EscucharUn psicólogo de apellidos Garita Arce, de 63 años, fue condenado el viernes 15 de marzo a 111 años de prisión por los delitos de abuso sexual y violación en perjuicio de tres pacientes durante el primer semestre del 2013.
Por las reglas del concurso material, la sentencia fue ajustada a 36 años de cárcel. Esta regla aplica cuando una persona comete más de un delito en diferentes momentos. Ante esto, se suman las penas que corresponden a cada delito, sin que la condena final supere el triple de la pena mayor.
Los hechos ocurrieron en el Hospital Nacional Psiquiátrico Dr. Roberto Chacón Paut, donde las tres mujeres, que en ese entonces tenían entre 30 y 45 años, estaban internadas en la unidad de crisis por diversos diagnósticos relacionados con eventos que enfrentaron en el pasado.
Lo que se suponía que serían terapias para sobrellevar la difícil situación que atravesaban se convirtieron en sucesos desagradables y traumáticos para las mujeres. Aunque la sentencia aún no está firme, ya que se debe esperar a que la parte acusada decida si apelará o no el fallo, las mujeres se sienten satisfechas con la decisión del Tribunal Penal de Cartago.
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En total, a Garita se le atribuyen ocho violaciones y tres abusos sexuales agravados en perjuicio de las víctimas, en diferentes momentos. Una de las víctimas sufrió tres violaciones y dos abusos sexuales agravados, otra sufrió un abuso sexual agravado y cuatro violaciones, y la tercera víctima sufrió una violación.
Al momento de los hechos, el vecino de San Josecito de Heredia estaba casado por segunda ocasión y también trabajaba como profesor en la Universidad de Costa Rica (UCR).
Primera denuncia motivó las demás
En una conversación con este medio, la abogada de dos de las víctimas, Amanda Segura, indicó que Garita nunca expresó ningún tipo de remordimiento, e incluso, al inicio, negó las acusaciones. Avanzado el juicio, que se desarrolló desde febrero hasta marzo, el sujeto admitió que ocurrieron los contactos sexuales, pero aclaró que fueron consentidos.
De acuerdo con Segura, el psicólogo manifestó que las mujeres lo seducían, por lo que “naturalmente” ocurrían los acercamientos.
Sin embargo, durante el juicio se comprobó que eso no era cierto y que el sujeto se aprovechó de la condición vulnerable en la que se encontraban las agraviadas. “Hubo intimidación, él a las tres les decía: ‘griten si quieren, ¿a quién le van a creer? ¿Al psicólogo o a la loca que está encerrada en una unidad del psiquiátrico?’”, aseguró la abogada.
La primera en denunciar lo hizo en el 2017; sin embargo, según Segura, no obtuvo respuesta de las autoridades hasta el 2019, cuando contactó a la prensa para exponer su caso. Luego de que la noticia sobre su ultraje saliera a la luz, fue contactada por las otras dos víctimas, a través del periodista que publicó su experiencia.
Una vez que las mujeres se conocieron, conversaron sobre lo sucedido y concluyeron que eran víctimas del mismo agresor. Sus denuncias fueron agrupadas en el expediente 17-000118-1360-PE.
En el 2021, la Plataforma Integrada de Servicios de Atención a Víctimas (Pisav) de La Unión consiguió que el Juzgado Penal de la zona ordenara que se realizara el juicio oral y público.
De acuerdo con la abogada, la primera mujer que denunció además estuvo en un grupo de apoyo para víctimas de violencia sexual en el Hospital Calderón Guardia. Ahí contó su testimonio y se percató de que en el grupo había más mujeres a las que Garita les hizo lo mismo. No obstante, las demás víctimas tomaron la decisión de no denunciar.
En 2021, además, dos de las víctimas se acercaron al Colegio de Psicólogos para presentar la denuncia contra Garita. En ese momento fue cuando conocieron a Segura, quien en ese entonces trabajaba en el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu).
Tras las dos causas, el sujeto fue suspendido por el Colegio de Psicólogos por 20 años. Sin embargo, según Segura, al profesional le dieron tiempo para jubilarse, pues aunque existieran denuncias en su contra, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) nunca lo sancionó o separó de sus funciones.
Los relatos de las mujeres
En el 2019, dos de las víctimas conversaron con La Nación y narraron parte de lo que vivieron al ser pacientes de Garita.
“Me costaba mucho dormir, entonces me inyectaban y al día siguiente me costaba mucho reaccionar, estaba muy medicada. Recuerdo que en una sesión en la mañana él me acostó sobre su escritorio y me violó”, narró una de las víctimas.
“Lo único en lo que yo pensaba en ese momento era en suicidarme en el baño, porque pensaba que solo muriendo podía terminar el infierno que estaba viviendo”, agregó.
De acuerdo con esta ofendida, Garita le dijo en su primera sesión que le recomendaba iniciar sus terapias “por la parte sexual”. Ella le dijo que no entendía por qué, si estaba internada por la pérdida de una persona allegada. No obstante, el sujeto insistió y le pidió que se quitara la ropa.
Tras vivir el traumático hecho, la mujer optó por dejar de comer durante un día y medio para que le pusieran una sonda y así no la llevarían a las terapias con Garita.
Pese a que al tiempo fue dada de alta, en su memoria aún viven los recuerdos de ese desagradable momento. “Era muy duro porque él continuaba las sesiones como si nada después de lo que hacía (las violaciones). Yo me sentía sucia y eso me afectó al salir, perdí mi familia, mi casa, mi estabilidad económica e intenté suicidarme a raíz de todo eso, mi vida se vino abajo”, aseguró.
Otra de las víctimas, quien también contó su experiencia a este medio en el 2019, reveló en ese entonces que su vida también tuvo un cambio abrupto tras las violaciones, ya que estaba a punto de casarse y la boda se canceló.
“Recuerdo que mientras él hacía eso (la violaba) yo veía la foto de la esposa y la hija en el escritorio y solo pensaba en cómo hacía eso, luego se vistió y se sentó a darme terapia como si nada hubiese pasado”, describió la ofendida.
Durante el 2021 y el 2023, mientras Garita se encontraba a la espera de su juicio, no fue privado de libertad de manera preventiva, sino que tenía impedimento de salida del país, debía mantener un domicilio fijo y actualizado, y tenía que presentarse a firmar cada mes en el Pisav. Además, estaba prohibido que mantuviera contacto con las víctimas del proceso.
Por lo anterior, la primera vez que se le privó de su libertad fue el 15 de marzo, cuando se conoció su condena. En ese momento, “entró en shock”, según la abogada de dos de las víctimas. “No pudo ni siquiera hablar. Él no se lo esperaba. Nosotras dejamos la sala antes de saber si se desmayó o no”, añadió.
Las víctimas se sienten aliviadas por el resultado del proceso judicial. Además, recibieron una indemnización por daños morales: una de ellas recibió ¢13 millones, otra ¢12 millones y otra ¢7 millones. No obstante, son conscientes de que esta suma no podrá reparar el daño sufrido.
En el pasado, Garita Arce ya había sido investigado por otros asuntos de índole sexual. Por ejemplo, en octubre del 2013, mismo año de las agresiones sexuales, fue objeto de una investigación disciplinaria producto de una queja por hostigamiento sexual presentada por una usuaria de la CCSS.
