El alcalde de Paraíso de Cartago, Marvin Solano Zúñiga, renunció a su cargo este lunes al mediodía ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
A Solano, de 57 años, se le atribuyen supuestas irregularidades en obras de proyectos privados y remodelaciones de obra pública. El funcionario afronta cuatro denuncias ante el Ministerio Público en relación con estos hechos.
“Puse mi renuncia a partir del 8 de febrero. Lo hice por la tranquilidad de mi familia, la paz de mi esposa e hija, ya que han sido muy crueles los ataques . Yo los resisto, pero mis seres queridos viven en constante pesar”, manifestó Solano.
Solano dijo que, por segunda vez, comparecerá este martes ante la Comisión Especial de Diputados, ya que “el que nada debe, nada teme”. Añadió que rechaza los cargos de corrupción, por lo que espera confiado la resolución de los tribunales.
El jerarca será sustituido por Laura Morales Brenes, quien funge como vicealcaldesa.
En junio del 2018, el Ministerio Público acusó a Solano, y a cuatro funcionarios municipales más, por presuntas irregularidades en el trámite de construcción del motel Tu y Yo, en ese cantón.
Además de Solano, aparecen como imputados tres hombres apellidados Varela Brenes, Álvarez Quesada e Irola Brenes, y una mujer de apellidos Calderón Moya. Todos están señalados por los delitos de negociaciones incompatibles, incumplimiento de deberes y tráfico de influencias.
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La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), informó de que la acusación se sigue en el expediente 17-000022-0033-PE.
Solano ha sido tres veces alcalde, primero por el Partido Auténtico Paraiseño, luego por el Libertario y de último por el Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE).
Los paraiseños participaron el 20 de mayo del año pasado de un plebiscito para decidir la permanencia del alcalde en su cargo; sin embargo, no se alcanzaron los votos sufientes para destituirlo.
Pese al resultado a su favor, Solano debió separarse de todos los procesos relacionados con la consulta popular en la que los vecinos del cantón decidieron su futuro. En aquella ocasión, el TSE autorizó la consulta que fue financiada con ¢20 millones que salieron de la alcaldía.
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Así lo determinó una resolución del TSE, que indicaba que Solano estaba obligado, en razón de su cargo, a cumplir con su deber de objetividad e imparcialidad y por ello debió “apartarse, desde el primer momento, del conocimiento, dirección y supervisión (...) de todos aquellos procedimientos relacionados con la celebración del plebiscito revocatorio de mandato.
Reacción del PAC
La diputada Laura Guido, del Partido Acción Ciudadana (PAC), expresó que la renuncia era la única salida medianamente decente que podía tomar Solano.
“Ya la ciudadanía le había pedido la salida y más bien se sostuvo demasiado tiempo en el puesto. Además, es importante que la gente sepa que igual vamos a investigar, hasta las últimas consecuencias, el manejo del recursos públicos y las dudas que hay sobre el otorgamiento de visados para proyectos de vivienda urbanísticos, condominios y demás que no cumplía los requisitos, sobre los cuales hay serias preocupaciones que estuvieran afectando el interés público”, dijo Guido.
