“Son pocilgas”, así califica el propio ministro de Seguridad Pública, Gustavo Mata, a gran cantidad de las delegaciones en las cuales laboran los 11.900 oficiales de la Fuerza Pública.
Tal descripción se sostiene con los datos de la misma entidad: de las 614 sedes, 230 (4 de cada 10) se encuentran en precarias condiciones.
Esos inmuebles presentan problemas de infraestructura, tienen hacinamiento, plagas de ratas y cucarachas, y derrame de aguas negras, entre otros, según constató La Nación durante un recorrido por algunas delegaciones policiales.
La situación no es del todo favorable para otras 250 oficinas, cuyo estado se califica de “regular”, según el Ministerio.
Solo 134 están en buen estado, de acuerdo con Seguridad.
Para Mata, este no es un problema reciente, sino que se viene arrastrado por años debido a la falta de presupuesto.
El Ministerio ha optado por alquilar inmuebles, aunque, en esos casos, existe la dificultad de no poder invertir en remodelaciones, pues le correspondería al arrendatario.
Actualmente, la mayoría de los edificios (219) son prestados por otras instituciones públicas o asociaciones de desarrollo; 58 son alquilados y 205 sí pertenecen a Seguridad Pública.
El resto están bajo modalidades de convenios, en disputas por derechos de posesión, procesos sucesorios y en comodato (se pueden usar sin modificarse).
“A mí me da una tristeza ir a visitarlos (a los policías). No tengo plata para construir; entonces, la única manera es alquilar. En eso estoy, alquilando inmuebles que no son policiales, pero por lo menos los sacamos de esos lugares que están a punto de caerse”, les dijo el ministro a los diputados durante una comparecencia que tuvo el pasado 5 de abril.
Mata señaló que el problema es mayor porque el personal administrativo que debe ayudar a solventar la situación, se ha reducido. De las 3.000 plazas que había en el 2014, solo quedan 1.500, debido a la directriz del Gobierno de frenar las contrataciones.
“Esto provoca que no tengamos gente para desarrollar, no tenemos ingenieros y no tenemos presupuesto para construir”, insistió el funcionario.
El jerarca mencionó que este año se firmó un convenio con el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA) para que le puedan facilitar profesionales.
Además, en febrero, Mata pidió a los legisladores aprobar un proyecto para revivir el impuesto a las sociedades anónima, el cual dotaría a Seguridad con ¢40.000 millones al año.
Dicho plan fue dictaminado en la Comisión de Asuntos Hacendarios, el pasado 19 de abril, y ahora pasará a conocimiento del plenario legislativo para su trámite de primero y segundo debates.
Gasto. Xiomara Rojas, secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadores Estatales Costarricenses (Siteco), criticó que algunas delegaciones que se alquilan se pagan “co mo hoteles cinco estrellas”, cuando no tienen óptimas condiciones
Rojas explicó que el ministro Mata la invitó a ser parte de una comisión que, desde enero de este año, recorre el territorio nacional para revisar las delegaciones y buscar soluciones. Incluso, dijo, verán si es necesario romper contratos de alquiler en algunas.
“Hay delegaciones por las se pagan de entre ¢3 millones y ¢7 millones de alquiler. El problema no es pagar eso, el problema es que los propietarios deben cumplir con el contrato, los policías no deben por qué tener problemas por un servicio que se está contratando”, afirmó Rojas.
La sindicalista espera que en agosto hayan concluido las visitas a todas las delegaciones.
Insalubres. Por otra parte, hay 101 sucursales policiales que tienen órdenes sanitarias giradas por Salud debido al riesgo al que se expone el personal.
Tal es el caso de la delegación policial de San Pablo de Heredia, la cual tuvo que inhabilitar la cocina y la habitación de los oficiales por problemas de plagas y hacinamiento, respectivamente.
Otro caso es el de la delegación de Desamparados, la cual recibió la semana antepasada una orden sanitaria por el peligro del virus del Zika en el parqueo, debido a la cantidad de carros y motocicletas decomisados que se encuentran en estado de abandono.
Consultado el Consejo de Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo, aseguró que este tipo de condiciones laborales pueden afectar la motivación y desempeño de los policías.
“Condiciones de trabajo que incluyan dormitorios, servicios básicos, saneamiento, calidad del aire, iluminación, dotación de equipo que sea el necesario y que esté en buenas condiciones, son determinante para la seguridad, salud física y mental de un trabajador policial.
”Además es un derecho constitucional y laboral”, señaló dicha oficina por medio de un correo electrónico enviado por la sección de prensa .