Katherine Chaves R.. 6 abril
En octubre del 2019, el OIJ detuvo a los supuestos responsables de la colocación de artefactos explosivos en el Congreso y las instalaciones de Teletica. Foto: Alonso Tenorio
En octubre del 2019, el OIJ detuvo a los supuestos responsables de la colocación de artefactos explosivos en el Congreso y las instalaciones de Teletica. Foto: Alonso Tenorio

El Juzgado Penal de San José dictó este martes un sobreseimiento definitivo a favor de una supuesta banda que fue señalada por colocar explosivos frente a Teletica y el Congreso.

La información fue confirmada por la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, luego de que les notificaran por escrito la resolución de la audiencia preliminar, que se realizó entre el 29 y 31 de marzo pasado.

Los imputados en este caso eran el supuesto líder del grupo Miguel Alejandro Gutiérrez Pizarro, quien es abogado; Manfred Sandoval Alvarado, alias Macuá; Tobby Rafael Borbón Navarro; Luis Diego Navarro Naranjo; Jerry Humberto Calderón Navarro y Álvaro Ureña Wong.

Todos ellos estaban en prisión preventiva, con lo que, a partir de este martes, quedaron en libertad.

También figuraba como sospechosa una mujer llamada Aida Patricia de los Ángeles Fernández Castro, una maestra con 22 años de experiencia.

Fernández, por el contrario, sí gozaba de su libertad, solo tenía que cumplir medidas cautelares cuyo detalle nunca trascendió.

Sobre las razones del fallo se conoce poco, ya que el Juzgado Penal de San José solo indicó que rechazó el auto de apertura a juicio “por haber sido decretada una actividad procesal defectuosa, que afecta parte del elenco probatorio que sirve de base en el requerimiento fiscal”.

Por su parte, la Fiscalía no brindó detalles con respecto a los argumentos del juzgador, pero sí aseguró que apelara la resolución.

“Esta Fiscalía indicó que presentará un recurso de apelación ante el Tribunal Penal respectivo, puesto que no comparte la resolución del Juzgado”, se limitó a manifestar el ente acusador.

Acusación

En setiembre pasado, La Nación dio a conocer que la Fiscalía acusó a los siete encartados. La pieza acusatoria quedó elaborada de la siguiente manera:

  • Dos delitos de incendio o explosión contra Ureña, Sandoval y Borbón.
  • Un delito de incendio o explosión contra Gutiérrez y Navarro.
  • Dos delitos de fabricación o tenencia de materiales explosivos contra Calderón.
  • Un delito de fabricación o tenencia de materiales explosivos contra Gutiérrez, Ureña, Sandoval, Borbón y Navarro.
  • Un delito de apoyo y servicio para el terrorismo contra Fernández.
  • Un delito de asociación ilícita contra todo el grupo.

Dichos ilícitos son castigados con penas que van desde cuatro años hasta los 20 años de prisión.

Según el ente acusador, el primer caso con el que se vinculaba a esta organización ocurrió el 26 de junio del 2019 cuando los imputados supuestamente colocaron, a eso de la 1:30 a. m., un artefacto explosivo en la ventana de la diputada Zoila Rosa Volio, del Partido Integración Nacional (PIN).

La bomba tipo molotov provocó daños menores en el despacho. No obstante, la legisladora aseguró que había recibido amenazas en al menos dos ocasiones.

Casi un mes después, el 27 de julio, tres sujetos colocaron un extintor lleno de pólvora negra cerca de un ventanal de la Televisora de Costa Rica (Teletica), en Sabana oeste.

Esa vez, el artefacto fue detonado a eso de las 11:30 p. m. y reventó una gran ventana del edificio, según denunció el propio medio en su página de Internet. Nadie resultó herido.

Un día después de esa explosión, se divulgaron varios audios en WhatsApp que amenazaban de muerte al presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, e incitaban a atacar medios de comunicación.

En una de esas grabaciones, se escuchaba a una mujer asegurando que había que dispararle al mandatario.

Tres meses después de ese último incidente, en octubre del 2019, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a estas siete personas, quienes este martes quedaron en libertad.