar la pesca de tiburones sin interrumpir la actividad, que está plenamente autorizada con el Decreto Ejecutivo MINAE MAG 40.379 del 4 de mayo del 2017, cuando se promulgó que los tiburones ya no se catalogaban como vida silvestre sino especies comerciales al amparo del Artículo 1 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre.
El proyecto ya tiene el apoyo de 16 diputados de distintas bancadas y espera a que se le asigne comisión legislativa para iniciar trámite legislativo.
El plan de ley lo plantearon a título personal Carolina Ramírez Azofeifa (de la campaña Unidos Por Los Tiburones), Randall Arauz Vargas del Programa Restauración de Tortugas Marinas (Pretoma), Jorge Serendero (de la organización Sea Sheperd), Jeffry Madrigal, Sergio Cambronero y Doriam Massimo.
En su justificación, estos explican que las poblaciones de tiburones han disminuido a escala global un 90% en las últimas décadas, con algunas especies a niveles entre 95% y 99%.
Este fenómeno resultaría de un crecida en la demanda de aletas de tiburón en países asiáticos para la elaboración de sopas; “un platillo cuya demanda insaciable aumentó con el fortalecimiento de una clase media en China" indica el proyecto de Ley.
La situación es tan crítica que el texto recuerda que ya se declaró a un tercio de los tiburones del planeta como especies amenazadas de extinción según la UICN; incluido el tiburón martillo, símbolo del Parque Nacional Isla del Coco.
Costa Rica también exporta aletas de tiburón y en el 2008 incluso se convirtió en el sexto mayor vendedor de estas para Hong Kong con 327 toneladas, según reporte de la organización conservacionista sin fines de lucro Oceana.
Además, en Costa Rica la carne de tiburón también registra un consumo promedio de 1.000 toneladas anuales según datos al 2015 del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa). Entre los años 2007, 2008 y 2009, precisan estadísticas de Senasa, ese consumo osciló entre 1.700 y casi 2.000 toneladas.
Para disminuir su sobrepesca, Costa Rica logró en el 2013 que la Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES) incluyera al tiburón amarillo (Carcharhinus acronotus) en un listado de especies que requieren manejo especial para asegurar su población.
Luego, en el 2016, Costa Rica logró incluir también el tiburón zorro (Alopias superciliosus) y el tiburón sedoso (Carcharhinus falciformis).
Es a partir de estas tres especies, explica el plan de ley, que se extrae al menos 90% de aletas de tiburón exportadas desde Costa Rica.
La inclusión del trío en las clasificaciones de CITES no implica una prohibición al comercio sino que el país exportador debe demostrar la sostenibilidad biológica de dicha pesca con estudios técnicos.
Sin rigor técnico
“Lo lógico es que sea posible la comercialización de vida marina con criterios técnicos para que sea una pesca sostenible y ello incluye estudios de población de animales y licencias de pesca para vida silvestre a partir de información científica. Es evidente que en este país se dan licencias de pesca comercial para especies de las cuales no hay estudios”, sentenció el ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez.
Según el jerarca, sin estudios no hay conocimiento de cuál es la capacidad de una u otra especie para soportar pesca, y por eso apoya la reforma planteada porque no prohíbe la pesca, pero sí la subordina a criterios técnicos y científicos.
“Los animales o vida silvestre en el océano pueden aprovecharse siempre y cuando exista la información científica para hacerlo en forma sostenible y, en Costa Rica, no tenemos esa información”, concluyó Rodríguez.
Yorleny León, diputada del Partido Liberación Nacional, también apoya la iniciativa porque abre la puerta a tomar medidas que aseguren la permanencia de tiburones y otras especies en los ecosistemas naturales costarricenses.
“Los tiburones cumplen funciones claves en los ecosistemas marinos, la literatura científica advierte que ecosistemas marinos perderían capacidad para adaptarse a los efectos del cambio climático sin estas especies, en particular de los tiburones”, explicó León.
