Un candidato en las pasadas elecciones municipales declaró que regresar a la gerencia de una institución pública de donde salió en el 2008, “(') no le impedirá trabajar políticamente en su candidatura después de la jornada laboral”. Las elecciones municipales ya habrán pasado cuando salga este artículo, pero el hecho amerita análisis pues devela un rasgo sintomático de una seria enfermedad nacional que explica en gran parte por qué el país se ha extraviado y seguirá trastabillando sin nunca alcanzar el espléndido y visionario norte solidario y de bienestar que, insisto hasta el cansancio, nuestros constituyentes nos legaron bajo un novedoso enfoque –sí señores– que articuló los mayores aportes históricos del liberalismo, la socialdemocracia y el socialcristianismo (según los que denomino macro arts. 46, 50 y 74).
En Europa, de donde copiamos el modelo burocrático racional-legal de organización pública, no es posible que un gerente de carrera, jefe de departamento o de región en un ministerio o ente autónomo, o jefe técnico en el Parlamento mismo, salga a luchar por una diputación o alcaldía y luego regrese a su puesto como si nada, pues se entiende que el activismo partidista, aun fuera de la jornada laboral, compromete su sentido de probidad.
La noción de “funcionario público”, ciertamente con garantías e impedimentos muy distintos de los del empleado privado, es sacrosanta en Europa. Aquí, obviamente, no. Nuestra Ley N.° 8422 contra la corrupción es clara en su artículo 3 sobre probidad, así como lo es el Estatuto de Servicio Civi l en su artículo 40.a, siendo estos enunciados los que deben prevalecer sobre cualquier otro, aun del Código Electoral, ya que no es en el mejor interés público esperar que un funcionario que trabaja activamente en favor de un partido político “después de su jornada laboral” –y sabemos que nunca se limita a ello–, ejercerá imparcialmente sus funciones públicas y no comprometerá la “dignidad de su cargo y de su vida social”.
Pero el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha condenado casos de funcionarios activos en asuntos electorales y ha exonerado a otros, como si el principio de probidad fuera discrecional según el cargo del funcionario; menos, actúa de oficio en evidentes casos de funcionarios que hacen proselitismo por ellos o por un partido. De esta ambiguedad se alimenta el constante interés de tantos políticos y sus acólitos por ampliar sin disimulos el ámbito de funcionarios de “confianza” y el activismo partidista en las instituciones públicas, incluidos comités para perseguir “contrarios”.
Corrupción. Este activismo ha contribuido en mucho al escenario de botín político y corrupción, mucho peor que aquel vivido en la década de los cuarenta y exacerbado en las autónomas con la creación del inefectivo régimen de presidencias ejecutivas. Un análisis integral y de fondo de este fenómeno, explica casi todos los desmanes y retrocesos en todo ente autónomo, ICE y Caja incluidos, y lo que ello significa en punto a la ineficacia del Estado para convertir el país en uno de “primer mundo”, según lo ordena la Constitución Política (CP). La praxis más bien da evidencias diarias de que la meritocracia y transparencia tan cacareadas por todos, son conceptos muy vacuos aquí.
Es por ello que así como hemos denunciado este fenómeno desde 1974 sin eco alguno, decidimos concretar en nuestro más reciente trabajo en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la UCR (junio, 2010) una propuesta de reformas constitucionales y legales para un nuevo sistema político cuasiparlamentario y cuasifederal, donde estos problemas mayúsculos de corrupción e ineficacia son frontalmente analizados y sometidos a un control político articulado con un régimen de revocatorias de mandatos en todo nivel, con fundamento en una integral descentralización política, tributaria e institucional, confrontándolos así en sus macrocausas a partir del asalto partidista a las instituciones desde, repito, 1974.
Si la propuesta no trasciende como nuevo modelo político, al menos deberá ser útil para desnudar los simplismos en que se incurre cuando se proponen cambios o reformas de todo tipo, inclusive en el ámbito municipal, sin confrontar las macrocausas propias de nuestra cultura política de origen colonial que han hecho posible el desorden e ineficacia del país de avanzada, repito, modelado clara e integralmente en nuestra Constitución de 1949.
Obstáculo al desarrollo. El activismo partidario del funcionario público en casi todo ente público, es, al contrario de lo que tantos piensan y promueven desde una errada noción de “libertades políticas”, uno de los peores males que ha impedido e impedirá que Costa Rica alce vuelo hacia el “primer mundo”. ¿Por qué? Porque así nunca será posible tener una burocracia pública comprometida con los superiores estándares de probidad personal e institucional, y de eficacia sociopolítica meridianamente definidos, en el mejor espíritu y letra de cualquier país europeo, en Constitución y en ciertas leyes nacionales de vanguardia.
¿La diferencia en desarrollo humano? Simple: allá, estos preceptos superiores los ejercitan en serio, continua y sistemáticamente, desde hace cien años, y los gazapos o fallas que sí se dan, son detectados y confrontados con relativa eficacia por el mismo sistema. Aquí, los gazapos o fallas son lo usual, pues esas muchas vanguardistas pautas superiores que ya ordenan un comportamiento de primer mundo son ignoradas, o ejercitadas en vacilón o de mentiritas, por los principales “operadores políticos”. ¿O no?