EscucharLa nueva embajadora de España en Nicaragua, Pilar Terrén, presentó este miércoles sus credenciales ante el gobierno de Daniel Ortega, poniendo fin a un año de tensiones tras una ola de arrestos a opositores criticada por la diplomacia española.
El canciller nicaragüense, Denis Moncada, dio la bienvenida a Terrén en una ceremonia y -según dijo- conversó con ella sobre el interés de su gobierno de fortalecer las relaciones diplomáticas de intercambio, inversión, solidaridad y respeto atendiendo "los principios de no injerencia en los asuntos internos de nuestros países", según detalló la prensa oficial.
En tanto, la diplomática, que sustituye a su antecesora María del Mar Fernández-Palacios, destacó los "vínculos de amistad y hermandad entre nuestros pueblos que nos trascienden".
Por su parte, la vicepresidenta, Rosario Murillo, saludó la llegada de la diplomática y le deseó éxito en su misión en Nicaragua, un país que "es de dignidad, de soberanía, que es de amor, que es de concordia", dijo en su alocución diaria en medios oficialistas.
El nombramiento de Terrén ocurre a casi un año de que España llamó a consultas a su anterior representante, en medio de un cruce de comunicaciones por una ola de arrestos a opositores, entre ellos siete aspirantes a la presidencia, en la antesala de los comicios presidenciales de noviembre de 2021, donde Ortega obtuvo un cuarto mandato consecutivo.
España protestó por la detención de los opositores en varias ocasiones y demandó su liberación.
Tras las elecciones de noviembre, Madrid se sumó a otros países europeos, Estados Unidos y América Latina, que reaccionaron tras los comicios, cuyos resultados calificó de "una burla" a los nicaragüenses y a la comunidad internacional.
En marzo de este año Nicaragua retiró a su embajador Carlos Midence, alegando "presiones y amenazas injerencistas" del gobierno español.
Managua no ha anunciado aún si nombrará a un nuevo embajador en España.
Funcionarios y allegados del gobierno de Ortega, entre ellos su esposa Rosario Murillo, han sido sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea, acusados de violar los derechos humanos durante las protestas opositoras del 2018.
Ortega, de 76 años, un exguerrillero que gobierna el país desde 2007, considera que aquellas manifestaciones fueron un intento de golpe de Estado de sus rivales con apoyo de Washington.
Aseguró que en 2021 esos hechos intentaron replicarse, por lo que su gobierno acusó a varios opositores de conspirar para derrocar al presidente. Estos fueron luego enjuiciados y sentenciados.
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