País rechaza orden de Corte regional para frenar trocha

“Ignoramos todo lo que la Corte disponga, la Corte no tiene injerencia, no tiene competencia, no tiene jurisdicción en Costa Rica”, dijo Castillo tras enterarse de lo resuelto por este ente regional desde su sede, en Managua, Nicaragua.

Agregó que los miembros de la Corte tampoco tienen permiso de ingreso al país para frenar la obra.

Al filo de las 5 p. m. el presidente de la Corte, Francisco Darío Lobo, le confirmó a La Nación que todos los jueces dictaron la medida cautelar de “acatamiento obligatorio e inmediato”.

“Declárese con lugar la solicitud de medida cautelar consistente en que se suspendan inmediatamente las obras de construcción de la mencionada carretera (...) a fin de que la situación no se agrave, resguardando los derechos de cada una de las partes y evitando que se produzca un daño (ambiental) irreversible e irreparable”, dice el acta de la Corte.

Según Lobo, tras la inspección que realizó la Corte este jueves, desde las aguas del río San Juan, se advirtió un supuesto riesgo de afectación ambiental.

“Se encontraron en el lugar de los hechos algunos indicios que constan en el Acta de Reconocimiento que podrían constituir un fuerte impacto ambiental que cause un daño irreparable al ecosistema de la región centroamericana, la biodiversidad y la protección del área silvestre por la construcción de una carretera del lado fronterizo de Costa Rica”, agrega el acta.

Informe técnico. La Corte también le pidió a la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) que entregue un informe técnico con las consecuencias de la construcción. El documento debe ser entregado en diez días.

Lobo insistió en que la Corte sí tiene competencias en Costa Rica, porque durante el gobierno de Abel Pacheco (2002-2006) se ratificaron resoluciones del Sistema de Integración Centroamericana que involucraban a la Corte.

Pero esa consideración tampoco la acepta el canciller Castillo.

“Eso solo revela que ese señor está muy confundido (Lobo). Una cosa es que Costa Rica sea miembro del SICA a través de su presidente y que en esa calidad vote en una resolución que se iba a aplicar a Nicaragua; y eso Costa Rica lo puede hacer porque es una resolución de la Corte a un país que sí ha aceptado su competencia (Nicaragua), pero eso no significa una aceptación de Costa Rica hacia la Corte. Él tuerce el derecho para favorecer las pretensiones de la Corte y favorecer a Nicaragua”, agregó Castillo.

La medida cautelar de la CCJ se da después de que sus jueces aceptaran una demanda de dos grupos ecologistas nicaraguenses que alegan supuesto daño ambiental.