El mandatario Rodrigo Chaves Robles solicitó la renuncia al presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop), Braulio Venegas Dijeres, debido a su relación con un sospechoso del Caso Corona. El exjerarca dimitió este lunes de manera inmediata.
La solicitud se produjo luego de que La Nación diera a conocer, el sábado, que Venegas solicitó una reunión al Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) para un sospechoso de narcotráfico y lavado de dinero que fue detenido en el marco de ese caso. Se trata del abogado Francisco Montes Fonseca.
Según informó Casa Presidencial, Venegas explicó que conoció al imputado cuando estudiaban Derecho en la Universidad de Costa Rica (UCR) y, acompañó a Montes al Incofer, en el ejercicio de su profesión de abogado, en mayo pasado, antes de entrar a la presidencia del Incop, lo cual ocurrió el 25 de agosto anterior.
En aquel momento, el ahora expresidente del Incop era directivo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), en representación de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).
Según informó La Nación, Braulio Venegas no solo gestionó el encuentro para Montes en el Incofer, sino que también lo acompañó y se ofreció a apoyar a esa institución en la gestión de un megaproyecto de gestión inmobiliaria relacionado con propiedades del Incofer que pueden otorgarse a terceros mediante permisos de uso en precario, a cambio del pago de un canon.
Exportación de cocaína líquida
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) denominó Caso Corona a la investigación de una banda que, al parecer, se dedicaba a la exportación de cocaína líquida a países de Europa y Asia, así como a legitimar las ganancias.
Francisco Eduardo Montes Fonseca, de 35 años, fue uno de los 12 detenidos el pasado 14 de noviembre por el OIJ, el cual le achaca supuestamente haber colaborado en las diligencias técnicas y jurídicas para que el grupo criminal legitime capitales, a través de la constitución de fideicomisos en garantía y la adquisición de bienes, y con pleno conocimiento del origen ilícito del dinero.
Los agentes del OIJ agregaron que el abogado sirvió de enlace para que la presunta banda intentara entrar en el negocio de los predios para la operación de los escáneres que el gobierno le encargó instalar a Radiográfica Costarricense (Racsa) en puertos marítimos y terrestres.
El pasado sábado, Montes quedó libre con medidas cautelares, como presentarse a firmar cada 15 días a un juzgado, entregar el pasaporte e impedimento de salida.
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Tres meses antes
La reunión que Braulio Venegas consiguió en favor de Francisco Montes en el Incofer se efectuó el 25 de mayo del 2023, en la sede central del Incofer, en San José.
Tres meses después, el 25 de agosto, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, lo juramentó como jerarca del Incop, ente público a cargo de los puertos de Caldera, Quepos y Golfito, así como la terminal de cruceros de Puntarenas.
El nombre “Braulio” también aparece en las conversaciones interceptadas por el OIJ, cuando el abogado Montes y otro de los sospechosos de narcotráfico hablaron de alquilar, como negocio, predios a Racsa para albergar los contenedores que tendrán que esperar su turno para pasar por los escáneres.
Los sospechosos hablaron de que una persona llamada Braulio les conseguiría una cita en Racsa para hacer una propuesta formal, y hablaron de que ya tenían una reunión prevista con el Incofer.
El otro sujeto en la conversación era Édgar Daniel Herrera Soto, de 44 años, dueño de las empresas Minerva Bebidas S. A. y Tico Bebidas S. A., que están ubicadas en Poás de Alajuela.
En conversación con La Nación, la funcionaria del Incofer, Karol Arroyo, explicó que Braulio Venegas solicitó la reunión “porque él nos estaba colaborando en mapear este proyecto de gestión inmobiliaria, presentarlo a las cámaras (empresariales), porque las propiedades van desde predios hasta estaciones -algunas que parecen más casas- y otras, incluso un tajo.
“Braulio se nos acercó y nos ofreció apoyo, buscando posibles alternativas de negocio de todas las propiedades. Incluso, en esa reunión, Braulio se ofreció a buscar la forma de hacer algún convenio con el Registro Nacional, para trabajar en un mapeo de las propiedades, porque la primera etapa era la georreferenciación”, explicó la entonces gerente administrativa del Incofer.
Según Arroyo, Montes Fonseca le dijo que la idea era un proyecto “para una persona que trabajaba con él”, pero sin explicarle claramente cuál era el proyecto.
Dos llamadas intervenidas en Caso Corona
En una conversación telefónica intervenida el 9 de mayo, Montes Fonseca afirmó que un “nuevo jugador” los metería en el negocio de predios para Racsa, sin especificar el nombre.
Posteriormente, el 16 de mayo, Montes le dijo a Herrera: “Yo voy a hablar con Braulio para que nos consiga una cita con esta empresa y con Racsa, que ellos son quienes definen lo de los contratos”.
También, mencionó que ya le habían enviado la presentación de los puntos donde se requerirían los predios para colocar los contenedores en espera.
Herrera Soto le contestó que con los puntos no tenía problema, pero sí necesitaba conocer las condiciones que se requerían para los predios.
Fue en ese momento cuando el abogado dijo que hablaría con Braulio porque la idea era “hacerlo más formal y empezar a caminar”.
Luego, Montes confirmó que tenía un encuentro agendado para dos días después, el jueves 18 de mayo, a las 10 a. m., en la Estación de Ferrocarriles al Pacífico del Incofer.
Montes le preguntó a Herrera si quería asistir y este contestó que sí. Entonces, el abogado le solicitó el número de placa del carro con el que iría para que autorizaran su ingreso. Herrera le dio el número de un Land Rover DHS 150.
No obstante, finalmente Herrera Soto no habría ido a la cita, según la oficina de Prensa del Incofer.