El que nada debe, nada teme

Críticas apresuradas. Dos temas actuales de discusión nacional sirven como ilustración de lo apresuradas que han sido algunas críticas a mi gestión. El primero, el manejo de las finanzas públicas. Como es conocido, a la mitad de mi gobierno los recursos públicos se vieron drásticamente reducidos por la crisis económica internacional. Por ello diseñamos y ejecutamos un plan de emergencia, el Plan Escudo, catalogado por la CEPAL y el Banco Mundial como uno de los mejores planes para enfrentar la crisis.

Naturalmente, debido a la desaceleración económica, los impuestos se cayeron en más de $1.000 millones. Mi gobierno decidió no solo no disminuir la inversión social, sino aumentarla. Así, por ejemplo, contrario a lo que aconteció en la crisis de 1981 cuando las familias pobres sacaron a sus hijos de los colegios, nosotros fortalecimos el programa Avancemos y, más bien, la deserción se redujo. Tuve la fortuna de tener un ministro de Hacienda que pensaba muy diferente de Andrew Mellon, el secretario del Tesoro que le recomendó al presidente Herbert Hoover enfrentar la Gran Depresión de 1936 recortando el gasto social y rebajando los salarios. Pasamos de un superávit a un déficit deliberadamente, ya que teníamos el margen necesario por haber disminuido el endeudamiento público en quince puntos porcentuales. Ninguna de mis ministras puede alegar desconocimiento de lo que hicimos ya que esta medida se discutió en varios Consejos de Gobierno.

Algunos críticos se han aventurado a poner en tela de duda las decisiones que tomamos. Pero el tiempo nos ha dado la razón. Recientemente la firma calificadora Moody´s elevó la calificación crediticia de Costa Rica a grado de inversión, entre otras razones por el margen de razonabilidad del déficit y por la capacidad para manejar crisis externas. Reconocimientos como estos son el resultado de políticas cuidadosamente implementadas en los últimos cuatro años.

El segundo tema es la concesión de obra pública. Celebro que se discutan los pros y los contras de esta figura legal porque pone en el centro de la discusión la ineludible necesidad de generar alianzas público-privadas para construir la infraestructura que requerimos. En mi gobierno sextuplicamos la inversión en infraestructura, llevándola del 0,4% al 2,4% del PIB, un esfuerzo titánico pero insuficiente, ya que los organismos internacionales nos recomiendan dedicar un 5% del PIB. Si continuamos invirtiendo un 2,4% del PIB en infraestructura, lo que dudo mucho, nos tomaría casi 13 años alcanzar la inversión de $10.000 millones que el BID estima que hay que invertir si es que queremos terminar con el rezago ancestral en la modernización de nuestra infraestructura.

Dada la poca celeridad con la que se aprueban en la Asamblea Legislativa nuevos tributos o préstamos –el de $850 millones que mi gobierno negoció con el BID es el mejor ejemplo–, tenemos que tomar una decisión urgente: o construimos nuestras carreteras, ferrovías, aeropuertos y puertos en 4 años con la colaboración de la empresa privada, o esperamos 40 ó 50 años a que el Estado, con suerte, las construya.

Visión maniquea. Existe, desafortunadamente, un pequeño grupo de personas creyentes en una irreductible lucha entre el bien y el mal, que ha identificado las concesiones con negocios de dudosa transparencia. Bajo esta premisa, si hubo una concesión, es porque alguna persona del Gobierno obtuvo un beneficio indebido. Pero si beneficios de esa naturaleza es lo que estas personas están buscando en las obras dadas en concesión durante mi administración por parte mía, de mis vicepresidentes, o de los ministros y viceministros del ramo: Karla González, Marco Vargas, Francisco Jiménez, Viviana Martín y Guillermo Matamoros, les aseguro que no los van a encontrar. Y no los van a encontrar por una razón muy sencilla: porque no existen. Se congelará primero el infierno antes de que se puedan comprobar las acusaciones falsas que estas personas han insinuado en ese sentido. Por esa razón, recibo con complacencia las investigaciones que el Gobierno o la Asamblea Legislativa hayan iniciado sobre las decisiones que tomé durante mi administración para dotar a este país de la infraestructura que merece y que urgentemente necesita. El que nada debe, nada teme.

En el caso de la carretera a Caldera, si hubo errores de diseño, de construcción, de ejecución o de supervisión, el contrato de concesión, aprobado por la Contraloría General de la República, faculta al Estado para exigir al concesionario a cumplir con sus obligaciones con el cobro de multas y la suspensión del cobro del peaje, algo que debió hacerse desde el principio de esta Administración. La carretera a Caldera es una obra que aún no ha sido entregada al Estado, y en mi gobierno lo que hicimos fue ponerla en operación porque ya estaba terminada.

Pienso que en años recientes solo hay dos obras importantes que se habrán terminado antes de la fecha pactada: la carretera a Caldera y el Estadio Nacional. No creo que todos los costarricenses se merezcan el castigo que se les impuso a los habitantes de Parrita, Quepos, Río Claro, Golfito, Ciudad Neilly y Ciudad Cortés de que tuvieran que esperar cincuenta años para que por fin, mi gobierno, les terminara la Costanera Sur.

Una odisea como la construcción de la carretera a Caldera o la Costanera Sur no debe ocurrir nunca más. Esto, y no otra cosa, es lo que nos debería quitar el sueño. Nunca más debemos permitir que transcurran cuatro décadas hasta conseguir los permisos y los recursos para hacer una carretera de primera necesidad. Nunca más debemos hacer de lo perfecto un enemigo de lo posible. Los nuevos caminos de Costa Rica deben ser los de la eficiencia y el realismo, deben ser los del avance y el ascenso. Mi Gobierno abrió la puerta ancha para el progreso y no debemos permitir que se vuelva a estrechar.