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Como una improvisación. Así calificó la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Solano Castro, el arreglo de espacios en el Centro de Atención Institucional (CAI) San José que realizó el Ministerio de Justicia y Paz.
Para la magistrada, la orden de cierre vigente para ese espacio es contundente, por lo que insiste en buscar una solución adecuada al hacinamiento carcelario que se vive en el país y que afecta ahora al Poder Judicial, ante la necesidad de tener en celdas judiciales a la población por más de 72 horas, en las que deben velar por las necesidades que tengan.
“En el 2016 se dio un plazo de de cuatro años para el cierre del CAI San José porque agotó su vida útil, de manera que el hecho de que a estas alturas se observe que le están haciendo algún tipo de mejoras a efectos de poder recibir a la población penitenciaria desde nuestra óptica viene a ser un tipo de improvisación, porque las órdenes datan de mucho tiempo”, explicó Solano.
La también presidenta de la Sala Tercera adelantó que las autoridades penitenciarias solicitaron al Juzgado de Ejecución de la Pena una visita a la cárcel, con el objetivo de que se valoren los recintos en los que Justicia insiste en recibir a reclusos.
Solano detalló que ante esa circunstancia, el juez o jueza puede tomar una decisión de hacer una reforma transitoria, ya que no se puede desobedecer la medida que indica que desde octubre del 2020 la prisión tuvo que cerrar. “Se podría prorrogar el plazo de cierre en condiciones específicas, pero está condicionado al voto de la Sala Constitucional”, reconoció.
El pasado 6 de setiembre, la ministra de Justicia Fiorella Salazar Rojas y otros jerarcas interpusieron un recurso de habeas corpus donde pide, entre otras cosas, el cese de esa orden judicial del cierre. La jerarca aseguró que esa apertura sería la verdadera solución para paliar en gran medida la crisis carcelaria que hay y no así la recomendación que le dieron los jueces de Ejecución de reubicar reos al régimen de confianza.
Sin embargo, la jueza de Ejecución de la Pena de San José, Irene Barrantes Marín, detalló en el informe MNPT–INF–147–2021, con fecha 11 de agosto anterior, que la estructura presenta un “desgaste total”.
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49 días en celdas
La situación con privados de libertad se ha agravado tanto en las últimas semanas, que una persona pasó 49 días en celdas judiciales, cuando la Sala Constitucional determinó que en esos recintos la población debería pasar máximo 72 horas (tres días), ya que no cuentan con las condiciones necesarias para albergar dignamente a alguien.
La magistrada destacó que en medio de estas circunstancias los más afectados son los privados de libertad, ya que a pesar de que se ha invertido en ropa de cama, artículos de aseo e higiene personal y alimentación, las celdas siguen siendo inapropiadas. Añadió que en medio de esta situación se han dado casos de detenidos que ingresan con covid-19 y pasan toda su enfermedad en celdas judiciales, tema que también es inapropiado.
“Estamos tratando de buscar una solución en pro del más débil, que es la persona que está detenida en una condición que no es la adecuada y reiteramos que hemos estado teniendo mesas de diálogo desde hace varios meses, pero la solución definitiva a este serio problema la administración penitenciaria no termina de darla”, aseveró, aunque también dijo que en este momento las conversaciones están en un punto muerto.
Solano recalcó que si las cárceles han recibido orden de cierre es porque sobrepasan la capacidad que tienen en más de un 20%, por lo que las decisiones de los jueces de ejecución de la pena “no son antojadizas”, sino apegadas a derecho.
Con ella coincidió el magistrado Gerardo Rubén Alfaro Vargas, coordinador de la Comisión Corte - Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quien dijo que Justicia les ha trasladado un problema sistemático de su administración que data de muchos años.
