Al menos siete frases pronunciadas por el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, durante su segundo discurso de rendición de cuentas, faltan a la verdad, o bien omiten algunos datos relevantes.
1. ‘En estos dos años de gobierno, más de 16.000 familias en todo el país han recibido una vivienda mediante las instituciones de este sector, con una inversión de más de ¢180.000 millones’
Omite datos fundamentales. El sector de vivienda social es uno de los más golpeados por los recortes presupuestarios en esta administración.
Datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA) muestran que, en el 2022 y el 2023, se registraron las menores cantidades de la historia en cuanto a metros cuadrados (m²) de vivienda de interés social.
En el 2022, se contabilizaron 347.902 m² de construcción y, el año pasado, 400.854 m². Se trata de niveles muy inferiores al promedio de 512.495 del periodo 2018-2021.
En el 2022, el Estado entregó la cifra de bonos más baja en 23 años (8.369 bonos), y en el 2023, bajó todavía más a 8.222. En años anteriores, se otorgaban 12.000 subsidios anuales.
El Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) señaló que Hacienda se negó a transferir ¢10.000 millones extra que los diputados dispusieron para el 2023, lo que impidió financiar 1.000 viviendas más.
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2. ‘Estamos construyendo infraestructura pública de calidad, en tiempo y sin sobrecostos’.
Falso, según sus propias palabras. A mediados de marzo, cuando destituyó al ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, y al director general de Aviación Civil, Fernando Naranjo, el presidente Rodrigo Chaves les atribuyó la responsabilidad política de presuntas irregularidades en la contratación a la medida de la constructora MECO, por ¢21.000 millones, para realizar reparaciones en la pista del aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia, Guanacaste.
El 12 de marzo, en conferencia de prensa, Chaves dijo que esas anomalías le costaron ¢1.000 millones más al pueblo de Costa Rica “porque los términos de referencia avalados por el MOPT y el director de Aviación Civil tienen indicios de que fueron diseñados para que ganara la empresa que terminó ganando”.
“Nos costó más de ¢1.000 millones ese error. ¿Por qué? Porque en los términos de referencia se le añade a los criterios de selección un porcentaje por experiencia. Eso produjo que solamente podía adjudicarse a un oferente. Eso lo endosaron el director de Aviación Civil y el ministro”, declaró el presidente.
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3. ‘En Oftalmología, logramos una reducción de 67 días en la espera, de 153 días en Ortopedia y de 65 días, en promedio, de otras especialidades’
Omite datos críticos. El mandatario omitió decir, en su discurso, que la lista de espera quirúrgica aumentó de 178.600 a 182.000 cirugías entre diciembre del 2023 y marzo del 2024, según datos del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (Sinae).
También omitió mencionar que la cantidad de pacientes en espera de una cirugía programada, un procedimiento diagnóstico, o bien, de la primera cita con el especialista, aumentó a lo largo del 2023, de acuerdo con Sinae.
Al 13 de diciembre del año pasado, había 1.128.435 personas en alguna lista de espera, lo que incluye 405.922 nuevos pacientes en ese año.
La mayor cantidad de pacientes se concentraba en los procedimientos diagnósticos (ultrasonidos y mamografías, por ejemplo), donde había 657.013 personas en espera. Solo en mamografías, había 46.653 mujeres que hacían fila para el estudio, con un promedio de 556 días.
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no ha publicado datos recientes sobre las listas de espera.
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4. ‘Con la Operación Soberanía, instalamos el año pasado nuevos sistemas de escáneres, para impedir la exportación de drogas a los narcotraficantes’.
Falso, si hablamos de instalaciones hechas por el gobierno. En el país, solo operan tres escáneres, los cuales se ubican en la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), en Limón, y fueron instalados por APM Terminals, como parte del contrato de concesión firmado años atrás.
En julio del 2023, lo que ocurrió fue que APM Terminals suscribió un subcontrato con Radiográfica Costarricense (Racsa) para que esta entidad prestara el servicio complementario de escaneo de contenedores en la TCM.
El gobierno intentó realizar la compra de nuevos escáneres a través de Racsa e, incluso, firmó un decreto con ese fin, en noviembre del 2022.
Sin embargo, la Contraloría General de la República (CGR) le advirtió de que no podía encomendar esa labor a Racsa a dedo, sin concurso, sino que debía cumplir con la Ley General de Contratación Pública.
Posteriormente, el gobierno intentó, de nuevo, contratar a Racsa como proveedor de esos aparatos, pero mediante una contratación directa del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE). No obstante, el órgano contralor lo frenó.
La Contraloría concluyó que el Poder Ejecutivo incurrió en “yerros graves” de transparencia en ese proceso de contratación, sin siquiera hacer un estudio de mercado.
Eso ocurrió el 20 de diciembre pasado, días después de que el diario La Nación dio a conocer que el expresidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop), Braulio Venegas Dijeres –quien debió renunciar al cargo por su relación con un sospechoso de narcotráfico y lavado del Caso Corona– fue la persona que enlazó a Racsa con el representante de la empresa que se convirtió en su socio estratégico para ofrecer el negocio de los escáneres antidroga mediante un proceso de contratación declarado confidencial.
Además, este medio reveló que el Servicio Fitosanitario publicó un concurso público hecho a la medida de Radiográfica, lo cual cuestionó la CGR.
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5. ‘Hace más de un año, presentamos seis proyectos de ley para endurecer la mano de nuestra justicia con los sicarios y narcotraficantes. Ante la falta de progreso en estos proyectos, impulsamos una agenda de consenso con el Poder Judicial y el Legislativo, con 10 proyectos de ley que buscan fortalecer nuestra capacidad para combatir el narcotráfico, la inseguridad y la violencia’.
Omite señalar los problemas de sus proyectos. En realidad, los presidentes de los tres poderes acordaron impulsar una agenda prioritaria de 10 proyectos sobre seguridad, porque la mayoría de los expedientes que impulsó Chaves desde abril pasado estaban defectuosos o incluso podrían tener vicios de inconstitucionalidad, según advirtieron los miembros de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico en su momento.
La reforma sobre armas, por ejemplo, ni siquiera tocaba el tema de las armas prohibidas.
Los proyectos consensuados surgieron de mesa de poderes creada a instancias del jerarca legislativo, Rodrigo Arias, después de que Chaves había renunciado a impulsar los proyectos y dejó la responsabilidad en el Congreso.
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6. ‘Según la última Encuesta Nacional de Hogares del INEC, la pobreza pasó de 23% en el 2022, a 21,8% en el 2023′.
Cierto, pero omite datos. El presidente Chaves omitió decir que la pobreza extrema permanece estancada y no ha logrado bajarla significativamente.
La pobreza extrema se ubicó en 6,3%, respecto al 6,4% del 2022. Estos hogares pasan de 110.631 a 112.916 en el 2023, una diferencia que no es estadísticamente significativa en comparación con la medición del año anterior, según el INEC.
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7. ‘Cuando presenté mi informe de labores hace un año, el desempleo era de un 11% que, en ese momento, ya era el más bajo de los últimos cuatro años. El INEC nos dice que el desempleo hoy es de un 7,8%’
Cierto, pero omite datos. Rodrigo Chaves omitió decir que la población ocupada en Costa Rica se estancó durante el primer trimestre de este año, en comparación con el mismo periodo del 2023, según datos del INEC.
La última Encuesta Nacional de Hogares mostró que las personas con trabajo ascendieron a 2.157.570 en marzo pasado, todavía lejos del nivel que el país tenía antes de la pandemia: 2.227.240 en febrero del 2020.
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