EscucharConforme se acerca el momento para el cierre técnico del relleno sanitario de Río Azul de La Unión, se incrementa la pugna entre dirigentes opuestos rotundamente a que se reciba más basura y otros que consideran oportuno negociar una prórroga con el Gobierno, a cambio de beneficios comunales.
El choque de criterios subió de tono ayer cuando vecinos de Río Azul, Tirrases de Curridabat y Calle Churuca anunciaron su disposición de mantener abierto el vertedero -que debe ser clausurado mañana- si las autoridades gubernamentales se comprometen a aprobar una serie de obras para las comunidades.
Pero los dirigentes del denominado comité cívico interdistrital, que agrupa a ocho asociaciones de desarrollo, desautorizaron totalmente esa postura y reiteraron su vehemente rechazo a permitir que se siga depositando basura en Río Azul, como se hace desde 1973.
En tanto, la Sala Cuarta no se pronunció ayer sobre una acción de inconstitucionalidad y cuatro recursos de amparo interpuestos por habitantes de Santa Ana, quienes adversan la intención del Gobierno de instalar en ese cantón un relleno que recogería los desechos sólidos de los 12 ayuntamientos del Convenio Cooperativo Intermunicipal (COCIM). La versión la suministró Isabel Hernández, del departamento de Información y Relaciones Públicas de la Corte Suprema de Justicia.
Dos bandos
Las divergencias entre dirigentes, quienes se arrogan la representación de los intereses comunales y descalifican a otros, ha calentado los ánimos en las poblaciones y deja entrever la posibilidad de choques el domingo, cuando está prevista la clausura de Río Azul.
"Al final sabemos que siempre nos dejarán el relleno funcionando por seis u ocho meses; entonces, ¿por qué no sacarle al Gobierno ayuda comunal?", argumentó Ricardo Muñoz, representante de la asociación de Calle Churuca.
Fernando Angulo -de la asociación pro relleno de Tirrases- y Maricela Gamboa -del comité de lucha Río Azul Primero- dijeron que están dispuestos a negociar una prórroga a cambio de buenas calles, mejores servicios públicos y viviendas, en cuanto el Gobierno lo solicite.
"La gente que ahora dice que el relleno tiene deficiencias, como Germán Lobo, Bosco Vargas y Héctor González, tuvieron a cargo su administración y nunca hicieron nada. ¿Entonces?", interpeló Muñoz.
Tanto Vargas como Lobo, con quienes ayer tuvo contacto La Nación, desautorizaron totalmente a esos dirigentes y manifestaron que todos los grupos que integran el comité cívico interdistrital (ocho asociaciones) mantendrán su palabra de cerrar definitivamente el botadero.
"Esto, sencillamente, es un grupo organizado por Marcos Sánchez (coordinador del cierre de Río Azul), que no tiene ninguna constitución jurídica. Yo apoyo el cierre", dijo Bosco Vargas, presidente de la asociación de desarrollo de Río Azul.
Los partidarios de negociar más plazo advirtieron que no tolerarán injerencia de quienes ahora se atribuyen el derecho de decidir por las comunidades. "Este domingo, al cumplirse el día del cierre, no permitiremos que nadie, que no sea de Río Azul, venga a cerrarlo, porque a ellos no les pertenece y estamos firmes. Tendremos que enfrentarlos porque aquí no tienen ni arte ni parte", expresó Maricela Gamboa.
Lobo respondió que no están dispuestos a permitir que unos cuantos vecinos, que no representan la mayoría, permitan que el botadero siga funcionando.
