La negligencia de la Fiscalía facilitó la prescripción de una causa seguida contra un juez de la República, a quien se le investigaba desde el 2017 por conducción temeraria, lesiones leves y resistencia agravada.

Así consta en la sentencia 198-202, dictada el 28 de mayo pasado por el Juzgado Penal de San Carlos, en la cual se dicta un sobreseimiento definitivo en favor del imputado, de apellidos Morera González.

“Dentro de este proceso ha existido una clara incuria (negligencia) procesal en el tratamiento de una causa tan sencilla por parte del ente acusador, quien debe en primera instancia supervisar por cumplir con los estándares constitucionales a fin de procurar una justicia pronta y cumplida.

“Este tratamiento tardío dentro del contexto procesal ha colaborado a que se cumpla con el funesto plazo de prescripción”, fustiga Rodrigo Mora, el juez penal a cargo del fallo.

Según detalló Mora en la resolución, de la cual La Nación tiene copia, los hechos que se investigaban ocurrieron el 23 de abril del 2017. Ese mismo día se indagó al sospechoso

A partir de ese momento y según lo establece el artículo 33 del Código Procesal Penal, el plazo de prescripción de la conducción temeraria y las lesiones leves era de año y medio, y de dos años y cinco meses para la resistencia agravada.

No obstante, entre la indagatoria (primer acto interruptorio de la prescripción) y el señalamiento a audiencia preliminar (segundo acto interruptor que data de agosto del 2020) pasaron poco más de tres años y tres meses, sobrepasando con demasía el tiempo permitido, apuntó Mora.

“La acción penal cumplió con el fatal término de prescripción con respecto a los delitos de conducción temeraria y lesiones leves el 23 de octubre del 2018 y con respecto al delito de resistencia agravada el 23 de setiembre del 2019”, reprochó el juzgador.

Por ello, el juez Rodrigo Mora ordenó comunicar a la jefatura de la Fiscalía de San Carlos la negligencia cometida por el fiscal a cargo del caso “a efectos de que sea esta quien dictamine, si debe aperturarse un proceso disciplinario”.

Se intentó conocer con el Ministerio Público quién era el funcionario, si se abrió o no una causa administrativa, pero al cierre de esta información no se obtuvo respuesta.

¿Qué le atribuía la Fiscalía?

Según la pieza acusatoria del Ministerio Público, los hechos ocurrieron a las 2:40 a. m. del 23 de abril del 2017 en Florencia de San Carlos, Alajuela.

En apariencia, el juez Morera González conducía su vehículo bajo los efectos del alcohol. “Presentaba una concentración de alcohol en sangre entre 2,23 y 2,71 gramos por cada litro de sangre, nivel superior al permitido por la ley”, estipuló el fiscal.

Esa presunta condición provocó, al parecer, que el juzgador colisionara contra otro vehículo.

En la acusación se indica que, poco después del choque, oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) del Ministerio de Seguridad pasaron por el sitio y observaron la situación, por lo que decidieron atenderla.

Los policías intentaron abordar al acusado, pero la Fiscalía aseguró que él, “con el ánimo de obstaculizar el ejercicio de la función policial, opuso resistencia al no permitir a los oficiales realizar su labor y de forma altanera e irrespetuosa, aprovechando su condición de juez, empezó a gritarle a los oficiales: ‘Hijuep... policías, muertos de hambre, yo soy un juez de la República’”.

El Ministerio Público continuó su pieza al indicar que Morera intentó retirarse del lugar y, como los oficiales no se lo permitieron, “reaccionó nuevamente de forma violenta, manifestándoles: ‘Yo soy juez de la República, hijuep... (...), ustedes no me pueden detener, yo me voy a pasear en su trabajo’”.

El ente fiscal lo acusó también porque, supuestamente, el juzgador agredió a los oficiales; uno de ellos, resaltó, hasta tuvo que ser incapacitado por siete días.