Contraloría ordena a gobierno frenar polémica contratación de escáneres de Racsa
Órgano contralor encontró ‘yerros graves’ en el proceso. Orden surge luego de conocerse que exjerarca de Incop, quien debió renunciar por su relación con un sospechoso del Caso Corona, fue quien contactó a Racsa con su socio de escáneres.
En la imagen, a la izquierda, el ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Julio Carvajal, a la derecha, el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora.
La Contraloría General de la República (CGR) ordenó este miércoles al gobierno frenar, de manera inmediata, la polémica compra de escáneresque el Poder Ejecutivo haría mediante la empresa estatal Radiográfica Costarricense (Racsa), debido a que el Poder Ejecutivo incurrió en “yerros graves” en el proceso.
El lunes, el diario La Nación dio a conocer que el expresidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop), Braulio Venegas Dijeres, quien debió renunciar al cargo por su relación con un sospechoso de narcotráfico y lavado del Caso Corona, fue la persona que enlazó a Racsa con el representante de la empresa que se convirtió en su socio estratégico para ofrecer el negocio de los escáneres antidroga mediante un proceso de contratación declarado confidencial.
Además, trascendió que el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), publicó un concurso público hecho a la medida de la empresa estatal Radiográfica, con el fin de adjudicarle el contrato para instalar los escáneres antidroga para puertos marítimos y fronteras.
Reacción del Gobierno ante freno de Contraloría a contratación de escáneres
La Contraloría ordenó frenar ese proceso mediante el oficio DFOE-DEC-3207, dirigido al ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Víctor Carvajal; el director ejecutivo del SFE, Nelson Morera, y la proveedora institucional del SFE, Glenda Ávila.
Según explicó el órgano contralor, la contratación se pretendía hacer con base en la figura de excepción establecida en el artículo 3, inciso b), de la Ley General de Contratación Pública (LGCP), que permite contrataciones entre sujetos de derecho público, sin tener que cumplir con los procedimientos ordinarios.
Sin embargo, el órgano concluyó que dicho mecanismo especial no se puede aplicar en este caso porque, para suplir los escáneres, Racsa suscribió una alianza estratégica con el consorcio Corp Low Risk Costa Rica S. A., Distrivet S. A. y Productos y Procesos Industriales Propinsa Costa Rica S. A.
La excepción fijada en la norma requiere que el oferente (en este caso Racsa) acredite su capacidad de ejecutar directamente la parte sustancial de lo acordado, con la posibilidad de contratar con terceros únicamente cuestiones especializadas y accesorias.
De esta forma, se excluye la posibilidad de utilizar la alianza estratégica –o cualquier otra excepción– para completar requisitos.
“En otros términos, los procedimientos ordinarios no pueden obviarse mediante la combinación libre de distintas excepciones”, dice el oficio.
La Contraloría concluyó que la excepción de contratación escogida “es incompatible” con la figura de la alianza estratégica que Racsa pretendía utilizar.
Racsa mantiene bajo confidencialidad los documentos relacionados con la selección de Corp Low Risk Costa Rica S. A. como socio.
Mauricio Barrantes Quesada, gerente general de Racsa, se limitó a indicar que Radiográfica se encarga de la fibra óptica y la contratación de ingenieros, mientras que el socio se encarga “de la operación y mantenimiento de los componentes esenciales”.
No se realizó estudio de mercado
La resolución también llama la atención al gobierno por no haber realizado los estudios de mercado, un requisito considerado obligatorio para utilizar la figura de excepción.
Con base en la documentación adjuntada al concurso, la Contraloría pudo constatar que solamente se realizó un sondeo de mercado, “sin cumplir con los elementos mínimos esperados de un estudio de mercado indispensable para este tipo de negocio”.
La Contraloría señaló que la omisión del requisito, considerado como “esencial”, tiene una afectación directa en la decisión del SFE, pues los estudios de mercado permiten determinar la existencia de las mejores opciones en cuanto a precio y mercado.
Asimismo, permiten efectuar un análisis comparativo entre los potenciales agentes públicos y privados que sean idóneos.
En el documento consignado por la SFE como el supuesto estudio de mercado, se concluyó, de una vez, que solo Racsa cumplía con los requerimientos necesarios, como cobrar $25 por cada contenedor escaneado.
En el estudio, se le pidió una oferta al ICE y a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH). Ninguna de las dos emitió respuesta.
Al final, el SFE, entidad adscrita al MAG, concluyó que la mejor opción era la de Racsa en comparación con las ofertas de tres firmas privadas que no pueden participar: Grupo Geos Telecom, SPC Telecentinel y PBS.
De acuerdo con el cartel del SFE, el gobierno pretende instalar escáneres –en un plazo de cuatro meses, a partir de la firma del contrato– en Moín, propiamente en los muelles de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva); y en Paso Canoas, en la frontera con Panamá.
Luego, en un plazo de seis meses, se instalarían en Puerto Caldera, Puntarenas. En Peñas Blancas, frontera con Nicaragua, el plazo será de cuatro meses a partir de la entrega oficial del puesto de integración fronteriza.
Gobierno apelará orden
En la imagen, a la izquierda, el ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Julio Carvajal, a la derecha, el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora. Foto: Archivo
El ministro Víctor Carvajal defendió la actuación del Poder Ejecutivo y el uso de la figura legal de excepción empleada, en un video grabado en conjunto con el ministro de Seguridad, Mario Zamora.
Adelantó que los equipos institucionales se encuentran realizando el análisis jurídico respectivo y que interpondrían los recursos de apelación pertinentes o lo que corresponda.
Por su parte, Zamora lamentó la decisión de la Contraloría y aseguró que la genera una afectación, porque impide contar con un “dispositivo esencial para evitar que la droga se envíe a Costa Rica a terceros países”.
La orden da un plazo de tres días para la presentación de los recursos ordinarios de revocatoria y apelación.
Asimismo, exige que, a más tardar este jueves 21 de diciembre, se remita una certificación en la que se haga constar que se atendió lo ordenado, con la documentación de respaldo correspondiente.
Actualmente, solo hay escáneres en el megapuerto de Moín. La concesionaria APM Terminals firmó con Racsa un contrato de servicios para la operación de estos equipos.
