El juicio por presuntos delitos de corrupción durante la construcción de la trocha fronteriza, previsto para extenderse entre mayo y setiembre de este año, quedó pospuesto por tiempo indefinido. Un accidente de tránsito, sufrido por uno de los acusados, impedirá que se desarrolle el debate este año y los jueces ni siquiera divulgaron una fecha tentativa en el 2024.
Jose Miguel Villalobos, representante de Miguel Francisco Ramírez, confirmó que el imputado fue atropellado hace más de un mes y desde entonces se ha sometido a dos operaciones. Aunque el plazo de incapacidad vence el próximo 29 de mayo, los médicos no descartan que la recuperación exija más tiempo.
Así las cosas, los juzgadores consideraron que el plazo restante quizá no sea suficiente para completar el proceso y por eso acordaron dejar sin efecto la convocatoria a debate. “Posteriormente, conforme lo permita la agenda del despacho, se procederá con un nuevo señalamiento”, indicó el Tribunal Penal de Hacienda, encargado de juzgar supuestos actos de corrupción en la construcción de la obra y que trascendieron en mayo del 2012, cuando se denunciaron presuntas dádivas y desvíos de fondos destinados a la construcción de la vía de 160 kilómetros que corría paralela al río San Juan, en la frontera con Nicaragua.
La construcción del camino se impulsó con un decreto de emergencia del Gobierno de Laura Chinchilla (2010-2014) ante la invasión de Nicaragua a isla Calero, en el Caribe norte de Pococí, en el 2010.
“Posiblemente (la decisión de los jueces) será criticada por algunos que pensarán que es toda una trama para no celebrar el debate, pero no creo que nadie piense que don Miguel Francisco Ramírez se le tiró a un carro para que lo atropellara. Evidentemente no fue así, obedeció a circunstancias fuera de control y la decisión es acertada”, sostuvo Villalobos.
Este es el tercer revés reciente que impide que se desarrolle el juicio. En marzo hubo que modificar la conformación del tribunal, luego de que un abogado defensor advirtiera que había sido el representante de los jueces Franz Paniagua Mejía y Alfredo Arias Calderón en una causa por presunto prevaricato y que este asunto podría significar un cuestionamiento a la imparcialidad en el debate.
Posteriormente, el juez Jorge Tabash Forbes se inhibió por un vínculo con uno de los abogados defensores.
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Aunque inicialmente el proceso de la trocha investigó a 73 personas, en noviembre del 2018 la Fiscalía dictó sobreseimiento contra 47 personas, en cuenta la expresidenta Laura Chinchilla, su segundo vicepresidente Luis Liberman, su ministro de Obras Públicas Francisco Jiménez y otros miembros del gabinete.
Luego, en febrero del 2020, cuando se anunció que se elevaría a juicio, se mencionó que solo 13 personas irían a debate. El mes pasado el abogado Fernando Apuy confirmó que él sigue representando al exdirector del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Carlos Acosta Monge.
Por su parte, Villalobos detalló que él representa al empresario Alexánder Mesén Vargas y su esposa María Eugenia Morera Fernández, a los encargados de proyecto del Conavi Manuel Serrano Alvarado y Francisco Ramírez Marín, y los empresarios de alquiler de vagonetas y tractores Geovanny Montoya, Gerson Herra, Célimo Soto Campos y Geovanny Baralis Crosetti.
El Tribunal no ha divulgado la lista de los imputados ni los hechos que se les atribuyen, por lo que aún faltan nombres.