La Plataforma Integrada de Servicios de Atención a Víctimas, sede La Unión, concluyó la investigación que se sigue contra un funcionario de la Cruz Roja, de apellidos Montero Hidalgo, quien figura como sospechoso de abusar sexualmente a una paciente dentro una ambulancia en el 2019.

Ahora, esa institución está a la espera de una prueba adicional para remitir la causa 19–208–1360–PE al Juzgado Penal de la zona y a la vez solicitar la apertura a juicio.

La información fue confirmada a La Nación por la oficina de prensa del Ministerio Público, la cual, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal, no detalló en qué consiste la diligencia pendiente.

Lo que sí indicó es que en la actualidad el sujeto cumple con medidas cautelares.

“Se está a la espera de obtener una prueba adicional, previo a remitir la causa al Juzgado Penal con la solicitud de apertura a juicio.

“Como parte del proceso, el sospechoso posee las medidas cautelares de impedimento de salida del país, no acercarse a 500 metros de la víctima, no perturbar, intimidar, amenazar ni comunicarse con la persona ofendida”, precisó el ente acusador del Estado.

En la actualidad, el caso permanece en una etapa que es privada, por lo que los datos que se llegan a conocer son pocos.

A Montero, quien es socorrista y Técnico en Emergencias Médicas, se le abrió una causa en mayo del 2019, luego de que una joven mayor de edad lo denunció por un supuesto abuso sexual que habría ocurrido mientras era trasladada en ambulancia al Hospital Max Peralta, en el centro de Cartago.

En aquel momento trascendió que la víctima sufrió una descompensación en La Unión y fue por ello que su familia solicitó la asistencia médica.

Presuntamente, fue en el recorrido entre La Unión y el centro médico brumoso que se registró el ilícito, por lo que al llegar la muchacha contó al chofer de la Cruz Roja lo ocurrido y de inmediato se coordinó con la Fiscalía.

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Desde esa fecha, la Cruz Roja afirmó que cuenta con “una política de cero tolerancia ante la comisión de delitos por parte de sus funcionarios”. Incluso, reubicó al hombre, quien actualmente se desempeña como oficial de Telecomunicaciones mientras se desarrolla el proceso penal.

Sin embargo, la entidad destacó que deben respetar los procesos judiciales y esperar la resolución correspondiente para tomar acciones propias.

“La Cruz Roja Costarricense aplica el Código de Trabajo, el Reglamento Interno de Trabajo y el Reglamento Disciplinario de la Asociación Cruz Roja Costarricense en caso de ser necesario y se gestionan las investigaciones correspondientes para la aplicación de sanciones y medidas relacionadas”, precisó la entidad por medio de su departamento de prensa.

Otro caso

De manera paralela a esa causa, Montero afronta otra investigación, ya que, aparentemente, integraba un chat en el que, supuestamente, se difundía pornografía infantil.

Por este caso el funcionario de la Cruz Roja fue detenido el pasado miércoles en Guanacaste, donde se encontraba de vacaciones. Además, su casa en Cartago fue allanada, al igual que otras ocho viviendas en diferentes partes del país en las que se aprehendió a igual número de personas.

Además de Montero, figuran como investigados por este mismo caso un criminólogo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), de apellidos González García (35 años), un policía de Tránsito de la Municipalidad de La Unión, apellidado Fonseca Rojas (39), así como el encargado de servicios de protección y vigilancia en el ayuntamiento de Desamparados, Venegas Miranda (40).

Los otros cinco sospechosos responden a los apellidos Rivera Durán (26), Sánchez Ramírez (32), Bonilla Delgado (32), Lobo Quesada (37) y Herrera Samudio (35).

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Según la Fiscalía Adjunta de Género, “en apariencia, entre marzo y agosto del 2016, los imputados habrían remitido imágenes y videos con contenido de pornografía infantil, a través de un grupo de WhatsApp del que formaban parte”.

Ante esto, en la audiencia de solicitud de medidas cautelares el Ministerio Público solicitó medidas cautelares alternas a la prisión; sin embargo, el Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José rechazó la petición.

“El Juzgado Penal resolvió que los sospechosos quedaran en libertad sin medidas cautelares y, ante la argumentación del Juzgado, la Fiscalía no apeló la resolución.

“Mientras tanto, la investigación continuará con la recolección de pruebas y el análisis de estas. Debido a que dicha fase es privada, no es posible brindar mayores detalles, puesto que así lo establece el artículo 295 del Código Procesal Penal”, explicó la institución este viernes.

Esa investigación se desarrolla dentro del expediente 21–000120–0994–PE, en el cual se incorporará como evidencia las computadoras, celulares, dispositivos de almacenamiento USB, discos compactos y tabletas decomisadas en los allanamientos del miércoles pasado.