Hazel Feigenblatt. 22 noviembre

Tras las elecciones del 2018, un editorial de La Nación señaló que “en el pasado un cuestionamiento a la autoridad electoral habría suscitado contundente repudio”, pero en los últimos procesos electorales “el país parece haberse vuelto más tolerante” a las acusaciones sin mérito contra el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

La campaña para las elecciones municipales que se inició el mes pasado ha dejado claro que a ese problema se suma otro igual o más importante: Políticos que desafían y descalifican públicamente la autoridad del TSE sin sufrir consecuencias.

Ante la tendencia de algunos políticos – particularmente los de corte religioso – de basar sus campañas en temas diseñados para dividir a la población, el TSE llamó a evitar que “de manera irresponsable” el debate se lleve a “temas de alcance nacional que nada tienen que ver con el proceso electoral”.

La respuesta de algunos políticos religiosos fue que no tienen por qué hacer caso al TSE, y que mantendrán su campaña basada en temas ajenos al margen de acción de municipal porque el TSE no puede “limitar el pensamiento de los votantes”.

Además, algunos candidatos parecen estar usando la religión para manipular a los votantes pese a la prohibición del Código Electoral y señalamientos anteriores del TSE. Por ejemplo, algunos candidatos están enmarcando el acto de votar como “un acto de fe”.

Asimismo, algunos candidatos están poniendo a circular información falsa como parte de su propaganda política. Por ejemplo, un candidato inventó que en el país abrirán clínicas de aborto cuando se apruebe la norma técnica que regula el derecho (ya existente) de las mujeres embarazadas al aborto para salvar su salud y/o su vida.

El desafío religioso contra el TSE no se limita solo al proselitismo sino también a intentos de amedrentar a los funcionarios de la institución, como ocurrió en marzo pasado. Solo un día después de que el TSE presentara una denuncia ante el Ministerio Público por el manejo financiero de la campaña, diputados del bloque del excandidato Fabricio Alvarado presentaron una moción para investigar el quehacer del TSE.

Aunque ese intento no prosperó, sería ingenuo creer que no habrán otros en el futuro.

Hasta ahora y pese a este contexto, el TSE ha logrado mantenerse como árbitro imparcial del proceso electoral, pero la realidad es que el uso de información falsa y religiosa en campañas políticas se ha normalizado en el país. Continuar con las mismas estrategias que no lograron impedir que esto ocurriera no va a evitar que el problema se expanda, aunque ciertamente no es una tarea que competa solo al TSE.

El TSE anunció en octubre capacitaciones para que más personas aprendan a identificar información falsa, una medida que en cierto grado puede ayudar a contener la viralización de información falsa. También ha aumentado su presencia en redes sociales. Sin embargo, es indispensable tener presente que el éxito de la información falsa a menudo no se debe a desconocimiento, sino más bien a desconfianza en las instituciones y los sistemas nacionales.

Información falsa y confianza

Tal y como investigadores de la Universidad de Oxford han señalado, aunque la propaganda computacional promociona o ataca ciertos puntos de vista, su principal objetivo es minar la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático y sus instituciones. De ese modo, cuando estas cuestionan información falsa o prácticas indebidas, los ciudadanos no saben en quién creer o creen en los actores que coinciden con sus opiniones y creencias personales.

Por ello, es común ver personas que se niegan a aceptar que una noticia es falsa – aunque tengan la evidencia al frente – o que ven las acciones y mensajes de instituciones oficiales como parte de conspiraciones o “ataques” contra su grupo.

Estos patrones no surgieron de la nada. Diversos estudios han mostrado que el avance de las noticias falsas y teorías de conspiración está en buena parte ligado a la proliferación de medios dedicados a distribuir información religiosa en décadas recientes.

Tales medios han acostumbrado a estos grupos a no creer en información oficial si esta contradice sus creencias y, con la popularización de las redes sociales, han servido como autopistas ideales para mover flujos de información falsa, teorías de conspiración, etc., aprovechadas también por otros grupos a menudo anónimos.

Este ciclo continuará profundizándose conforme la línea entre política y religión siga debilitándose, lo cual viene a subrayar la importancia de cumplir una tarea pendiente para el TSE: Explicar con mucha mayor claridad qué es y no es permitido cuando se trata de usar religión en política electoral.

El artículo 136 del Código Electoral establece que “Es prohibida toda forma de propaganda en la cual, valiéndose de las creencias religiosas del pueblo o invocando motivos de religión, se incite a la ciudadanía, en general, o a los ciudadanos, en particular, a que se adhieran o se separen de partidos o candidaturas determinadas”.

Cuando se incumple la prohibición tiende a ser interpretado de forma muy diferente por los partidos religiosos, por los votantes (independientemente de su inclinación política), y por los funcionarios del TSE.

Los políticos religiosos parecen creer que ningún uso de la religión incumple tal prohibición y quizá que esta no debe existir. En ese escenario de desafío al TSE, sus llamados públicos contra la manipulación religiosa se prestan para alimentar la narrativa de persecución religiosa tan popular en la política religiosa y sus simpatizantes. Esto en tanto no se basen en una lista concreta y preestablecida de acciones que violan la ley.

Igualmente, es común ver ciudadanos en redes sociales quejándose de que el TSE deja pasar muchos casos de manipulación religiosa e incluso ha declarado sin lugar denuncias formales que claramente mostraban invocación religiosa, sin que sea claro por qué el TSE las dejó pasar. Dejar que ese tipo de sentimiento se generalice entre partes del electorado también es dañino para la confianza en el TSE y, por tanto, en los procesos electorales en general, aún si ello no pone en duda cosas como la integridad de la emisión del voto y el conteo de votos.

Solo durante la campaña del 2018, se presentaron casi 400 denuncias. Una de ellas se publicó en detalle (sobre un manifiesto de varias iglesias), pero es poco claro qué ocurrió con la gran mayoría de las denuncias y por qué.

Defender la confianza

Es posible que el TSE tenga razón o incluso que en algún momento llegue a equivocarse, pero en cualquier caso es indispensable que a los votantes se les informe de manera más clara sobre los razonamientos imperantes en esta materia, quizá con ejemplos de qué escenarios cumplen e incumplen la ley y por qué.

En otras palabras, para mantener la confianza no basta con que el TSE sepa por qué resuelve como lo hace o que tenga razón, sino que además es necesario que todas las partes entiendan el razonamiento, sepan qué pueden esperar, y tengan suficiente razón para creer que se les está tratando de manera justa.

Mayor claridad sobre qué cumple o incumple la ley sobre manipulación religiosa es también un asunto de transparencia, las resoluciones deben estar fácilmente disponibles, y las campañas informativas del TSE deben familiarizar a partidos y electores sobre qué es denunciable y qué tipos de elementos probatorios se consideran válidos.

Asimismo, en otros países en donde la mezcla de religión y política también se ha generalizado, algunas instituciones e incluso iglesias han empezado a organizar charlas con expertos para ayudar a los ciudadanos a discernir la línea entre sus creencias religiosas y las plataformas electorales que usan la religión.

El principio es el mismo: La ambigüedad – real o percibida – en esta materia no beneficia a nadie.

Pese a los retos de las elecciones pasadas, el TSE logró mantener un alto grado de aprobación del público (un 8 en promedio, según un estudio del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica), aunque un tanto menor (un 7) precisamente entre simpatizantes de partidos religiosos.

Mantener esa percepción entre el electorado requiere acciones proactivas y anticipatorias de los retos aún mayores que realistamente se pueden prever para las próximas elecciones. En ese sentido, la normalización actual de información falsa y religiosa en la campaña municipal es solo un augurio de patrones que sin duda se amplificarán en las elecciones del 2022.