El jueves 14 de diciembre, el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), una dependencia del MAG, publicó un concurso público hecho a la medida de la empresa estatal, Radiográfica Costarricense (Racsa), con el fin de adjudicar un contrato para instalar escáneres antidroga en puertos marítimos y fronteras. El monto presupuestado es de ¢1.500 millones en el primer año.
El contrato salió publicado en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) después de que el gobierno mantuvo una nebulosa, por varios meses, sobre este negocio.
En el concurso, solo pueden participar entidades públicas y se indica que el oferente debe “demostrar que tiene al menos un contrato vigente por el servicio de escaneo de cargas de contenedores en algún punto de entrada o salida del territorio nacional”.
Actualmente, solo hay escáneres en el megapuerto de Moín. La concesionaria APM Terminals firmó con Racsa un contrato de servicios para la operación de estos equipos.
Radiográfica provee los servicios en conjunto con un socio estratégico elegido en otro concurso que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), propietario de Racsa, declaró confidencial.
El socio escogido es el consorcio Corp Low Risk Costa Rica S. A., Distrivet S. A. y Productos y Procesos Industriales Propinsa Costa Rica S. A.
Además, en el concurso del SFE se consignó un estudio de mercado donde ninguna otra entidad estatal presentó una oferta y se concluyó, de una vez, que solo Racsa cumplía con los requerimientos necesarios, como cobrar $25 por cada contenedor escaneado.
En el estudio se le pidió una oferta al ICE y a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH). Ninguna de las dos emitió respuesta.
Al final, el SFE, entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), concluyó que la mejor opción era la de Racsa en comparación con las ofertas de tres firmas privadas que no pueden participar: Grupo Geos Telecom, SPC Telecentinel y PBS.
Los requisitos de admisibilidad dicen, literalmente, que “Racsa” debe demostrar la capacidad en el manejo de estos equipos y la experiencia.
En este proceso, además, se aclaran algunas dudas planteadas por esa empresa pública, como el hecho de que el contrato será de 10 años, en vez de cinco, pues de lo contrario no le sería rentable.
Esta institución pública tiene hasta el jueves próximo (21 de diciembre) para presentar su oferta.
De acuerdo con el cartel del SFE, el gobierno pretende instalar escáneres –en un plazo de cuatro meses, a partir de la firma del contrato– en Moín, propiamente en los muelles de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva); y en Paso Canoas, en la frontera con Panamá.
Luego, en un plazo de seis meses, se instalarían en Puerto Caldera, Puntarenas. En Peñas Blancas, frontera con Nicaragua, el plazo será de cuatro meses a partir de la entrega oficial del puesto de integración fronteriza.
Mauricio Barrantes Quesada, gerente general de Racsa, admitió que tienen interés en este negocio y que lo hará junto con su socio estratégico, con el que ya da servicios a los escáneres para la detección de drogas en los contenedores que transportan cargas por el muelle de APM Terminals, en Moín, Limón.
La Nación reveló este lunes 18 de diciembre que el expresidente ejecutivo del Incop, Braulio Venegas Dijeres, quien renunció al cargo por su relación con un sospechoso de narcotráfico del Caso Corona, fue la persona que enlazó a Racsa con Corp Low Risk.
A finales de agosto del 2022, Venegas solicitó a Radiográfica una reunión para esa empresa presidida por Carlo Magno Burgos.
El sospechoso del Caso Corona es Francisco Montes Fonseca, quien dijo en una conversación telefónica (interceptada por el OIJ) que un “amigo” les ayudaría a entrar en el negocio de alquilar a Racsa los predios donde esperarían los contenedores para pasar por los escáneres antidrogas.
El gerente del consorcio, Carlo Magno Burgos, afirmó que, si bien conoce a Montes Fonseca de la época universitaria, nunca ha “tenido ninguna relación comercial, personal ni de ningún tipo con el señor”. Agregó que nadie del grupo se ha reunido con el sospechoso para hablar de los predios.
Racsa mantiene bajo reserva los documentos relacionados con la selección de Corp Low Risk Costa Rica S. A. como socio. Barrantes se limitó a indicar que Radiográfica se encarga de la fibra óptica y la contratación de ingenieros, mientras que el socio se encarga “de la operación y mantenimiento de los componentes esenciales”.
‘Líder político’
El ministro de Agricultura, Víctor Carvajal detalló que fue designado por el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, como “líder político” del proyecto. Explicó que su responsabilidad es coordinar a jerarcas y funcionarios de los ministerios de Hacienda y Seguridad Pública para lograr la instalación y operación de los escáneres.
Ese equipo, de acuerdo con Carvajal, se reúne de forma presencial y virtual y, solo “en algunos casos”, se levantan minutas de los acuerdos tomados. Desde el 29 de noviembre, este diario solicitó a la oficina de prensa del MAG, vía correo electrónico, copia certificada de esas minutas, pero a la hora de publicación de este artículo no había emitido una respuesta.
La institución tampoco suministró las copias de los análisis jurídicos relacionados con el proyecto, el registro de visitas al despacho del ministro, el presupuesto aprobado y el nombre de los funcionarios que están involucrados en la elaboración del cartel de licitación.
¿Qué le impide informar ese tipo de detalles?, se le preguntó. “Nada me lo impide”, respondió el ministro de Agricultura y Ganadería; sin embargo, las consultas siguen sin respuesta 21 días después de la entrevista.
El ministro de Agricultura y Ganadería reconoció que conoce a Burgos, el presidente de Corp Low Risk. En primera instancia, respondió que “hace unos días escuché a hablar de él”. Luego al insistirle en si conocía al abogado de 34 años, dijo que lo conoció en la ceremonia, realizada por el Gobierno en julio del 2023, para estrenar los escáneres en APM Terminals.
Al consultarle si se ha reunido con el empresario, primero dijo que no, pero después declaró que no está seguro y que tendría que verificarlo.
Advertencia de la Contraloría
Desde junio, la Contraloría General objetó la intención del Gobierno de contratar, de forma directa y sin concurso, a Racsa para la instalación, operación y mantenimiento de los escáneres, dado que el mandatario Chaves y el ministro Nogui Acosta habían firmado un decreto que encargaba a Racsa esa labor y establecía que las demás instituciones públicas podían contratar a esta empresa estatal.
“No puede entenderse, bajo ninguna circunstancia, que el decreto corresponde a un acto de adjudicación ni a etapa alguna de un procedimiento de contratación pública a favor de Racsa”, señaló la CGR por medio del oficio DFOE-DEC-1338, el 13 de junio del 2023.
Una nebulosa rodeó el proceso de compra de los escáneres antidrogas que el gobierno pretende instalar en puertos y fronteras terrestres. Aunque no existen razones legales o técnicas para hacerlo, las entidades públicas encargadas del proceso se niegan a dar detalles, o bien, responden con evasivas.
El mecanismo de adquisición, el presupuesto, el nombre de la institución que realizaría la gestión y hasta los nombres de los funcionarios involucrados eran una incógnita hasta que, el 14 de diciembre, el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) publicó un expedito cartel de licitación en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
Sin embargo, desde el 23 de octubre, La Nación solicitó una entrevista al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, para conocer los detalles, pues la Contraloría le había advertido de que no podía encomendar esa labor a Racsa de manera directa, sin cumplir con las normas de la Ley General de Contratación Pública.
Un día después, el 24 de octubre, la oficina de prensa de Hacienda respondió que el tema debía consultarse directamente al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), sin mayores detalles. De inmediato, se solicitó a una entrevista al jerarca de esa institución, Víctor Carvajal Porras, la cual fue concedida un mes después.
Ministro omitió información
El 27 de noviembre, Carvajal rechazó precisar cuál es el presupuesto de esta contratación, si los recursos fueron incluidos en el Presupuesto Nacional del 2024 ni el nombre de la institución que se encargaría del proceso de contratación. Tampoco habló de la fecha en que se conocerían los términos de referencia de compra y si Racsa participará en el proyecto junto a un socio privado.
“No me gustaría adelantar (información) (...). Se va a saber en su momento”, fue la respuesta a cada una de esas preguntas.
No obstante, para el momento de esa entrevista, el ministro ya había suscrito un convenio de cooperación institucional con el Servicio Fitosanitario del Estado y sabía que este se iba a encargar de la contratación. También, conocía que, en el plan de gastos del 2024, se incluyeron ¢1.500 millones para la compra e instalación de los escáneres.
Además, el SFE ya había decidido que iba a realizar una contratación entre entes de derecho público para adquirir los escáneres y lanzó un cartel con esa finalidad para que participaran empresas públicas.
Ese proceso de contratación se hizo público el 9 de noviembre y fue declarado desierto –por falta de ofertas– 18 días después, el 27 de noviembre, justo el mismo día de la entrevista con este diario.
Tras ese proceso infructuoso, el Servicio Fitosanitario lanzó el nuevo procedimiento de contratación por excepción el pasado jueves 14 de diciembre.
