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La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos allanó una agencia del BAC San José en Escazú, así como la casa del exgerente general de la entidad, Gerardo Corrales Brenes, en Curridabat, como parte de la investigación que se lleva por el presunto delito de quiebra fraudulenta vinculado con la empresa Corporación Yanber S. A.
La acción judicial también incluyó la firma de consultores financieros Cofin, el Bufete Gómez & Galindo, ambas en Escazú, y la vivienda del consultor financiero Luis Alberto Vargas Solís, en Curridabat, con la finalidad de decomisar evidencia documental y electrónica.
Corrales es un economista que durante 16 años fungió como gerente del BAC, cargo que dejó en enero del 2016. Luego participó como dirigente del Partido Liberación Nacional (PLN) en las pasadas elecciones nacionales y, posteriormente, fue asesor del excandidato presidencial del Partido Restauración Nacional., Fabricio Alvarado.
En un comunicado enviado por la Fiscalía, se precisó que en los allanamientos no se pretende concretar alguna detención. Por el contrario, la intención es decomisar evidencia documental y electrónica para sumarla al expediente 18-000624-1220-PE.
En dicho legajo se investigan una serie de operaciones administrativas y financieras que se realizaron durante el proceso de declaratoria de quiebra de Corporación Yanber S. A. y de Fomento Agrícola del Atlántico S. A. (Fadasa).
El BAC, en un comunicado, indicó que las diligencias “corresponden a un procedimiento de investigación que dirige el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para recabar información de un caso específico relacionado a una operación de crédito (...). Haremos todo lo que el Ministerio Público solicite en beneficio de la investigación”.
Origen de este proceso
Este asunto tuvo su origen en mayo del 2015, cuando Yanber y Fadasa alegaron problemas financieros y solicitaron ante el Juzgado Concursal de San José que se abriera un convenio preventivo, para lo cual el despacho concedió un plazo de 15 días para que los acreedores legalizaran los créditos.
En 1.° de julio de ese mismo año, el BAC San José legalizó ante el juzgado un crédito otorgado a Yanber por $613.000.
Sin embargo, 15 días después, Samuel Yankelewitz Berger, como presidente de Yanber y Fadasa, formalizó un contrato con el BAC San José, el cual firmó Gerardo Corrales. En ese escrito, las dos sociedades traspasaron las facturas de cuentas por cobrar al BAC, con lo cual la entidad financiera finiquitó la deuda pendiente.
En el mismo acto, el BAC San José traspasó dichas facturas a la sociedad CJE Consultoría y Fiduciaria S. A., cuyo presidente es Luis Alberto Vargas Solís.
Según consta en una auditoria elaborada en abril del 2016, Yanber, a pesar de contar con 14 cuentas bancarias, desde principios del 2015 y hasta el 29 de febrero del 2016 manejó sus ingresos y egresos por medio de una cuenta en el Banco de Costa Rica (BCR) a nombre del Fideicomiso CJE Consultoría Fiduciaria S. A.
Lo anterior fue certificado por Ronald Artavia Chavarría, auditor externo de la firma Artavia y Asociados, la cual elaboró esta auditoría como parte del proceso de quiebra de Yanber y que luego se distribuyó a diversas entidades y abogados.
Entre tanto, el 8 de diciembre del 2015, el juzgado concursal aprobó la legalizaciones de los créditos entre los cuales se encuentra el de $613.000 a favor del BAC San José.
Casi tres años después, en setiembre del 2018 se resolvió la declaración de quiebra de las compañías Yanber y Fadasa.
La presunción es que en este caso se pudo conceder una ventaja indebida al pagarse un crédito legalizado al banco privado y, a la vez, que esto significó una disminución de bienes para enfrentar las demandas de los otros acreedores.
Causa principal
La acción judicial en la empresa Yanber, dedicada a la fabricación de plástico, empezó el 13 de julio del 2016, cuando el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) interpuso una denuncia por un supuesto fraude de $6 millones (¢3.456 millones) y ¢2.172 millones.
Sin embargo, investigaciones determinaron que los líos financieros en la compañía habían iniciado desde el 2010.
En setiembre del 2011, un informe interno de la firma, del cual tiene copia La Nación, reveló el uso de doble contabilidad, facturación fantasma y una planilla oculta, entre otras anomalías, que llevaron a la empresa a solicitar un proceso concursal para evitar la quiebra, en junio del 2015.
Precisamente, esa gestión la presentó Yanber siete meses después de que había recibido créditos de varios entes financieros.
Luego de la denuncia del BNCR, también se quejaron por fraudes el Banco de Costa Rica (BCR) y el Banco de Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito), así como la Corporación Financiera Cofin.
El BCR reclama ¢6.975 millones y Bancrédito, otros ¢1.120 millones. El monto de lo presuntamente estafado a Cofin aún no está determinado.
Además de Samuel Yankelewitz Berger, expropietario de la firma, y de su hijo Andrés Yankelewitz Lev, exvicepresidente, también son investigados el exgerente general de apellidos Soto Bolaños, de 48 años; los exgerentes financieros apellidados Paniagua Moya, de 29, y Sandí Sandí, de 71, así como del exdirector financiero, Brenes Chaves, de 54.
Todo el proceso se sigue en el expediente 16-000054-0621-PE.
Nota del editor: Inicialmente se consignó que uno de los allanamientos fue en Kapital Asesores Patrimoniales; sin embargo, ninguna de las diligencias se realizó en ese lugar.
Colaboró la periodista Eillyn Jiménez B.
