EscucharLos 1.500 teletrabajadores del sector público le ahorraron al país más de ¢3.000 millones en el 2012.
Lo hicieron mientras laboraban tres días por semana con sus computadoras en la casa o en otro sitio con conexión a Internet.
Sin embargo, los beneficios llegarían a los ¢61.000 millones por año si el trabajo remoto se extendiera a, al menos, 30.000 personas, un 10% del sector público que hoy emplea a 302.000 costarricenses.
Para calcular el ahorro, La Nación usó datos de la Comisión Nacional de Teletrabajo y Recope.
Se consideró que anualmente, por los tres días semanales fuera de la oficina, cada teletrabajador deja de gastar 647 litros de gasolina. Además, economiza poco más de ¢1,6 millones por consumo de energía, agua, uso de espacio físico y otros servicios en la institución que lo emplea.
“No hay duda, el impacto sería mayor. En Europa se dice que un 20% de los administrativos puede trabajar a distancia. Un 10% aquí es viable, pero falta apoyo”, manifestó Jorge Llubere, coordinador nacional de teletrabajo.
El teletrabajo principió en el 2007 con un plan piloto en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). En el 2008, por las alzas internacionales del crudo, entre otras causas, el Gobierno lo incentivó por medio de decreto.
Actualmente, lo implementan 10 instituciones de las 324 existentes. Otras 17 están en proceso.
No es obligatorio para el colaborador participar en esa modalidad, en la cual solo se incluye a quien hace tareas administrativas o intelectuales ejecutables con tecnologías de información. Los operarios están excluidos.
Los obstáculos. Las trabas por vencer para llegar a la meta de los 30.000 teletrabajadores, según Llubere, son falta de dinero para que la Comisión haga campañas de información en todo el país.
Respaldo “de las más altas autoridades” a un nuevo decreto que amplíe el alcance del teletrabajo y una ley que lo regule.
“Hay otros retos. Quisiéramos que los mandos medios fiscalicen a sus empleados más por resultados, no por presencia física”.
El coordinador proyecta que así sería factible incluir en teletrabajo a por lo menos 20.000 servidores públicos en el 2014.
Olman Segura, ministro de Trabajo, considera que antes de una ampliación, hay que fortalecer la disciplina laboral y evaluar el cumplimiento de las metas.
Sobre la ley, dijo: “Si es necesaria, se impulsa; si no, nos seguimos rigiendo por el decreto vigente en el sector público y por contrato en el sector privado”.
Extenderlo. Marco Durante, especialista en Derecho Laboral, sostuvo que los ahorros del trabajo a distancia serán mayores cuando el Gobierno lo fomente más en el sector privado, donde está el 85% de la fuerza laboral del país.
“En las empresas falta información, certeza jurídica en temas como riesgos de trabajo. Por eso es importante la ley”, afirmó.
No hay datos sobre cuántas empresas privadas y sus empleados lo practican. Solo que quienes lo hacen se rigen por políticas internas, por contrato o adenda a este y por uno o dos días a la semana.
“La ausencia de ley no ha sido límite, pero la regulación sí serviría para dirimir conflictos y aclarar parámetros”, consideró Alexánder Mora, presidente de la Cámara de Tecnologías de la Información.
Para José Salas, de la Cámara de Industrias, la ley no es necesaria, siempre y cuando cada empresa regule la actividad en acuerdo con el empleado y con aprobación del Ministerio de Trabajo.
La principal crítica al teletrabajo es que causa aislamiento. Durante sugiere que si crece el interés por el implementarlo, los departamentos de recursos humanos deben tener buena comunicación para no excluir a los trabajadores de campañas de salud y otros beneficios.
