EscucharEs probable que la Corte Suprema de EE. UU. determine que la ley migratoria de Arizona es constitucional, dado el deplorable estado del derecho constitucional estadounidense, y a pesar de que infringe la libertad económica de los habitantes de Arizona y expande el papel del Estado al punto de interferir en sus decisiones económicas más íntimas.
Esta ley establece una provisión en el sistema electrónico de elegibilidad laboral E-Verify que obliga a todos los habitantes de Arizona a pedir una autorización al gobierno federal para ser contratados. Peor aún, E-Verify cataloga erróneamente como no autorizados a aproximadamente un 1% de los trabajadores estadounidenses legales, remitiéndolos a una odisea burocrática cuando más bien deberían tener acceso irrestricto a un empleo remunerado.
Como resultado, E-Verify no se está siendo utilizado en cerca del 30% de las nuevas contrataciones en Arizona, lo cual lleva a una gran parte de dicha fuerza laboral a la economía informal.
La ley de Arizona también fortalece la llamada pena de muerte de las empresas. Esta consiste en quitarle la licencia comercial a aquellas empresas que reincidan en la contratación de trabajadores no autorizados o que no usen E-Verify a la hora de hacer sus contrataciones. El uso obligatorio de E-Verify y la pena de muerte a las empresas añaden costos e incertidumbre al proceso de contratación, lo que disminuye la generación de empleo.
Arizona aprobó esta ley con la intención de ayudar a la economía. Sin embargo, es muy probable que tuviera el efecto contrario. Alrededor de 100.000 inmigrantes indocumentados han abandonado el estado por la ley migratoria –llevándose consigo negocios, trabajo y poder adquisitivo–. La tasa de desempleo de Arizona ha estado al mismo nivel o por encima de la tasa nacional por varios años, en parte debido a esta ley.
Un argumento importante a favor de la legislación era la existencia de una supuesta “ola de delincuencia de inmigrantes ilegales” en Arizona. Pero, de acuerdo al Reporte Nacional de Crimen del FBI, los índices de crímenes violentos y contra la propiedad en Arizona en la víspera de la aprobación de esta ley eran los más bajos desde 1971 y 1965, respectivamente. Las tasas de criminalidad jurisdiccional y de condados varían un poco, pero en general todas cuentan la misma historia: nunca hubo una ola de delincuencia causada por los inmigrantes.
Los habitantes de Arizona quieren contratar, arrendar y vender productos a inmigrantes que son, por desgracia, ilegales. Millones de ciudadanos de Arizona toman esa decisión a diario a pesar de sus acciones en las urnas. La ley migratoria perjudica la economía del estado y fue creada para combatir problemas imaginarios.
Resulta atractivo culpar a Arizona por este desatino, pero la fuente del problema es la restrictiva legislación federal que hace que leyes como la de Arizona sean posibles.
Las leyes migratorias del Gobierno federal y de Arizona impiden que la mayoría de las personas honestas y trabajadoras que quieren ir a los EE. UU. puedan hacerlo legalmente. Dichas leyes constituyen una mala política pública, independientemente de su constitucionalidad.
Alex Nowrasteh es analista de políticas de inmigración en el Cato Institute (www.elcato.org).
