Seguridad

Al menos 10 bandas criminales ‘ordeñan’ poliducto de Recope

Robo de combustibles supera los ¢1.000 millones por año, según investigaciones de la DIS

Al menos 10 organizaciones delictivas "juegan con fuego" al robar combustibles del poliducto de Recope, actividad que solo el año pasado generó pérdidas al Estado por ¢1.152 millones.

Las bandas perpetran el riesgoso "ordeño" de las tuberías en las noches para evitar ser descubiertos, según una investigación de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), Recope y la Fuerza Pública.

El poliducto es la red de tuberías que utiliza la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) para bombear combustible, como gasolinas o diésel, desde su plantel en Moín, Limón, hasta Ochomogo y de allí al plantel de Barranca, en Puntarenas.

Inspecciones realizadas por policías entre agosto y diciembre dieron como resultado la localización de 30 tomas que han hecho los delincuentes para perpetrar los robos. La mayoría se ubica entre Siquirres (Limón) y Turrialba (Cartago).

Para trasladar el combustible sustraído, los grupos utilizan camiones en dudoso estado y sin rótulos que adviertan del transporte de material peligroso, pese a que circulan por carreteras de alto tránsito como la ruta 32, que une San José con Limón.

Luego, almacenan el carburante en recipientes plásticos o estañones en bodegas situadas cerca de viviendas y con mínimas condiciones de seguridad, según determinó la DIS.

Este manejo de productos peligrosos representan enormes riesgos que en otros países, como México o Colombia, han deparado en grandes incendios con personas fallecidas, aparte de las pérdidas económicas por los robos.

Este "ordeño" del poliducto no es un hecho nuevo, pues los primeros casos aquí surgieron entre los años 2002 y 2003.

"Es un tema que se ha sabido por años, que nunca se le había entrado con seriedad, quizá más que todo con la coordinación necesaria entre policías e inteligencias, y que ahora nos hemos abocado a llevar a buen término esas investigaciones", dijo Mariano Figueres, director de la DIS, para explicar la participación de la entidad.

Para Figueres, es urgente evitar que "esos grupos delincuenciales" sigan causando el perjuicio económico al Estado, aparte del peligro que representan para el proceso de abastecimiento de combustibles para todos los usuarios.

La última oleada de sustracciones fue descubierta por Recope en noviembre del 2016, "al detectar diferencias negativas de producto", pues, como informó la institución en un comunicado, esta tiene "un sistema de detección de fugas y un estricto control volumétrico que permite medir las diferencias de volumen cuando se presentan".

Sin embargo, el tema tomó relevancia el 6 de abril del 2017 cuando una fuga de gasolina en San Martín de Liverpool, en el distrito de Río Blanco, Limón, obligó a la evacuación de 23 familias.

La emergencia permitió al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) descubrir una toma ilegal.

En el sitio, los agentes encontraron dos tanquetas con gasolina súper, y dos camiones cisterna llenos de combustible. Además, se detuvo a un individuo de apellidos Araya Solano, de 27 años, como sospechoso de la sustracción.

Tras ese golpe, el robo de combustible disminuyó por unos meses, aunque para agosto se dio una nuevo incremento, según la DIS.

De acuerdo con las autoridades, las organizaciones dedicadas al ordeño de las tuberías operan de manera independiente.

Los encargados de sacar el combustible por lo general son tres sujetos que portan armas de fuego con el objetivo de amedrentar a vecinos o personas que los observen. Además, utilizan radios de comunicación.

Este último aspecto, hace presumir a la Policía de la existencia de jefes o cómplices que permanecen en vigilancia.

Además, esas organizaciones conocen los días y horas en que Recope está bombeando combustible y de qué tipo.

También se presume que un grupo que se especializó en perforar el poliducto. Esa gente al taladrar la tubería utiliza algún liquido refrigerante para evitar fricciones que puedan provocar llamas.

Por esas características, la Policía considera que se trata de sujetos conocedores del oficio, pues además, son capaces de instalar y soldar tubos de hierro que tienen entre pulgada y pulgada y media (3 centímetros) de diámetro, a los que colocan una válvula. Así logran sacar el carburante.

Según las pesquisas de la DIS, este grupo especializado llega a cobrar hasta ¢3 millones por cada toma.

Los ordeñadores, por su parte, se encargan de añadir una manguera de alta presión (se han encontrado de hasta 300 metros de largo) hasta un sitio apropiado para echar el combustible en recipientes. Ese lugar siempre está cerca de una casa, una galera o una alcantarilla de aguas pluviales.

Como parte de las pesquisas, el pasado 10 de diciembre se capturó en La Calera de San Martín de Turrialba, a dos sujetos de apellidos Sojo Cortés y Johnson Downs extrayendo combustible. Ahí decomisaron dos camiones, modelos 1993 y 1995, con una carga de 1.500 litros de diésel. El producto fue valorado en casi ¢800.000.

A los sospechosos también les decomisaron un revólver calibre 38, con 12 municiones, y dos radios de comunicación.

Contra ambos sujetos se abrió un proceso penal (expediente 17-001405-0067-PE) por el delito de robo agravado. Los sospechosos quedaron libres pero deben firmar una vez a la semana y se les prohibió entrar al cantón de Turrialba, informó la oficina de prensa del Ministerio Público.

Un día después de aquel operativo, fueron detenidos sobre la ruta 32, a la altura de Siquirres, dos camiones que trasladaban 10.000 litros de gasolina súper, valorada en ¢6,3 millones. Se capturó a los choferes de apellidos Rodríguez Herrera y Rodríguez Muñoz.

El 12 de diciembre, el OIJ y la Fiscalía allanaron una propiedad en el Coco de Siquirres, de donde salieron esos camiones y se encontró una toma ilegal. En una casa cercana hallaron estañones plásticos con residuos de combustible, así como mangueras y otras herramientas. No fue posible conocer las medidas impuestas a los detenidos.

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