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Unas 350 embarcaciones arrebatadas a estructuras criminales, actualmente bajo custodia de las autoridades, se deterioran en los patios del Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) en diferentes zonas costeras del país.
Según precisó a La Nación el comisario y director del SNG, Martín Arias, “estas naves están en Quepos, barra del Colorado, Moín, Portete, Limón, Caldera, Golfito, puerto Nispero, Flamingo y en puerto Mora” y no todas provienen del narcotráfico, sino que algunas son el resultado de actividades ilegales, como la inmigración irregular, el lavado de dinero o simplemente fueron abandonadas en el mar.
Reconoció que no existe una estimación precisa de cuántas lanchas se decomisan semanalmente, ya que esto depende de la actividad del narcotráfico. “Hay semanas en las que no se decomisa nada, y semanas en las que se incautan entre cuatro y cinco embarcaciones”, explicó Arias.
Muchas de estas embarcaciones, todavía con años de vida útil, podrían aprovecharse en centros de educación pública, municipalidades de zonas costeras o fluviales, comités de la Cruz Roja, comités deportivos, asociaciones sin fines de lucro y pescadores, pero la legislación vigente exige un requisito que no todos los interesados cumplen.
Actualmente, la Ley N.° 8.000, que establece la creación del SNG, le permite a esa entidad donar las embarcaciones comisadas —que son las que un juez pone en poder de Guardacostas tras finalizar un proceso judicial— con la condición de que las organizaciones receptoras cuenten con “la declaratoria de idoneidad para administrar fondos públicos”. Sin esa declaratoria, los bienes seguirán en los patios hasta que sean chatarra.
Reforma legal
Para evitar ese desperdicio, se tramita en el Congreso el proyecto de ley N.° 23.608, que reformaría el artículo 36 de la citada ley, con el objetivo de eliminar este requisito, permitiendo a organizaciones legales y sociales, así como a pescadores necesitados, recibir estas donaciones sin obstáculos.
La iniciativa es promovida por Horacio Alvarado, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), con el respaldo de los demás miembros de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico.
Según Martín Arias, de las 350 unidades comisadas, el 40%, es decir, 140 embarcaciones, están listas para ser donadas y utilizadas en beneficio de la sociedad.
De concretarse el proyecto, que el comisario respalda, se contribuiría con la generación de empleo y se facilitarían diversas actividades, como el transporte de estudiantes en canales, especialmente en los de Tortuguero y en el golfo de Nicoya. También permitiría a las asociaciones de emprendedores generar empleo y brindar servicios médicos a áreas remotas que no cuentan con el transporte adecuado.
Muchas de las otras embarcaciones que se herrumbran en los diques secos son confiscadas por pesca ilegal y por el transporte de combustible. Estas no pueden reservarse para donaciones, porque los jueces normalmente ordenan su devolución a los propietarios registrados.
Corta vida útil y ningún mantenimiento
La corta vida útil de estas embarcaciones es un factor que justifica la necesidad de colocarlas con rapidez, ya que el SNG no tiene la obligación ni el presupuesto para darles mantenimiento. Esto ocasiona que se conviertan en criaderos de mosquitos o serpientes, además de deteriorarse al quedar varadas sin uso y a la intemperie.
“Estamos obligados a cuidarlas para evitar robos o pérdidas. Hay procesos judiciales que pueden durar hasta ocho años, y en ese tiempo, las embarcaciones necesitan mantenimiento regular”, mencionó el comisario. “Las lanchas normalmente tienen una vida útil de entre siete y diez años”, agregó.
Para prevenir que las embarcaciones donadas caigan nuevamente en manos del narcotráfico, el SNG asegura que implementará procedimientos de auditoría. Además, promete revisiones periódicas establecidas o aleatorias, con el fin de fiscalizar el uso correcto y el cuidado que les dan los nuevos propietarios.
El director del SNG explicó: “Realizamos un estudio sobre la responsabilidad de los beneficiarios. En las actas de entrega se especifica el uso previsto. Si surgen alertas de uso indebido, realizaremos inspecciones y, si se encuentran en abandono, decidiremos qué hacer con ellas”.
En caso de las embarcaciones que no son aptas para la donación por a su estado estructural, serán destruidas, a menos de que sean evidencia en un proceso judicial. La reforma también busca agilizar este proceso.
Origen de la reforma
En una entrevista con La Nación, el diputado Horacio Alvarado Bogantes explicó que la reforma se originó a partir de un proyecto heredado de la Asamblea Legislativa anterior, que solo buscaba donaciones para Guanacaste, excluyendo otras regiones costeras y canales transitados del país.
La Comisión de Seguridad y Narcotráfico votó en contra de esta propuesta, lo que llevó a la creación del nuevo texto.
La reforma actualmente se encuentra en Comisión y el socialcristiano espera que llegue al plenario dentro de un mes, con la intención de que sea aprobada antes del 31 de octubre, fecha en la que finaliza el período ordinario. No obstante, si el proyecto obtiene un apoyo unánime en comisión, se podría acelerar su proceso de aprobación.
En última instancia, si la reforma no se aprueba antes del 31 de octubre, la comisión solicitará al Poder Ejecutivo que convoque el proyecto durante el periodo de sesiones extraordinarias, una opción viable —según el diputado— por el respaldo que obtuvo la reforma por parte de algunos ministros, aunque espera que no sea necesaria.
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