EscucharEl Congreso de los Diputados español adoptó este jueves un proyecto de ley para rehabilitar a las víctimas del régimen de Francisco Franco (1939-1975) y exhumarlos de fosas comunes, un texto que provoca controversia.
Tras la aprobación de la ley en primera lectura por 173 votos a favor, 159 en contra y 14 abstenciones, este texto del gobierno del socialista Pedro Sánchez irá al Senado, y su aprobación definitiva se espera a la vuelta del receso veraniego.
Esta "Ley de Memoria Democrática" es la segunda iniciativa importante de Sánchez en este tema, tras la exhumación de Franco de su monumental mausoleo cerca de Madrid.
"Porque mirar al pasado es la mejor receta para no cometer los mismos errores. Porque las víctimas de anteriores períodos necesitan justicia y reparación. Avanzamos en una sociedad más democrática, con más memoria", se congratuló el líder socialista en Twitter.
La principal medida de este proyecto de ley es que el Estado se hará cargo, por primera vez, de la búsqueda e identificación de las víctimas desaparecidas de la Guerra Civil y la dictadura.
Para ello será necesaria la financiación directa del gobierno central, mientras que actualmente la búsqueda de los cuerpos de los familiares de las víctimas corre a cargo principalmente de las asociaciones, como muestra Pedro Almodóvar en su última película "Madres paralelas", y de las regiones.
"El Estado tiene que exhumar los cuerpos de las víctimas de la dictadura franquista (...) Hay todavía 114.000 desaparecidos forzosos", es decir, personas cuyo destino fue deliberadamente ocultado, dijo Sánchez el martes en el Congreso de los Diputados.
"Somos, después de Camboya, el país del mundo con más desaparecidos", añadió, mencionando al país asiático que sufrió las atrocidades de los jemeres rojos.
La gran mayoría de los desaparecidos durante la guerra eran republicanos, y el régimen franquista exhumó a muchas víctimas del bando nacional de las fosas comunes para darles sepultura.
El proyecto de ley del gobierno también conducirá a la creación de un banco de ADN de las víctimas para facilitar su identificación, así como a la creación de un mapa de todas las fosas comunes del país.
También prevé la anulación de las sentencias dictadas por la justicia franquista contra los republicanos o la comunidad homosexual.
Asimismo, creará una fiscalía dedicada a investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la guerra y la dictadura.
Hasta ahora, la Ley de Amnistía de 1977 impidió cualquier tipo de persecución en nombre de la transición a la democracia.
El principal partido de la oposición de derechas, el Partido Popular (PP), que ha acusado en repetidas ocasiones a la izquierda de intentar reabrir las heridas del pasado con la coartada de la memoria, ha prometido derogar la ley si vuelve al poder en las elecciones previstas para finales de 2023.
El último presidente del gobierno del PP, Mariano Rajoy (2011-2018), presumió de no haber gastado ni un solo euro de dinero público en la aplicación de una primera ley de "memoria histórica", aprobada en 2007 bajo un gobierno socialista anterior y destinada a reconocer a las víctimas del franquismo.
En una sesión parlamentaria tensa, el partido de extrema derecha de Vox acusó a los promotores de la ley de volver a "intentar dividir a los españoles", mientras los liberales de Ciudadanos denunciaron el uso político que hace la izquierda de una ley de "memoria selectiva".
Y la férrea oposición del PP a la ley se ha visto agravada por las concesiones extraídas a Sánchez por los separatistas vascos de Bildu a cambio de sus votos.
Alegando la ausencia de purgas en el aparato policial durante los primeros años de la democracia, esta formación, heredera del escaparate político de la organización armada ETA, obtuvo un informe de una comisión sobre posibles violaciones de los derechos humanos desde 1978, año de la aprobación de la Constitución, hasta finales de 1983.
En particular, 1983 fue el año en que se crearon los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), una organización parapolicial responsable de 28 asesinatos de activistas vascos hasta 1987.
Más allá de la derecha, esta enmienda también causó un gran malestar entre algunas figuras socialistas, en particular Felipe González, presidente del gobierno de 1982 a 1996.
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