Cien días. Ese es el período que se propuso el gobierno de Laura Chinchilla Miranda para dar a conocer cómo va a responder al problema que más preocupa a los costarricenses: la inseguridad.
Ese es el plazo en que los responsables se comprometen a realizar los diagnósticos que sean necesarios y diseñar las estrategias que consideren convenientes.
Al concluir, deberán contar con una propuesta para contener el alza en la tasa de homicidios, que pasó de 8 a 11 por cada 100.000 habitantes, entre el 2007 y el 2009.
También las medidas para combatir a las organizaciones criminales responsables de traficar toneladas de droga por el territorio nacional. En los últimos cuatro años se decomisaron 100 toneladas solo de cocaína.
De acuerdo con José María Tijerino, ministro de Seguridad, es posible que el trabajo de estos 100 días no sea tan visible para la gente, pero lo considera absolutamente necesario.
“Es como echar las bases de la casa. Mucha de esta es labor de escritorio, pero es la planificación, para asegurarnos lo que viene”, expresó ayer mientras inspeccionaba delegaciones policiales.
La estrategia se orientará en cuatro direcciones: fortalecimiento institucional, lucha contra la impunidad, abordaje de la criminalidad organizada y prevención del delito.
Además de la labor en ciernes, Tijerino adelantó que prevé intervenir una de las 10 comunidades con mayores índices de criminalidad antes de los 100 días. Esta intervención es policial y con programas sociales.
“Se trata de recuperar esos espacios. Empoderar a la población”, añadió el funcionario.
Entre esas zonas están barrios de Limón, Guararí (Heredia), así como Pavas (San José) y Los Cuadros (Goicoechea).
En las semanas previas al 8 de mayo hubo dos talleres con jefes de las direcciones regionales y unidades policiales, así como personal administrativo de la Fuerza Pública de todo el país.
“Aquí, primero nos nutrimos de la gente que está en la línea de fuego”, declaró el Ministro.
Su objetivo fue identificar los problemas y las soluciones para cada región, establecer responsables y parámetros de evaluación.
El paso siguiente se dio este 8 de mayo con la firma de un decreto para convocar un proceso de consulta sobre seguridad a los “diversos actores sociales” .
También creó un comité consultivo que incluye a la Presidenta de la República, los ministros de la Presidencia y Seguridad, representantes del Poder Judicial y la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana del Congreso.
Con estas fuentes de información, el Programa de Gobierno y el “vasto estudio” que realizó José María Rico, esposo de la Presidenta, pretenden poner en blanco y negro el plan contra la inseguridad
Entre las necesidades, está crear un nuevo sistema de compras de equipos con ayuda de la Contraloría General de la República.
Daniel Calderón, jefe regional de la Fuerza Pública de Heredia, celebró la propuesta pues le consta que los problemas de gestión complican la labor de los policías.
“No tenemos plan de renovación de flotilla; hay que entender que un vehículo policial tiene una vida útil de dos años y tenemos algunos hasta con cinco años” .