San José (Redacción). Solo dos de los seis imputados por las irregularidades en la construcción de la trocha fronteriza permanecerán presos durante cinco meses, luego de que el Tribunal Penal de II Circuito confirmó hoy las medidas que la semana pasada les dictó el Juzgado Penal de Hacienda.
Se trata de Manuel Serrano y Miguel Ramírez, ingeniero y técnico del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), quienes eran responsables de las obras en la también denominada ruta 1856, paralela al río San Juan.
Contra el exdirector del Conavi, Carlos Acosta no se dictaron medidas cautelares.
Los empresarios David Castillo, Giovanni Baralis y Johnny Muñoz deberán entregar de inmediato las pasaportes, no podrán salir del país durante cinco meses y en ese lapso deberán firmar cada 15 días en la fiscalía donde se tramita la causa.
Así lo confirmó esta tarde la Oficina de Prensa del Poder Judicial mediante un comunicado.
Todos los implicados fueron detenidos el miércoles de la semana pasada por orden de la Fiscalía, que les sigue causa por el delito de peculado.
Este se le atribuye a funcionarios públicos que distraigan o sustraigan bienes o fondos públicos dejados para su administración, en razón de su cargo. Se castiga con prisión, de tres a 12 años.