La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), confirmó que investiga a Wálter Espinoza, director del OIJ, por un supuesto incumplimiento de deberes cometido en el caso de la desaparición y posterior asesinato de Luany Valeria Salazar, en La Unión de Cartago.

Ante una consulta de este medio, la oficina de prensa de esa institución indicó que la semana pasada la Fiscalía General recibió dos denuncias por correo electrónico en contra de Espinoza.

Una vez que las tuvo en su poder, Emilia Navas Aparicio, fiscala general, ordenó la remisión de las denuncias a la Fapta, “para su debido análisis e investigación de los hechos denunciados”.

En primera instancia, agregó el Ministerio Público, las quejas tienen relación con un presunto delito de incumplimiento de deberes, “pero, conforme avance la investigación, se definirá la calificación correspondiente”.

Una de las denuncias fue interpuesta por Joseph Rivera, abogado de la familia de Luany, mientras que la otra fue interpuesta por un conjunto de grupos civiles, que protestaron en contra de la exposición que hizo Espinoza el jueves pasado ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.

Él fue citado para brindar explicaciones sobre el tratamiento que se le brindó a la denuncia de la desaparición de la muchacha, de 23 años, ya que la familia de ella aseguró que en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no le dieron la importancia debida.

En la comparecencia, el jerarca policial, quien aseguró que el artículo 295 del Código Procesal Penal le impedía ahondar en detalles propios de la investigación, defendió la labor realizada y brindó un perfil de la víctima: era novia de un sicario de una temida banda narco liderada por Luis Ángel Martínez Fajardo, conocido como Pollo.

También reveló que trabajaba en un hotel josefino, que tiempo atrás estuvo envuelta en una balacera a lo interno de un motel en Paso Ancho y que era adicta a las drogas.

Eso lo expuso cuando hablaba de que, como parte de toda investigación, se hace una victimología (un perfil) y que, en este caso puntual, esos fueron los resultados que obtuvieron.

Dichas palabras provocaron que estos grupos civiles enviaran cartas al OIJ, a la Corte Plena, a la fiscala general Emilia Navas y al Consejo Superior, para hacer notar su “repudio” hacia lo dicho por Espinoza.

Entre los grupos se encuentran Acción Respeto, Sombrilla Costa Rica, Federación de Estudiantes Universidad de Costa Rica, Asociación Costarricense de Derechos Humanos (Acodehu), entre muchas otras.

“Durante la comparecencia, Espinoza brindó una serie de detalles personales de la vida de Luany basados en prejuicios de género y de clase, brindó especulaciones responsabilizando a la víctima de su propio asesinato, y culpabilizando a sus familiares. Es clara la revictimización a la que ha sido sometida la familia de Luany, mujer víctima de un feminicidio atroz, situación que no es ajena y es reproducida en múltiples casos donde se permea la violencia de género”, se lee en las cartas firmadas por los representantes de los citados grupos.

Agregaron: “Para el director actual del OIJ resulta más importante la imagen de su institución y la de “sus muchachos” que proteger a la población, incumpliendo así con sus mandatos”.

Por esa razón es que también piden la destitución de Espinoza.

La familia de la fallecida, por su parte, también se mostró “devastada” por los comentarios del jerarca y es por ello que valoran demandarlo también por difamación, confirmó su abogado Joseph Rivera.

Desaparición y asesinato

La última vez que la familia supo de Luany Valeria Salazar fue el martes 9 de junio. Ese día ella le dijo a su mamá, Patricia Zamora, que iba a salir con una amiga, pero nunca volvió.

No fue hasta dos días después que los parientes alertaron al OIJ sobre la desaparición. Ellos alegan a que llamaron al sistema de emergencias 9-1-1 para comunicar la desaparición, pero, aseguran, ahí les indicaron que debían esperar entre 24 y 48 horas para denunciarlo.

Espinoza, durante la comparecencia, aseguró que la denuncia se tomó con la seriedad del caso, que le pidieron a los familiares fotografías recientes de Luany para publicarlas en redes sociales y les indicaron que cualquier dato era importante para la investigación.

El jefe policial aseguró que la madre no mencionó nunca que sospechaba de alguien; sin embargo, en una copia de la denuncia que tiene La Nación, se observa que la mamá sí señaló a un vecino como la última persona con la que se vio a su hija.

La Policía Judicial aseguró que, entre jueves y el sábado, realizó entre 15 y 17 acciones policiales que iban encaminadas a resolver la desaparición.

No obstante, el lunes 15 de junio, un hermano de Luany pidió permiso para ingresar a una casa vecina, porque ahí fue vista por última vez.

Al estar en el patio de esa vivienda, observó tierra removida por lo que comenzó a escarbar y, en un momento dado, sintió una bolsa. Al sacarla y romperla, descubrió el cuerpo de la joven.

Al día siguiente, la Fuerza Pública detuvo a un sujeto, de apellido Mejía y conocido como Hippie, por ser el sospechoso del asesinato. Él vivía en la casa donde encontraron el cadáver y, tras las evidencias recabadas, fue enviado seis meses a prisión preventiva.

Eso sí, desde que se supo del hallazgo, la familia volteó la mirada al OIJ, al asegurar que no hicieron lo propio.

Por esas acusaciones, el Tribunal de Inspección Judicial abrió de oficio una causa para determinar si hubo o no inacción de la Policía Judicial en este caso.