El expresidente ejecutivo del Incop Braulio Venegas Dijeres, quien renunció al cargo por su relación con un sospechoso de narcotráfico del Caso Corona, fue la persona que enlazó a Radiográfica Costarricense (Racsa) con el representante de la empresa que, posteriormente, se convirtió en el socio estratégico de Racsa para el negocio de los escáneres antidroga.
A finales de agosto del 2022, Braulio Venegas solicitó a Radiográfica una reunión para la empresa Corp Low Risk Costa Rica S. A., presidida por el abogado Carlo Magno Burgos Vargas, de 34 años.
Venegas, también abogado de 34 años, se presentó como representante de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep), en donde trabajaba como asesor.
La reunión se efectuó el 2 de setiembre del año pasado, de forma virtual, a las 2 p. m. Estuvieron presentes tanto Braulio Venegas como Carlo Magno Burgos.
Ocho meses después, en la investigación del Caso Corona, el OIJ captó llamadas telefónicas en las que dos miembros de una presunta banda narco hablaron de aprovechar el negocio de los escáneres. Uno de ellos, el abogado Francisco Montes Fonseca, de 35 años, dijo que entrarían en el negocio mediante un amigo “que mueve todo por detrás”. También, citó que hablaría con una persona de nombre “Braulio” para que les consiguiera una cita con Racsa y con la empresa. Esto ocurrió en mayo del 2023.
Racsa alega que atendió a Uccaep
En referencia a la reunión solicitada por Braulio Venegas, el gerente general de Racsa, Mauricio Barrantes, declaró que ese día se reunió con “representantes de Uccaep”.
Argumentó que el encuentro fue convocado por la entonces directora de negocios de la empresa estatal, Alicia Avendaño. No detalló el nombre de los presentes; solo dijo que el encuentro fue “parte de las reuniones habituales que la empresa sostiene con diversas entidades, tanto públicas como privadas, para identificar oportunidades de negocio” y que se recabaría información más precisa.
No obstante, consultada por La Nación, Alicia Avendaño confirmó que la reunión fue solicitada por Braulio Venegas, quien dijo representar a la Uccaep y anunció que llevaría a un representante de la compañía Corp Low Risk Costa Rica.
La exfuncionaria relató que, en la cita, se habló sobre el proyecto de los escáneres que el gobierno encargó a Racsa colocar en puertos marítimos y terrestres.
Según recordó, Braulio Venegas se conectó a la reunión virtual junto con Carlo Magno Burgos y, posteriormente, ellos dos y el gerente de Racsa, Mauricio Barrantes, acordaron reunirse de nuevo.
Avendaño dijo desconocer qué sucedió después, pues ella se acogió a su jubilación el 1.° de diciembre del 2022. En tanto, el presidente de la Uccaep, José Álvaro Jenkins, negó que esta organización hubiese autorizado a Venegas para solicitar reuniones en favor de esta empresa.
Decreto presidencial y concurso confidencial
Tres meses después de la reunión, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, emitió el decreto 43806, del 29 de noviembre del 2022, en el que estableció que Racsa “proveerá la solución y equipamiento de última tecnología que permita la digitalización de imágenes e inspección no intrusiva por medio de hardware y software”, en referencia a los escáneres.
En el decreto, se señaló que los ministerios y “cualquier otra entidad pública interesada” podrán suscribir convenios o contratos con Racsa para la prestación de esos servicios.
Con ese marco, entre marzo y abril del 2023, un consorcio integrado por la empresa que acudió a la reunión gestionada por Braulio Venegas ganó un concurso de Racsa para convertirse en el socio estratégico de la empresa estatal, en el negocio de los escáneres. No obstante, el proceso fue declarado confidencial.
El consorcio se llama Corp Low Risk Costa Rica S. A., Distrivet S. A. y Productos y Procesos Industriales Propinsa Costa Rica S. A.
Al parecer, en el concurso participaron otras cinco empresas, pero los detalles de las ofertas y las calificaciones se desconocen, debido a que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), propietario de Racsa, los cubrió con un velo de confidencialidad aprobado en Junta Directiva, el 12 de setiembre de este año.
El ICE alegó que revelar esa información “podría significar un perjuicio competitivo para Racsa de cara a otros actores en el mercado y a la seguridad nacional, para los puestos de inspección en puertos y fronteras nacionales”.
Operan juntos en APM Terminals
Radiográfica y el consorcio ya suministran servicios a la empresa APM Terminals, operadora del megapuerto de Moín. El 13 de julio de 2023, suscribieron en asocio un subcontrato con la concesionaria portuaria “para la prestación del servicio complementario de escaneo de contenedores”.
Racsa se encarga de la fibra óptica y la contratación de ingenieros, mientras que el socio se encarga “de la operación y mantenimiento de los componentes esenciales” de los escáneres del megapuerto, según precisó el gerente de Radiográfica.
Mauricio Barrantes agregó que el consorcio es el representante legal en Costa Rica de la empresa Astrophysics, la marca de los escáneres de Moín.
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Proceso en Sicop fue anulado el día de la renuncia de Braulio Venegas
El pasado 13 de junio, la Contraloría General de la República (CGR) le advirtió al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, de que no podía seleccionar, de forma directa, a Racsa como contratista para la instalación de escáneres en los demás puertos; exigió un concurso público.
Luego de esa prevención, el liderazgo del proyecto de los escáneres pasó a manos del ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Víctor Carvajal.
Carvajal declaró que, a raíz de la advertencia del órgano contralor, el proveedor de escáneres sería seleccionado según los parámetros de la Ley General de Contratación Pública, aunque no dijo mediante cuál figura ni cuál sería la institución rectora.
No obstante, el 9 de noviembre anterior, en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) apareció un proceso de contratación de escáneres, entre entes de derecho público, lanzado por el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE).
Este es un mecanismo de contratación flexible que permite a una institución contratar los servicios de otra entidad pública, sin concurso y sin posibilidad de que otros competidores apelen ante la Contraloría General.
Mediante este procedimiento, el gobierno pretendía instalar escáneres en Peñas Blancas, frontera con Nicaragua; puerto Caldera, Puntarenas; Moín, Limón; y Paso Canoas, frontera con Panamá.
No obstante, el proceso fue declarado infructuoso el 27 de noviembre, el mismo día en que Braulio Venegas debió renunciar al Incop.
En el Sicop, se indica que nadie presentó una oferta, aunque en el expediente constan varias solicitudes de aclaración del apoderado generalísimo de Racsa, Neithan Fabricio Rojas Monge.
Mauricio Barrantes admitió que Radiográfica tiene interés en este negocio y que, junto con su socio estratégico, participarán en el proceso de contratación respectivo, cuando corresponda.
La relación de Braulio Venegas con el sospechoso
El presidente Rodrigo Chaves nombró a Braulio Venegas como jerarca del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) el 25 de agosto de este año, pero se vio obligado a renunciar tres meses después, el 27 de noviembre.
Dimitió dos días después de darse a conocer que, en mayo pasado, gestionó una reunión en el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) para uno de los sospechosos del Caso Corona, el abogado Francisco Montes Fonseca.
El mandatario le solicitó la dimisión por su relación con el sospechoso. Según informó Casa Presidencial, Venegas explicó que conoció a Francisco Montes Fonseca cuando estudiaban Derecho en la Universidad de Costa Rica (UCR), y que lo acompañó a la reunión en el Incofer en el ejercicio de su profesión de abogado.
Cuando se produjo esa visita, en mayo de este año, Venegas era directivo del Conavi, en representación de la Uccaep.
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Negocio de Racsa citado en Caso Corona
La Fiscalía achaca al abogado Francisco Montes Fonseca encargarse de diligencias para legitimar las ganancias de una supuesta banda dedicada a la exportación de cocaína líquida a Europa y Asia, mediante el uso de una fábrica de refrescos.
En la investigación, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) captó conversaciones en las que, además de mencionar la reunión en el Incofer, los sospechosos hablaron del negocio de los escáneres de Racsa.
El dueño de la fábrica, Édgar Herrera Soto, y el abogado Francisco Montes Fonseca conversaron sobre una oportunidad de negocio, aprovechando que el gobierno había encargado a Racsa la instalación de los escáneres antidroga en puertos marítimos y terrestres. Montes dijo que se trataba de un negocio de 20 años que superaba los $100 millones.
Según declaró el propio Montes a la Fiscalía, la idea era alquilar a Racsa predios para depositar los contenedores que esperarán 24 horas para pasar por los escáneres.
‘El amigo mío es el que mueve’
En una intervención telefónica efectuada el pasado 9 de mayo, el abogado dijo al empresario que, en el proceso de Racsa con los escáneres, había un “nuevo jugador” que “nos va a meter a nosotros”, sin citar el nombre.
Montes dijo a Herrera que, con adjudicarse un par de contratos, llovería dinero y que lo único que faltaba era voluntad, porque “el amigo mío es el que mueve todo por detrás para que nos lo den”.
El 16 de mayo, hablaron de nuevo sobre el negocio de los predios.
El abogado citó que un hombre llamado Braulio les conseguiría una cita con Racsa y con la empresa que instalaría los escáneres, pues ellos son los que definen los contratos.
Montes añadió que ya le habían enviado los puntos donde se requerirían los predios. “Voy a hablar con Braulio, para que Braulio nos consiga una cita con esta empresa y con Racsa, que son quienes definen lo de los contratos”, dijo.
Luego, conversaron sobre la reunión que tenían agendada en el Incofer.
El Incofer confirmó que, el 25 de mayo, asistieron a la reunión el abogado Francisco Montes Fonseca y Braulio Venegas para conversar del negocio de gestión inmobiliaria, un megaproyecto que prevé la posibilidad de asignar propiedades del Instituto a terceros mediante permisos en precario, para diversas actividades, a cambio del pago de un canon.
Actualmente, Montes Fonseca tiene medidas cautelares por el Caso Corona. Tiene impedimento para salir del país y debe firmar en un juzgado cada 15 días.
La Nación intentó contactar a Braulio Venegas varias veces en el transcurso de la semana anterior, pero no respondió llamadas ni mensajes. Por su parte, Carlos Magno Burgos dijo el sábado que estaba fuera de San José, pero que con gusto contestaría las preguntas enviadas esta semana.