Hugo Solano C.. 23 mayo
La pistola Smith & Wesson y el dinero con que se trató de sobornar a los oficiales quedaron a la orden de la Fiscalía. Foto: MSP.
La pistola Smith & Wesson y el dinero con que se trató de sobornar a los oficiales quedaron a la orden de la Fiscalía. Foto: MSP.

El decomiso de una pistola cuando se atendió un caso de violencia doméstica, en Alajuelita, dio origen a una investigación por aparente soborno y podría ser evidencia en una causa por homicidio.

La historia comenzó la noche del miércoles con una llamada del residencial Antolina, de aquel cantón josefino, según la cual una mujer era víctima de agresión.

No obstante, la razón inicial de la alerta al final no deparó en nada, porque la mujer aparentemente agredida no quiso firmar el parte ni interponer denuncia.

Ante tal circunstancia, los miembros de la Fuerza Pública no pudieron detener a la pareja de la afectada, un joven de apellido Solera, quien se encontraba con un amigo suyo.

Debido a la llegada de autoridades, al parecer estos hombres habían escondido una pistola en las afueras de la casa.

Fue ahí donde los oficiales encontraron el arma Smith & Wesson Springfeld, con la serie limada. Con exactitud, el arma estaba en un basurero, con su cargador y sin municiones.

Esta quedó decomisada, pues no había responsable ni se podía rastrear al dueño.

La sorpresa mayor se dio un poco más tarde, cuando los mismos policías realizaban un recorrido por San Josecito de Alajuelita, y fueron abordados por los dos individuos con que se toparon en el incidente anterior.

Los sujetos ofrecieron pagar ¢400.000 a los miembros de la Fuerza Pública si estos les devolvían el arma hallada en el basurero.

Su respuesta fue una negativa y la captura inmediata.

Los detenidos son un joven de 20 años, de apellidos Solera López, pareja de la mujer que al parecer era agredida, y otro que estaba en la casa e intentó huir cuando llegó la Policía, de apellidos Castillo González, de 23.

Además, al realizar el registro del vehículo de Solera, un Nissan gris, la Policía encontró tres dosis de marihuana y una de cocaína.

Solera, quien según la Fuerza Pública cuenta con expediente policial, es vecino de San José de la Montaña en Heredia. Castillo González, es vecino de La Capri, en San Miguel de Desamparados.

Los sujetos detenidos la noche del miércoles, fueron llevados este jueves a la Fiscalía de Hatillo, por el delito de penalidad del corruptor. Foto: Cortesía MSP.
Los sujetos detenidos la noche del miércoles, fueron llevados este jueves a la Fiscalía de Hatillo, por el delito de penalidad del corruptor. Foto: Cortesía MSP.

Sobre ese caso la Ficalía informó el viernes 24 de mayo que inicialmente ordenó la detención de ambos, para tomarles los datos de identificación y, tras verificar que cuentan con todos los arraigos procesales (domiciliar, familiar y laboral), se les dejó libres y sin medidas cautelares.

El dinero se encuentra decomisado. El caso continúa en investigación bajo la causa 19-000493-277-PE.

Posible vínculo con homicidio

El interés de los hombres por el arma hace sospechar a las autoridades judiciales de que esta pudo haber sido utilizada en algún reciente homicidio u otro hecho delictivo.

No se descarta, incluso, que pueda estar relacionada con el doble asesinato de dos jóvenes que fueron baleados y quemados, cuyos cuerpos aparecieron en la carretera a Jericó de Desamparados en la pasada Semana Santa.

Esa vez los fallecidos fueron identificados como Alonso José Ibarra Hernández, de 30 años y José Alberto Porras Valenciano, de 22.

Al parecer, uno de los detenidos era conocido de una de las víctimas del doble crimen.

A los dos detenidos les abrieron causa por el delito de penalidad del corruptor, que de acuerdo con el Código Penal lo comete la persona que brinde, ofrezca o prometa a un funcionario público una dádiva o ventaja indebida. Ese delito se sanciona con penas de dos a seis años de prisión.

Información actualizada el 24 de mayo con datos de la Fiscalía