En esa misma sentencia, los jueces impusieron cuatro años de prisión al corista y amigo del sacerdote, Patric Castillo Solano, por abusar del mismo menor pero durante el 2010.

También Monge, Castillo y la Arquiodiócesis de San José fueron condenados a pagar ¢60 millones por el daño moral causado a la víctimas. Asimismo, el tribunal dispuso que por un plazo de seis meses los sentenciados no podrán salir del país y, además, deberán firmar una vez al mes, mientras la pena adquiere firmeza.

Este caso trascendió a finales del 2010, pero no fue hasta febrero del 2011 cuando la víctima se presentó ante la Fiscalía Adjunta de Heredia para denunciar los casos.

Al parecer, el atraso en interponer la denuncia se debió a que el menor temía represalias.

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Desde marzo del 2011, tanto el sacerdote como el corista venían cumpliendo medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.

José Francisco Madrigal, representante legal de la víctima, indicó que se trata de una sentencia “totalmente proporcional”.

“Nos encontramos felices porque realmente reproduce lo que se logró demostrar en todo el proceso. La condenatoria es proporcional y coherente”, enfatizó.

Por su parte, Rafael Gairaud, defensor del sacerdote, aseguró que van a apelar el fallo, puesto que, a su criterio, este no analiza todos los argumentos de la defensa.

“No tiene ninguna coherencia la denuncia que se ha formulado porque el denunciante tiene una actitud particular hacia mi representado que no corresponde a la de una persona víctima”.

Paralelamente, la Arquidiócesis de San José envió un comunicado en el cual informaron de que desde el 15 de abril del 2015 se impuso " la pena perpetua y expiatoria de expulsión del estado clerical" de Sidar Monge Quesada.

Mamá de ofendido: ‘Se hizo justicia’

Tras escuchar la sentencia, Marlen Sánchez, mamá del ofendido, se mostró satisfecha. “Se hizo justicia. Estábamos diciendo la verdad en todo momento”, aseguró.

La madre dijo que su familia ya perdonó al cura, pero “eso no significa que él (Monge Quesada) no tenga que asumir las consecuencias”.

Sánchez y Freddy Gómez, papá de la víctima, apuntaron que, pese a toda esta situación, siguen siendo creyentes.

“Seguimos adelante con nuestra creencia. No podemos juzgar a todos los sacerdotes por igual, porque no todos tienen es manera de sentir y de actuar de este señor. En ese momento hubo dolor, pero hemos seguido en la fe y seguimos a Dios, no a los hombres”, concluyó.

Sánchez además pidió a todos los padres de familia que escuchen a sus hijos y que los apoyen. “Uno como padre y como madre sabe lo que uno tiene en la casa y sabe si ellos están diciendo la verdad. En el caso de nosotros duró tiempo para decirnos pero eran muchas situaciones que se daban pero si les digo a los padres que los escuchen y en todo momento defiéndanlos”, agregó.

Credibilidad a la víctima

Los jueces en este debate Cristian Espinoza Pizarro (quien presidió), Kryssia Quirós Villalobos y Laura Cervantes Ocampo, luego de dar a conocer la resolución, dijeron que en este caso le dieron total credibilidad a la versión del ofendido.

“El tribunal llega a la conclusión de que los hechos denunciados sí se cometieron, esto con base en el relato de la propia víctima, que fue respaldada en todo momento por lo que dijo su madre y su hermana (...) el tribunal cree en la versión de la víctima”, maniestó Espinoza.

El presidente del tribunal agregó que los juzgadores descartaban de que la denuncia fue una “historia inventada” para causar daño, pues argumentó que con la prueba recibida en debate quedó justificado el atraso en interponer la denuncia.

“En aquel momento la víctima pensó que su versión no iba a ser creíble (...) por lo que significaba el sacerdote para la familia”, añadió el juez.