La falta de un pronunciamiento por parte de la Municipalidad de Paraíso, en Cartago, permitió el inicio de operaciones del Motel Tu y Yo, cuya construcción estuvo rodeada de polémica.
El establecimiento abrió este martes en el distrito Llanos de Santa Lucía mediante la aplicación del llamado "silencio positivo", pues el Concejo Municipal no respondió la petición de patente en el plazo legal de 30 días.
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De esta forma, la empresa Unicosta, de capital chino, se acogió a ese silencio para obtener la autorización. El motel tiene 70 habitaciones y el costo de la obra es cercano a los ¢1.500 millones.
La regidora Ivannia Solano, explicó que una comisión integrada por el Concejo, entre regidores y asesores, no se manifestó en los 30 días hábiles que había que hacerlo, y por esa causa, al final tuvo que ceder.
Según la vicepresidenta municipal, Xiomara Sánchez, la otorgaron por la "presión del silencio administrativo positivo, que incluso fue presentado por el alcalde, Marvin Solano, en su apartado de temas.
Por su parte, Rosa Elena Segura, representante legal del motel, dijo que su cliente está "satisfecho" pues cumplieron la normativa y por eso abrieron.
Durante la construcción de este proyecto se habrían dado supuestas irregularidades por las que se investigó al alcalde paraiseño y a otros cuatro funcionarios del municipio, de apellidos Varela Brenes, Álvarez Quesada, Irola Brenes, y Calderón Moya.
Los cinco trabajadores fueron acusados por la Fiscalía de Anticorrupción por los delitos de negociaciones incompatibles, incumplimiento de deberes y tráfico de influencias. La solicitud de elevación a juicio está pendiente de resolver en el Juzgado Penal de Hacienda, responsable de conocer hechos de corrupción en instituciones públicas.
Entre los hechos que deberán aclararse está si funcionarios municipales que otorgan los permisos de construcción también daban servicios privados a la empresa que desarrolló el motel.
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El Concejo se presentó como querellante, y actor civil.
Sobre el tema, la representante de la empresa aclaró que la firma no tiene ninguna relación con el proceso penal.
