Judiciales

Mujeres ganaban hasta ¢500.000 diarios por falsificar y vender documentos a extranjeros

Policía Profesional de Migración comenzó investigación en setiembre del año pasado y logró identificar a las detenidas como las líderes de un grupo dedicado a ese ilícito

Dos mujeres que, en apariencia, lideraban un grupo dedicado a la falsificación de documentos para extranjeros fueron detenidas por la Policía Profesional de Migración este jueves en Alajuela.

Las capturas fueron hechas en el cantón central y en Desamparados, ambos en la provincia eriza, informó ese cuerpo policial.

Según las autoridades, en setiembre del 2020 se abrió una investigación que permitió establecer la existencia de una agrupación que se encargaba de comercializar de manera ilegal diversos títulos y carnés, los cuales tenían precios variables.

En los últimos nueve meses se pudo establecer que ofrecían: Carné Provisional de Permiso Laboral para personas refugiadas, emitido por la Dirección General de Migración y Extranjería, así como licencias de conducir, carné de manipulación de alimentos y títulos de Educación Básica y Bachillerato en Educación Media.

Las presuntas cabecillas, quienes se encargaban de la confección y distribución de los documentos que vendían, responden a los apellidos Chaves Campos y Moreno Maradiaga.

Migración precisó que, previamente, dos personas sospechosas fueron detenidas por trabajar con ellas.

“Los documentos oscilaban entre los ¢25.000 y ¢60.000″, precisó Stephen Madden Barrientos, director de la Policía Profesional de Migración.

Aunque no se maneja un dato exacto de cuántos documentos diarios se distribuían, ya que el negocio era por demanda y esto lo hacía variable, se estima que al día podían obtener ganancias de entre ¢400.000 y ¢500.000.

Contactos específicos

De acuerdo con la investigación, los presuntos miembros de la organización coordinaban con personas extranjeras en condición migratoria irregular y les ofrecían sus servicios.

Además, se determinó que solicitaban datos personales, fotos tamaño pasaporte con fondo blanco y una imagen de la firma impresa en una hoja en blanco para la preparación de las identificaciones y papelería falsa.

Los documentos, aparentemente, eran elaborados en la vivienda de Chaves Campos, mientras que Moreno se encargaba de entregarlos.

Migración precisó que como parte de las pesquisas, realizaron inspecciones en diferentes empresas y detectaron el uso de los documentos falsos elaborados por el grupo.

“Las personas extranjeras utilizaban los documentos falsos de forma variada según su finalidad, desde el uso de identificaciones migratorias para evadir a las autoridades, hasta la obtención de certificaciones de antecedentes penales, apertura de cuentas bancarias, trabajos formales en empresas de la industria alimentaria, entre otros”, detalló la institución.

El director del cuerpo policial migratorio detalló que continuarán con investigaciones de este tipo, ya que no solo se trata de un hecho delictivo, sino que además se expone la seguridad pública y nacional por falsificar datos sensibles.

Decomisos claves

Durante los allanamientos las autoridades decomisaron diversos artículos, entre estos siete teléfonos celulares, tres impresoras, dos guillotinas, una impresora de carnés, una cámara digital, una tarjeta de memoria, una computadora, así como otros implementos utilizados para la fabricación de los documentos e identificaciones falsas.

En las diligencias también se encontraron más de ¢4 millones en efectivo, comprobantes bancarios, así como documentos falsos ya listos para su distribución, entre estos licencias de conducir, carnés de manipulación de alimentos, acreditaciones del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y permisos laborales para personas refugiadas.

Tanto Chaves como Moreno fueron puestas a las órdenes del Ministerio Público para que se les defina su situación jurídica, ya que figuran como sospechosas de los delitos de falsificación de documentos públicos y auténticos y de venta o distribución de documentos públicos y privados.

El primer ilícito se castiga con penas carcelarias de uno a seis años, mientras que por el segundo el castigo de prisión establecido va de tres a seis años, según los artículos 366 y 369 bis del Código Penal, respectivamente.

La Fiscalía informó de que la investigación se agrupa dentro del expediente 21–000265–0305–PE.

Eillyn Jiménez B.

Eillyn Jiménez B.

Periodista de la Sección de Sucesos y Judiciales. Bachiller en Periodismo de la Universidad Internacional de Las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo de la Universidad Americana.

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