El Concejo Municipal de Paraíso, en Cartago, pidió a la auditoría interna investigar si hubo irregularidades en el otorgamiento de permisos para la construcción de un motel en el distrito de Llanos de Santa Lucía.
La orden para realizar la pesquisa se resolvió en la sesión del 10 de abril.
De acuerdo con el regidor Nelson Moya, el Concejo se enteró del caso por una publicación del periódico local El Paraiseño, en la cual se denunció que dos funcionarios habrían incurrido en un supuesto conflicto de intereses, pues laboran en oficinas en las que se tramitan permisos para construcción y presuntamente están ligados a la empresa que gestiona la construcción del motel.
"Copia de este expediente tramitado en Setena fue entregado al editor de este medio de comunicación junto a algunas copias de otros trámites y la respectiva denuncia, de lo que según vecinos del sector donde se desarrolla el proyecto, son irregularides", dice el artículo en la edición de abril de El Paraiseño.
La Nación tiene copia de un certificado de uso de suelo que firmó en octubre del 2016 una funcionaria de apellido Calderón, cuya rúbrica también aparece en un contrato de servicios profesionales con la empresa Unicosta del Caribe S. A., que gestiona el negocio. Según este último, ella también se encargaría de los estudios preliminares, el anteproyecto, los planos de construcción y la dirección técnica del proyecto.
De esta información fue alertado el alcalde de Paraíso, Marvin Solano, mediante un oficio. Con este dato, el jerarca le pidió explicaciones a Calderón, quien contestó que desconocía la existencia de algún impedimento para ejercer de forma privada su profesión.
"Anterior a la fecha 6 de julio del 2016, no se me giró ninguna directriz por escrito por parte de la alcaldía o auditoría, donde se me prohibiera realizar trabajos por fuera, pues era de mi desconocimiento", respondió Calderón, según otro oficio, en poder de este diario.
Con esa respuesta, el alcalde permitió continuar con la gestión de los permisos de construcción.
La denuncia del periódico local también implica a un empleado de apellido Varela, quien aparentemente dio el visto bueno del Departamento de Gestión Ambiental para que se prosiguiera con el trámite del motel, al tiempo que, al parecer, fungía como responsable ambiental del proyecto. Así consta en documentos enviados por el mismo Varela a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).
La denuncia se da en un momento en que la construcción está muy avanzada. Según la documentación municipal, el proyecto tiene un valor de ¢1.496 millones y constará de 65 habitaciones (sencillas, ejecutivas y de lujo). Se ubica 650 metros al oeste del Jardín Botánico Lankester, muy cerca de otro motel.
Sin plazo
Sonia Mata, presidenta del Concejo Municipal, aseguró que no puede adelantar cuánto tardará la investigación de la Auditoría.
"Una vez concluida, se debe presentar un informe, en el que se señalen los nombres de los funcionarios que hayan incurrido en hechos irregulares, si es que de verdad hay hechos irregulares. El Concejo no puede tomar ninguna acción sin tener ese criterio", dijo Mata.
El caso también ingresó al área de Denuncias e Investigaciones de la Contraloría General de la República el 17 de abril. La gestión se refiere a "labores de una autoridad municipal" y se encuentra en etapa de admisibilidad, informó la entidad.
La Nación hizo varias llamadas y dejó mensajes a Marvin Solano, alcalde paraiseño, pero no ha obtenido respuesta. También se contactó a Varela y Calderón, quienes declinaron dar declaraciones.
Un pronunciamiento enviado en noviembre del 2009 por la Produraduría General de la República a la Municipalidad de Paraíso, con motivo de un caso similar, señaló el impedimento para que un profesional trabaje en la gestión de permisos municipales y a la vez en proyectos privados que necesiten aprobación del gobierno local.
"En aras de la transparencia que debe regir la función pública, no es posible que el encargado de un proyecto particular esté en posibilidad de emitir en su condición de funcionario, un acto –aunque sea de carácter preparatorio– que posteriormente pueda derivar una ventaja o beneficio a su favor", dice el criterio de aquel documento, firmado por la procuradora adjunta Silvia Patiño.