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La nueva área marina se llamaría Área Marina de Manejo Cabo Blanco. (Redes de la Península para LN)
Doce organizaciones de pescadores y comunales de Tambor, Cabuya, Malpaís, Santa Teresa y Manzanillo presionan al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) para que este decrete la creación de un área marina de manejo en el Golfo de Nicoya, entre la punta Piedra Amarilla en Paquera y el Refugio de Vida Silvestre Caletas Arío entre Bejuco y Nandayure.
Con ello, las organizaciones pretenden solucionar problemas de saqueo de especies marinas como cambute y langosta, así como el uso de trasmallos o redes a profundidad.
El pasado 9 de marzo, estos grupos enviaron una carta a Edgar Gutiérrez, jerarca de Minae, solicitándole emitir una directriz para que se respetara los acuerdos tomados por las comunidades en un proceso de negociación que les llevó un año.
En la misiva, también se piden tres acciones: la creación del Área Marina para el Manejo de la Península de Nicoya (AMMPN), la creación del Consejo Local Ambiental del AMMPN y la creación del modelo de organización multisectorial para la nueva área.
A la fecha, los pescadores no reciben respuesta por parte del Minae. Esto los llevó a presentar un recurso de amparo, el cual fue acogido hoy por la Sala Constitucional para estudio.
En un comunicado enviado a La Nación, las organizaciones -agrupadas en Redes de la Península- manifiestan que la falta de dicho decreto atrasa las gestiones para la elaboración de un plan de manejo y ordenamiento pesquero que garantice la sostenibilidad de los recursos marinos.
"Hacemos responsable al señor ministro de Ambiente por la situación que sufrimos muchas familias que dependemos de la pesca en la zona. El problema no es solo de conservación de recursos naturales, sino de subsistencia de las familias que estamos involucradas en estos esfuerzos", manifestó Victoria Quirós, vocera de Redes de la Península.
Al respecto, Gutiérrez manifestó que ya se giró una directriz (DM-475-2015) al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) como entidad a cargo de las áreas silvestres protegidas, tanto terrestres como marinas.
Esa directriz, fechada el 28 de mayo de 2015, el ministro pidió al Sinac "reconocer los esfuerzos de conservación realizados por los diferentes grupos locales e indígenas, asegurando su derecho a la información y a la participación ciudadana".
Asimismo, Gutiérrez solicitó: "generar las condiciones para fortalecer un modelo de gobernanza que garantice la activa participación de las comunidades vecinas y actores sociales, para asegurar el uso sostenible de sus ecosistemas y elementos de la diversidad biológica y la distribución justa y equitativa derivada de su uso".
Por eza razón, el ministro solicitará a la Sala IV desestimar este recurso de amparo.