EscucharEl Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública anuló el sobreseimiento definitivo que se había dictado a favor del exdiputado Víctor Hugo Víquez Chaverri por presunto tráfico de influencias, pues supuestamente habría realizado llamadas telefónicas a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) para interceder por el empresario Juan Carlos Bolaños Rojas. Ahora el caso afrontará una nueva audiencia preliminar programada para el 5 y 6 de julio de este año.
La decisión se tomó luego de que la Unidad Especializada de la Fiscalía General de la República presentara, el 23 de noviembre anterior, una apelación contra la resolución del Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública que libraba al exlegislador de ir a juicio por la causa seguida dentro del expediente 17–000082–1218–PE. El trámite fiscal “fue declarado con lugar por parte del Tribunal, el cual ordenó la realización de una nueva audiencia preliminar ante el Juzgado″, indicó el ente acusador del Estado, por medio de su oficina de prensa.
La Nación consultó a Víctor Hugo Víquez sobre este asunto y la tarde de este miércoles, vía WhatsApp, manifestó que se encuentra fuera del país. “No he sido notificado de nada, por lo que no me puedo referir a algo que desconozco. Si se de algo, con gusto le indico”. En este caso, el político cuenta con representación de la Defensa Pública.
La pesquisa contra el excongresista se abrió el 21 de diciembre del 2017, cuando la entonces fiscala general, Emilia Navas Aparicio, dijo que él y Wálter Céspedes Salazar, también diputado en el periodo 2010– 2014, presuntamente aprovechándose de sus puestos en la Asamblea Legislativa, intercedieron en favor de los negocios de Juan Carlos Bolaños ante la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
“En resumen, él personalmente (Juan Carlos Bolaños) y sus empresas fueron beneficiados o se intentó que se beneficiaran en licitaciones con la intervención de dos señores exdiputados (...). En una sí se logró y en las otras no, quedó en tentativa porque la señora Vanessa Rosales (presidenta de la CNE para el momento de los hechos investigados) no accedió a los trámites que hicieron las personas sospechosas de cometer presuntamente estos ilícitos”, dijo Emilia Navas, en diciembre del 2017 cuando dirigió un allanamiento en la casa de ambos políticos.
Las influencias, supuestamente, habrían ocurrido en relación con los proyectos que la CNE sacó a concurso para desarrollar obras en las rutas Ciudad Colón– El Rodeo y Bribrí– Sixaola, así como el dique de Nosara.
Aunque inicialmente figuraron como investigados Víquez, Céspedes, el empresario Juan Carlos Bolaños, el exdirector de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), Mariano Figueres Olsen, y el exproveedor de la CNE, Guido Antonio Marín Quirós, a la etapa de audiencia preliminar solo llegó Víquez. Figueres falleció el 25 de setiembre del 2019 y Marín, el 11 de enero del 2020.
De Céspedes y Bolaños se desconoce los motivos por los que fueron apartados, aunque este expediente es uno de varias causas que se siguen en el llamado caso del cemento chino, en el cual el principal implicado es el empresario.
En caso de que en la audiencia de julio próximo se ordene un juicio, Víquez se sentará en el banquillo de los acusados por el aparente tráfico de influencias, que según el artículo 52 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, ocurre cuando una persona directamente o por medio de otra persona influya en un servidor público para la adjudicación de un contrato.
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