La Sala Constitucional ordenó al ICE consultar a los indígenas térrabas sobre la construcción del embalse para el Proyecto Hidroeléctrica El Diquís en un plazo máximo de seis meses.
Con el fallo, los magistrados le dieron la razón a la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Térraba, que objetó el decreto que declara de interés nacional el proyecto del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
El decreto lo firmaron en el 2008 el entonces presidente de la República, Óscar Arias, y su ministro de Ambiente, Roberto Dobles, para impulsar el plan.
La asociación térraba objetó el proyecto porque se planea utilizar 900 hectáreas de sus territorios y no les consultaron, lo que viola el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Molestia. A pesar de que el fallo de la Sala les da la razón a los térrabas sobre la obligatoriedad de la consulta, ayer el denominado Frente de Defensa de los Derechos Indígenas Térrabas divulgó un comunicado en que “repudia” la decisión de la Sala.
Según la comunicación, el fallo ignora “las normas específicas de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, especialmente las recomendaciones del señor relator especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya”.
Anaya se reunió con los pueblos indígenas en Térraba de Buenos Aires, Puntarenas, el 24 de abril del 2011 para analizar el conflicto con el ICE.
Un día después de la llegada del relator de las Naciones Unidas, el ICE tomó la medida de retirarse de los terrenos térrabas para iniciar los procesos de consulta.
Para esa fecha, ya los magistrados constitucionales tenían en sus manos la acción de inconstitucionalidad contra el decreto que tres años antes había firmado Arias.
La posición del ICE ahora es respetar el fallo constitucional y apura la consulta a los pueblos indígenas para evitar mayor demora al que califican como el más importante de los proyectos energéticos del país y uno de los tres más grandes del Istmo.
La hidroeléctrica, con un costo cercano a los $2.000 millones, tendría una capacidad instalada de 630 megavatios (MW), según el ICE.
El plan del Gobierno es que la planta hidroeléctrica pueda entrar en operaciones en el 2018; sin embargo, es una fecha tentativa que está abierta a ajustes, dijo el vocero del ICE, Elberth Durán.
El funcionario recalcó que “más que ver fechas, vemos la necesidad de consolidar un proceso, previo a cualquier cronograma”.
A dialogar. El subgerente de Electricidad del ICE, Gravin Mayorga, dijo ayer que ya trabajan en el proyecto de consulta y esperan que la decisión de los magistrados no represente un retraso en el plan energético.
Mayorga agregó que la institución espera cumplir con lo pedido por la Sala, pero, a la vez, solicitó el apoyo de los grupos indígenas térrabas para definir voceros ante la institución y avanzar en el proceso de consulta.
“Es muy importante que los indígenas definan a sus representantes”, dijo Mayorga.
Las discusiones se iniciaron en el 2008, luego que el ICE iniciara trabajos y estudios en un terreno de 20 hectáreas a través de la autorización que dio un no indígena.
Sobre la consulta puntual por hacer a las comunidades térrabas, Mayorga recalcó que antes deben realizar un estudio para determinar qué se preguntará.
