“No estamos juzgando a políticos, no estamos juzgando candidatos. Aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra el país, contra la seguridad del país, contra los ciudadanos, al intentar nuevamente organizar otro 18 de abril, otro golpe de Estado, para provocar lo que ellos llaman un cambio de régimen”, afirmó el mandatario en su reaparición pública luego de poco más de un mes de guardar silencio.
“Eso es lo que estamos persiguiendo, eso es lo que se está investigando y eso es lo que se castigará en su momento”, sostuvo Ortega en el homenaje televisado al líder sandinista Carlos Fonseca Amador, en el 85.° aniversario de su natalicio.
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Los acusó de ser “agentes del imperio yanqui”, que “conspiran contra Nicaragua, para derrocar al gobierno”.
Hasta este miércoles había unas 19 personas detenidas por “incitar a la injerencia extranjera” y “aplaudir sanciones” contra el gobierno sandinista, entre ellos cinco aspirantes a la presidencia, políticos, un banquero y hasta excamaradas de armas de Ortega.
“Que no vengan con el cuento de que son candidatos, aquí no hay ningún candidato inscrito, no ha llegado el tiempo para que haya candidato”, aseguró Ortega.
“Están hablando en los medios de comunicación de la derecha que están detenidos precandidatos, si no eran [precandidatos] ni de su propio grupo, menos de una unidad [alianza] que nunca existió”, agregó.
En medio de pedidos de la comunidad internacional para que libere a los detenidos, el gobernante manifestó que “no hay un paso atrás, solo hacia adelante”.
Ortega, un exguerrillero que ya había gobernado de 1979 a 1990, regresó al poder en el 2007 con el izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y se mantiene allí tras dos reelecciones sucesivas. Sus adversarios estiman que buscará un cuarto mandato en los comicios del 7 de noviembre.
Ha sido acusado por la oposición y la comunidad internacional de gobernar de manera autoritaria, tras la brutal represión de las manifestaciones contra su gestión en abril del 2018, que dejaron más de 300 muertos y miles de exiliados, según organizaciones de derechos humanos.
Para el gobierno de Ortega esas manifestaciones fueron un intento de golpe de Estado auspiciado por Washington.
Nueva fase de represión
Las detenciones han incrementado la condena internacional contra su gobierno. Este miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) “una nueva fase de la represión” en Nicaragua, y pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el órgano judicial del bloque regional, proteger a cuatro opositores en “extrema situación de riesgo”.
“Los hechos ocurridos en estas semanas evidencian una nueva fase de la represión de cara a las próximas elecciones, que pone en duda la voluntad del Estado nicaragüense de realizar elecciones libres, justas y transparentes”, afirmó Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH.
Urrejola recordó que la CIDH señala el quebrantamiento del Estado de derecho en Nicaragua desde el 2018, cuando la respuesta del gobierno de Ortega a multitudinarias protestas en su contra tuvo conductas que “deben considerarse crímenes de lesa humanidad”.
El “estado de excepción de facto” en Nicaragua no solo se mantiene, sino que ahora se ha “intensificado”, aseguró.
Urrejola señaló la “aprobación de leyes contrarias al derecho internacional”, “falta de garantías judiciales mínimas”, “arbitrariedad” del gobierno e “impunidad generalizada”.
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Protección de la Corte IDH
Entre la veintena de detenidos recientemente, cinco de los cuales son precandidatos presidenciales para los comicios del 7 de noviembre, Urrejola destacó la situación de algunos arrestados con violencia, o con padecimientos de salud no atendidos.
Mencionó en particular los casos de Violeta Granera, José Adán Aguerri, José Pallais, Suyen Barahona, Hugo Torres, Víctor Hugo Tinoco, Tamara Dávila, Dora Téllez, Ana Margarita Vijil, Luis Alberto Rivas, Miguel Mendoza y María Fernanda Flores. También señaló el allanamiento de la casa del periodista Carlos Fernando Chamorro.
Granera y Aguerri están entre los cuatro detenidos que la CIDH solicitó a la Corte IDH proteger con medidas provisionales. Además, solicitó el amparo de los aspirantes presidenciales Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, también arrestados en las últimas tres semanas.
La Comisión subrayó en un comunicado que la vida e integridad de estos cuatro opositores y de sus familiares, para quienes pidió asimismo amparo, corre peligro.
La CIDH, con sede en Washington, ya había emitido medidas cautelares para ellos en el 2018 y el 2019.
La Corte IDH, con sede en San José, Costa Rica, emite medidas provisionales “en casos de extrema gravedad y urgencia” y su cumplimiento es obligatorio para todos los países miembros del sistema interamericano.
