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Matteo Quintavalle, empresario italiano, está siendo investigado por la Policía como el supuesto autor intelectual de un fraude con propiedades por $2 millones.
Así lo indicó el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Francisco Segura, quien explicó que por eso, ayer, agentes de Fraudes realizaron un allanamiento en la casa del extranjero, en San Rafael de Escazú.
El operativo fue llevado a cabo bajo la coordinación de la Fiscalía Adjunta de Fraudes del Ministerio Público.
Por este caso, ocho víctimas presentaron denuncia, aunque las autoridades estiman que hay una persona más afectada.
De acuerdo con la información que brindó la Fiscalía, en total se realizaron 11 allanamientos: cinco de ellos en San José, tres en Pavas, uno en Tibás, uno en Desamparados y otro en Cartago.
Las autoridades comunicaron que se detuvo a dos notarios de apellidos Laboranti (quien es italiano) y Vargas; y a un particular apellidado Segura.
El jefe del OIJ manifestó que Laboranti sería la mano derecha de Quintavalle y que las pesquisas apuntan al empresario italiano como un autor intelectual.
Pese a que los agentes registraron la casa de Quintavalle durante varias horas en busca de pruebas en su contra, no se le detuvo.
La Fiscalía informó de que los tres apresados iban a ser entrevistados ayer y que la audiencia de solicitud de medidas cautelares podría realizarse hoy.
Además, detalló que el italiano se mantiene como persona investigada en este proceso.
Quintavalle llegó al país en 1998 y se dio a conocer en el 2006, cuando contrató a jugadores de fútbol y quiso adquirir equipos.
En junio del 2007, fue demandado por inversionistas estadounidenses que reclamaban porque no recibían utilidades.
Él estuvo encarcelado pero fue libertado tras el pago de una fianza. El caso sigue abierto.
Modo de operar. Según la Policía, los dos notarios quitaban propiedades a dueños registrales y las ponían a nombre de un tercero, quien luego las hipotecaba o las vendía a otra persona.
Cuando la persona despojada se daba cuanta del hecho, llegaban otros sujetos y hacían un documento en el que, supuestamente, el último comprador de buena fe devolvía la propiedad. Con ello, según las autoridades, los evadían ser denunciados.
