Una denuncia contra el exalcalde de Alajuelita, Víctor Hugo Chavarría Ureña, fue presentada ante la Fiscalía por parte de la Procuraduría de la Ética.

La gestión se presentó como resultado de una investigación realizada contra quien fuera jerarca municipal en tres periodos, por presuntas irregularidades en el otorgamiento de dar visados para construcciones. El caso, específicamente, se habría dado durante la gestión de 2010 a 2016.

Según un comunicado de la Procuraduría, el entonces funcionario habría otorgado “personalmente” cerca de 116 visados municipales a planos catastrados que fueron pedidos por una misma empresa constructora, “sin contar con los informes técnicos del Departamento de Desarrollo Urbano Rural o Planificación Urbana” del Ayuntamiento.

Tales autorizaciones, según la investigación, contravinieron la Ley de Planificación Urbana, por lo cual el jerarca local podría haber cometido el delito de prevaricato, en el que incurre aquel funcionario judicial o administrativo que dicte resoluciones contrarias a la ley o fundadas en hechos falsos.

Esta conducta, regulada por el artículo 357 del Código Penal, se castiga con prisión de dos a seis años de prisión.

Chavarría explicó, vía telefónica, que nunca fue informado de la investigación de parte de la Procuraduría, por lo tanto no ha tenido oportunidad de dar su versión. Él alega que actuó amparado por la ley.

Cree que el caso se relaciona con los visados para viviendas de una urbanización colindante con el cantón de Escazú, para la cual el responsable de catastro se negó a otorgarlos. Por esa razón, dijo, él como superior jerárquico procedió a visarlos. Según alega, lo hizo apegado al Código Municipal y la Ley de Planificación Urbana.

“Todas mis actuaciones durante los tres periodos que fui alcalde fueron amparadas bajo todas las leyes y lo que hay es un malentendido. No fui tomado en cuenta en el proceso y quisiera tener oportunidad”, expresó.

Chavarría también lideró el gobierno local de 1998 al 2002 y del 2002 al 2006.

Aseguró que de manera inmediata buscará asesoría de un abogado y acudirá a la Fiscalía. No ocultó su preocupación por recientes acciones judiciales contra otros jerarcas municipales.

Otros casos

Este lunes, el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanaron la vivienda del alcalde de Guácimo, Gerardo Fuentes, como parte de pesquisas por la supuesta concesión de permisos de manera irregular para un proyecto urbanístico.

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Este jerarca, junto con el presidente municipal, de apellido Mejías, quedaron suspendidos de sus cargos por seis meses. A ellos les siguen causa por delitos de tráfico de infuencias e influencia en la hacienda pública, falsedad ideológica y uso de documento falso.

El martes, Marvin Solano Zúñiga, el alcalde de Paraíso, presentó la renuncia, “por la tranqulidad de su familia” , según argumentó.

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A él el Ministerio Público lo investiga también por supuestas irregularidades en obras de proyectos privados y remodelaciones de obra pública. El funcionario afronta cuatro denuncias.