La Unidad Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) contará con 27 agentes y comenzará a operar en agosto de este año.

Así lo dio a conocer el director de ese cuerpo policial, Wálter Espinoza Espinoza, quien destacó que de no obtener el visto bueno del proyecto que presentarán ante el Consejo Superior del Poder Judicial están comprometidos a fortalecer esa área.

Para el jerarca este equipo de trabajo es una necesidad que tiene el país y que a su vez exige la población.

"Diseñamos un proyecto para esta Unidad que entregaremos al Consejo Superior entre este 5 y 8 de julio. De esa forma, ellos lo revisarán y determinarán si es viable. Es muy probable que así sea porque ya hay un compromiso previo de la Corte, pero independientemente de eso nosotros tenemos que fortalecer esa área porque es una necesidad del país, porque la población lo exige y porque las causas que generan casos de corrupción se mantienen.

”Con ese contexto la Policía tiene que ser un poco más fuerte y agresiva en la investigación y contención de estos delitos, por lo que va a haber un cambio de estructura, de paradigma y un esfuerzo sostenido con el Ministerio Público para tratar de hacer las cosas mejor y sobre todo pronto, porque históricamente ha pasado que se tardan muchos años”, explicó Espinoza.

Los agentes de la Unidad tendrán un puesto de oficial 2 y contarán con apoyo informático y pericial financiero, para que los grupos de trabajo permitan establecer una investigación más robusta.

Necesidades

El jefe judicial destacó que, como parte de las propuestas para que las investigaciones avancen con mayor rapidez, les planteó a los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico la posibilidad de que el OIJ y la Fiscalía tengan un acceso más sencillo a los datos financieros.

"En la actualidad los órganos de represión hacen los allanamientos, las detenciones y después les piden a los bancos o entidades financieras la información. Nosotros queremos invertir el proceso con el objetivo de que la investigación, abierta a partir de un indicio comprobado, sea más rápida.

“Nosotros comprendemos que el secreto bancario esté protegido constitucionalmente para proteger las cuentas de competidores, pero cuando se trata de la Policía y la Fiscalía debería haber mayor apertura, ya que no se trata de un chisme, sino de un caso serio que tiene personal asignado y que toma una determinación”, detalló Espinoza.

En la actualidad los procesos para la obtención de datos bancarios pueden tardar hasta seis meses, debido a que la Policía Judicial realiza un informe a partir de datos recolectados, lo remite a la Fiscalía y ahí se valora si es pertinente pedir una orden a un juez.

Posteriormente, el juez valora si lo hecho por las autoridades está fundamentado y, de ser así, emite una orden dirigida a entidades financieras para que ellos brinden los datos. No obstante, al no existir tiempos establecidos, pueden pasar semanas o meses, debido a la tramitología estatal y bancaria.

Espinoza añadió que, ante eso, plantearon al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) la implementación de un sistema digital para compilar los datos y reducir un poco la duración del proceso.

A finales de mayo, la fiscala general, Emilia Navas Aparicio, urgió a los magistrados aportar los fondos económicos necesarios para la creación de hechos de corrupción, debido a que no solo se requiere de agentes, sino también de su capacitación.

Entre los delitos que se investigarían están los de cuello blanco, como la legitimación de capitales, que por su naturaleza requiere una investigación muy meticulosa para encarcelar a los responsables.

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