La Asamblea Nacional, de 92 legisladores, tiene mayoría absoluta de diputados sandinistas (71); el Poder Judicial tiene mayoría sandinista de magistrados, al igual que el Consejo Supremo Electoral.

Ortega, quien coordinó la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional entre 1979 y 1984, y quien fue presidente de Nicaragua entre 1985 y 1990, regresó al poder el 1 de enero de 2007, tras unos comicios electorales de 2006 en los que solamente se contó el 91,6% de los votos. Un 8,4% restante quedó anclado en un misterio que persiste hasta hoy. (Además, estas elecciones fueron marcadas con la repentina muerte de uno de los candidatos favoritos, Herty Lewites, tres meses antes de las votaciones).

Desde entonces, el partido de Ortega, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ha amasado cada vez más poder, hasta ostentar el control férreo de todos los Poderes del Estado, de la Policía Nacional y del Ejército de Nicaragua.

Desde el 1 de enero de 2017, la vicepresidenta del país es la cónyuge de Ortega: Rosario Murillo. El binomio comanda las riendas políticas de esa nación al unísono, con la ayuda de un músculo político fiel en las bases, y con el control de la mayoría de medios de comunicación del país, sobre todo de televisión y radio.

El pasado 9 de junio de 2021, de forma oficial, Estados Unidos llamó “dictador” a Ortega a través de Julie Chung, subsecretaría para Latinoamérica del Departamento de Estado, e instó a otras naciones a hacer lo mismo.

De hecho, la definición de ‘dictador’ del diccionario de la Real Academia Española de la lengua se apega a cómo se maneja el país desde hace años:

En la época moderna, persona que se arroga o recibe todos los poderes políticos y, apoyada en la fuerza, los ejerce sin limitación jurídica.

2021 es año de elecciones presidenciales en Nicaragua, y todo indica que habrá una cuarta reelección de Ortega, tras las de 2006, 2011 y 2016. En Managua hay pancartas y carteles con la foto de Ortega y la inscripción: 2021.

Además, desde el pasado 28 de mayo, la Policía Nacional de Nicaragua comenzó una cacería contra opositores políticos y periodistas en el país, que abogaban por una competencia electoral libre, o bien que eran críticos del Gobierno desde sus espacios de difusión.

Ojo: desde 2007, este es el número de presidentes que han tenido los países de Centroamérica hasta la actualidad (de norte a sur):

Guatemala: 6 (Berger, Colom, Pérez Molina, Maldonado, Morales, Giammattei)

El Salvador: 4 (Saca, Funes, Sanchez Cerén, Bukele)

Honduras: 4 (Zelaya, Micheletti, Lobo, Hernández)

Nicaragua: 1 (Ortega -- acumula un total de 25 años como mandatario de Nicaragua, más que cualquiera de los otros dictadores que ha tenido el país -- Zelaya, Somoza García, Somoza Debayle)

Costa Rica: 4 (Arias, Chinchilla, Solís, Alvarado)

Panamá: 4 (Torrijos, Martinelli, Varela, Cortizo)

2-- Estado de represión: 2018 y 2021

En abril de 2018 ocurrió un sismo político y una ola de represión estatal en el país, cuyas secuelas siguen vigentes.

Tras 11 años sin protestas masivas contra la construcción paulatina del autoritarismo de Ortega (actitud de quien ejerce con exceso su autoridad o abusa de ella), la inconformidad hacia el Gobierno llegó a un punto de ebullición en el mencionado mes de abril.

Manifestaciones contra una propuesta de reforma a la ley de pensiones considerada como injusta y desequilibrada, convocaron a entre 300 y 400 personas --en su mayoría estudiantes-- en Managua para protestar contra Ortega y Murillo. La respuesta fue una ola de ultraviolencia policial y parapolicial (o paramilitar) que, entre el 18 y el 22 de abril, acabó con la vida de 56 personas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Las muertes se multiplicaron a lo largo del 2018, así como la cantidad de personas heridas y personas desplazadas y exiliadas por la represión estatal.

Para octubre de 2018, la CIDH contabilizó oficialmente 328 muertos y más de 88.000 exiliados en Nicaragua.

La represión estatal tuvo diferentes fases, usando a policías, parapolicías y paramilitares que llegaron a tener carta blanca para usar armas de guerra como rifles AK-47, M16, rifles con mira telescópica Dragunov, lanzacohetes RPG-7, entre otras.

Esto para desmembrar, detener y matar a células de manifestantes --otra vez con mayoría estudiantil-- que pulularon por toda Nicaragua en respuesta a la masacre estudiantil, y que para su defensa tenían armas caseras como morteros hechos a mano.

Todo esto fue documentado por la CIDH, Amnistía Internacional, entidades defensoras de derechos humanos en Nicaragua, medios de comunicación locales y extranjeros, y también por un estudio independiente a pedido de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Recomendación para saber más sobre la masacre; este reportaje del medio nicaragüense Confidencial, ganador del premio de periodismo español Rey de España: “¡Disparaban con precisión: a matar!”

A pedido de la OEA, y con el aval en un principio del Gobierno de Nicaragua, un grupo de investigación llamado GIEI Nicaragua (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), encontró que el Estado, bajo las órdenes de Ortega y Murillo, comandó crímenes de lesa humanidad contra los manifestantes entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018.

Además de las muertes y los heridos, ha habido cientos de detenciones políticas contra opositores, y hubo denuncias de violaciones sexuales y tortura por parte de las autoridades estatales.

A pesar de miles de videos, fotografías y testimonios como pruebas, nadie ha sido juzgado por estos crímenes, ya que los perpetradores siguen en el poder, y al mando del Judicial.

Entre finales de 2018 y 2021, veintenas de miles de nicaragüenses se sumaron al éxodo de ciudadanos hacia países como Costa Rica, México, Estados Unidos, España, etc. Se estima que más de 150.000 nicaragüenses salieron permanentemente del país a partir de 2018.

Desde el exilio o desde Nicaragua, nuevas voces opositoras al Gobierno, junto con opositores conocidos y disidentes sandinistas que llevan años en contra del autoritarismo de Ortega; todos víctimas de la represión de 2018, formaron liderazgos de oposición. En ese lapso de tiempo, algunos regresaron al país.

En 2021, varias de estas voces anunciaron planes y deseos de formar alianzas políticas para participar legalmente en las elecciones presidenciales de 2021, planeadas para noviembre de este año.

Pero entre mayo y julio, el gobierno reactivó su brazo represor, y ha detenido y encarcelado a opositores políticos y a periodistas independientes.

3-- ¿Quiénes están presos en 2021?

Cabe destacar que el sandinismo, a veces denominado también orteguismo, preparó el camino legal para esta nueva ola de represión y detenciones arbitrarias.

En diciembre de 2020, la Asamblea Nacional aprobó la Ley 1055, llamada “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, a la Independencia, La Soberanía y Autodeterminación para la Paz”, que permite encarcelar a periodistas que publiquen noticias que el Gobierno considere como falsas, o bien a opositores o a cualquier persona que las autoridades, de forma arbitraria y sin pruebas, consideren como “traidoras a la patria”.

El pasado 28 de mayo de 2021, el Gobierno inició una cacería contra opositores políticos y periodistas independientes, deteniéndolos usualmente de noche, allanando sus casas sin órdenes judiciales y dejándolos presos en modalidad de casa por cárcel, o bien llevándolos a Auxilio Judicial, un centro de detención histórico en la loma de Tiscapa, en Managua, donde hay calabozos policiales con varios pisos subterráneos --mismos que usaron los Somoza durante los 45 años de dictadura dinástica previa al sandinismo.

Por ahora, hay 25 personas detenidas producto de esta nueva ola represiva:

--Medardo Mairena, campesino precandidato presidencial

--Pedro Mena, líder campesino

--Freddy Navas, líder campesino

--Lesther Alemán, líder universitario

--Max Jerez, líder universitario miembro de Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN)

--Miguel Mendoza, periodista deportivo

--María Fernanda Flores, exdiputada y exprimera dama (durante el gobierno de Arnoldo Alemán)

--Miguel Mora, precandidato presidencial y periodista

--Luis Rivas Anduray, presidente ejecutivo del Banpro (Banco de la Producción)

--Cristiana Chamorro Barrios, aspirante presidencial independiente, hija de Violeta Barrios, expresidenta de Nicaragua

--Pedro Vásquez, conductor de Cristiana Chamorro

--Víctor Hugo Tinoco, exguerrillero sandinista y exvicecanciller de Nicaragua

--Hugo Torres, exguerrillero sandinista y general de Brigada en retiro

--Suyen Barahona, presidenta de Unamos

--Dora María Téllez, comandante guerrillera sandinista, fundadora del MRS (Movimiento Renovador Sandinista)

--Ana Margarita Vijil, expresidenta del MRS

--Tamara Dávila, activista, feminista, integrante de la Unión Nacional Azul y Blanco (UNAB), y de Unamos

--José Pallais Arana, jurista, opositor y exdiputado liberal

--José Adán Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep); miembro de la Alianza Cívica

--Violeta Granera, activista opositora, integrante de la UNAB

--Juan Sebastián Chamorro, precandidato presidencial de la Alianza Ciudadana

--Félix Maradiaga, precandidato presidencial de la UNAB

--Arturo Cruz, precandidato presidencial de la Alianza Ciudadana

--Marcos Fletes y Walter Gómez, extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro

El periodista Carlos Fernando Chamorro, hermano de Cristiana Chamorro e hijo de la expresidenta del país, Viola Barrios, fue víctima de un allanamiento de casa el pasado lunes 21 de junio, y fue amenazado con ser uno más de los detenidos.

Carlos Fernando Chamorro dirige uno de los pocos medios de comunicación que continúan en línea en Nicaragua: Confidencial, que funciona únicamente de forma digital.

El 22 de junio, el director de Confidencial anunció en sus redes sociales que se exilió de Nicaragua para seguir haciendo periodismo y denunciar los atropellos contra los derechos humanos en Nicaragua.

Tras casi un mes de no aparecer en público --algo usual--, Daniel Ortega apareció en un acto público la noche de este miércoles 23 de junio, y se refirió por primera vez a las nueva detenciones:

“No estamos juzgando a políticos, no estamos juzgando candidatos. Aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra el país, contra la seguridad del país, contra los ciudadanos, al intentar nuevamente organizar otro 18 de abril, otro golpe de Estado, para provocar lo que ellos llaman un cambio de régimen. Que no vengan con el cuento de que son candidatos, aquí no hay ningún candidato inscrito, no ha llegado el tiempo para que haya candidato”, afirmó el mandatario.

Es el mismo discurso que maneja el Poder desde 2018. Sus palabras, como también es costumbre, estuvieron llenas de retórica de la Guerra Fría, antiyanqui y en pro del programa nuclear de Irán, entre otros temas.

4-- Un país en el desamparo

Entre 2018 y 2021, la comunidad internacional, y sobre todo la OEA en diferentes sesiones, ha condenado las acciones del gobierno de Ortega y Murillo. Pero en la práctica, estas condenas no ayudan a las víctimas, ni cambian el panorama de represión que hay en el país.

Los presos políticos siguen presos, y los crímenes, contando los de lesa humanidad denunciados por el GIEI Nicaragua, continúan impunes.

Nuevamente, tras la ola de detenciones arbitrarias de 2021, países de la OEA se están pronunciando en contra del actuar de El Carmen (barrio en Managua donde vive Ortega con su familia). Pero, hasta prueba del contrario, nada parece indicar que algo cambie pronto. O que haya un ejercicio realmente democrático a fin de año, para las elecciones.

Asimismo, en los últimos tres años, países como Estados Unidos y los países miembros de la Unión Europea, han sancionado individualmente a funcionarios del gobierno nicaragüense.

Rosario Murillo y varios de los hijos del matrimonio Ortega-Murillo, por ejemplo, entraron en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Como consecuencia, estas sanciones del Tesoro suponen el bloqueo de todos los bienes y activos bajo jurisdicción de Estados Unidos, y prohíben toda transacción que involucre a individuos y entidades estadounidenses.

Se les impide tener una identidad bancaria internacional que tenga algún vínculo con el sistema financiero estadounidense.

Cuando los sancionados son funcionarios públicos, lo que ha hecho el Gobierno es reemplazarlos por otros operadores sandinistas, para no afectar el rumbo de las instituciones.

No obstante, en la práctica, todo esto no brinda ni justicia ni democracia para los nicaragüenses. Y como indicamos antes, nada parece evitar que Daniel Ortega extienda sus 25 años como mandatario de Nicaragua a tres décadas.

Este jueves 24 de junio, Ortega arremetió nuevamente en contra de la Organización de Estados Americanos, a la que llamó “una cloaca” e hizo un llamado para abandonar el organismo regional, durante su intervención en la cumbre virtual de los países del Alba (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, donde están Cuba y Venezuela).

“Al ser expulsada Cuba de la OEA, Cuba más bien estaba logrando, gracias a Dios, salir de esa cloaca, que sigue ensuciando y empañando a los pueblos de nuestra América. Somos miembros todavía, y de una vez por todas deberíamos de dejar de ser miembros de esa cloaca. Está claro que ese es un instrumento de dominación del imperio yanqui”, pronunció Ortega durante su intervención.

Las próximas elecciones presidenciales serían en 2026.