
La exdirectora jurídica del Poder Judicial utilizó durante tres meses del 2016 a un subalterno para que la ayudara a investigar y redactar una tesis para optar al grado de doctorado en Derecho.
La situación anómala se presentó entre los meses de mayo a agosto del 2016 según determinó una investigación del Tribunal de la Inspección Judicial, cuyo resultado fue conocido y confirmado en la sesión del Consejo Superior del Poder Judicial apenas el pasado 18 de marzo.
De acuerdo con el acta del Consejo, se trata de una exfuncionaria de apellidos Monge Molina, a quien desde el 2016 se le abrió una investigación interna tanto por ese hecho, como por utilizar a notificadores judiciales para que inscribieran a un hijo en la escuela de fútbol del Club Sport Herediano, y para que llevaran incapacidades de su esposo a la Ciudad Judicial en San Joaquín de Flores, en Heredia.
Al cerrar la pesquisa, el Consejo Superior determinó que la sanción que se justifica “conforme a los principios de proporcionalidad y racionalidad que inspiran el derecho laboral sancionatorio y en este caso por la gravedad de las conductas en que incurrió la investigada, es el despido, pues en este caso se ha generado una pérdida objetiva de confianza”.
Sin embargo, la sanción no se pudo imponer pues Monge Molina renunció al Poder Judicial desde el 3 de setiembre del 2018.
Por estos mismo hechos, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción allanó la Dirección Jurídica el 20 de noviembre del 2017 y abrió un proceso penal.
Sobre ese proceso el Ministerio Público informó: “La causa 17-000113-1218-PE se mantiene en investigación, por el presunto delito de peculado, en contra de una mujer de apellidos Monge Molina.
“Por estar la investigación protegida por la privacidad de las actuaciones, es todo lo que puede informarse.”
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La Dirección Jurídica del Poder Judicial fue creada en febrero del 2015 y desde ese momento se encomendó a Monge Molina dirigir la oficina. Ella fue relevada del cargo el 21 de noviembre del 2017 cuando la suspendieron durante tres meses y renunció en el 2018. En ese momento tenía 15 años de laborar para el Poder Judicial.
La Nación intentó contactar con Monge pero no fue posible localizarla en los teléfonos asignados a su nombre.
Conducta anómala
El caso de la exdirectora jurídica del Poder Judicial lo conoció el Consejo Superior en la sesión del pasado 18 de marzo, pues Monge había apelado la revocatoria de su nombramiento.
Según la investigación, los hechos tienen su origen entre abril y mayo del 2016, cuando la exfuncionaria le pidió a Bolaños, un técnico judicial, que le prestara colaboración para la confección de un documento de orden personal o sea la tesis para optar por el grado de Doctorado Académico.
“Encargo que debía realizar como parte de sus funciones dentro de la jornada laboral en la Dirección Jurídica”, señala la documentación.
Para que el subalterno realizara la labor le aportó insumos tales como “libros para trabajar en la tesis y le indicó que el tema a desarrollar era sobre la crisis del Estado Benefactor y la creación de la Sala Constitucional y (...). Además le indicó que manejara con discreción ese asunto y que no le contara nada a nadie”.
De acuerdo con la pesquisa, entre los meses de mayo a agosto del 2016 Bolaños utilizó aproximadamente un 80% de su tiempo laboral para trabajar en la tesis.
Para ello usó una computadora de escritorio del Poder Judicial en una oficina de la Dirección Jurídica, que estaba en el quinto piso del edificio de la Defensa Pública, en San José.
A inicios de agosto del 2016, la exdirectora jurídica le agradeció a Bolaños la labor hecha y le pidió que le entregara el avance de la investigación.
Se trató de un documento de aproximadamente 300 hojas, que se encontraba capitulado pero que tenía partes pendientes de redacción, determinó la investigación del Tribunal de la Inspección Judicial.
Asimismo, la documentación señala que en los meses de junio o julio del 2017 un notificador judicial de apellido Hidalgo, que laboraba para la Dirección Jurídica, a pedido de Monge “se trasladó a las instalaciones del Estadio Eladio Rosabal Cordero (en Heredia), propiamente a la Oficina de Reclutamiento, a fin de inscribir a un menor de edad hijo de la denunciada Monge Molina, como participante en una actividad denominada “visoría de liga menor”.
Descargo
Monge Molina en el recurso de apelación que presentó ante el Consejo Superior, argumentó que en el proceso administrativo se violó el debido proceso, pues cuando tuvo conocimiento de la denuncia anónima no le permitieron el acceso al expediente.
“La actuación de la Inspección violentó el acceso a la información a la que tiene derecho la persona que preliminarmente está siendo investigada”, alegó.
También cuestionó que se violentaron los deberes de confidencialidad y privacidad pues dijo que sin ser notificada de la investigación en su contra, ya la prensa había informado de que la Directora Jurídica había sido suspendida temporalmente de su cargo.
La exfuncionaria rechazó que Bolaños colaborara en la confección de la tesis, pues afirmó que durante la investigación “no fue posible acreditar que yo llamara al señor Bolaños a mi oficina para ordenarle que trabajara en mi tesis doctoral. Yo realicé la tesis mucho antes de la fecha acusada, cuando me desempeñaba como auxiliar judicial”.
Sin embargo, el Consejo Superior estimó: “Este órgano no encuentra (...) infracción al debido proceso, ni al derecho de defensa de la parte apelante” y determinó que la sanción correcta era la revocatoria de nombramiento.
“Estima este Consejo (...) que casos como este no es posible otra sanción a la que fue impuesta, por cuanto existe una violación grave a los deberes que está obligado a cumplir una persona como servidora judicial.
“Se ha acreditado el uso de recurso humano y material, perteneciente a la Institución, para obtener beneficios para sí misma o un tercero. La encausada aprovechó la relación de jerarquía que tenía frente a sus subalternos.
“Los hechos llevan a desconfiar de la servidora investigada, como persona idónea para atender el puesto que le ha sido delegado, más agravante aún tratándose de la Directora Jurídica de la Institución, por lo cual debía ser consciente de una mayor exigencia de probidad en sus actuaciones.
“Era esperable una conducta apegada a las leyes y el ordenamiento jurídico (...), su comportamiento permite que se hagan cuestionamientos acerca de la idoneidad de ejercer el puesto por el cual ha sido contratada, situación que no puede ser permitida, pues ello afecta negativamente la imagen de la Institución, generando inseguridad en la ciudadanía y desacreditando la Administración de Justicia”, concluyó el Consejo Superior.
