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El Ministerio Público acusó este viernes al exdiputado de Renovación Costarricense Abelino Esquivel Quesada, así como a una hermana, con los mismos apellidos, de cuatro delitos de concusión y uno de enriquecimiento ilícito.
Asimismo, se atribuyó a la esposa del exlegislador, de apellidos Cortés Oporto, dos delitos de concusión y uno de enriquecimiento ilícito, por supuestos cobros indebidos que hizo a subalternos en la Asamblea Legislativa durante el año 2017 hasta abril pasado.
La Fiscalía se refiere a las contribuciones que Esquivel les exigía a tres de sus asesores de confianza y que, en total, sumaban ¢575.000 por mes.
Esquivel, consultado telefónicamente sobre la acusación dijo: “No voy a referirme a ese tema absolutamente. Así que por favor. No voy a referirme absolutamente”. Luego cortó la llamada.
El delito de concusión castiga con prisión de dos a ocho años al funcionario que, abusando de sus funciones, obligue a alguien a dar indebidamente un bien o beneficio personal. Mientras que el enriquecimiento ilícito pena con prisión de seis meses a dos años al funcionario que utilice con fines de lucro para sí o para un tercero datos reservados en razón de su cargo.
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La Fiscalía informó de la acusación a la Procuraduría General de la República (PGR). Con la comunicación, ese órgano, que es el abogado del Estado, estudiará si presenta una querella y una acción civil resarcitoria por tratarse de delitos contra los deberes de la función pública.
En tales casos, el afectado es el propio Estado, razón por la cual la Procuraduría podría reclamar un resarcimiento por el eventual daño causado.
La Procuraduría tiene 13 días, a partir del lunes, para presentar al Ministerio Público la querella y la acción civil.
Una vez que concluya ese plazo, la Fiscalía General adjuntará los documentos que entregue la PGR a la acusación y la presentará al Juzgado Penal de Hacienda, cuya sede esta en los Tribunales de Goicoechea, dio a conocer en un comunicado de prensa el Ministerio Público.
Golpe a colaboradores
Los hechos por los cuales se acusa a Esquivel tienen que ver con cobros que él supuestamente le exigía a sus asesores legislativos de confianza, bajo el argumento de que eran contribuciones para el Partido Renovación Costarricense.
Tres colaboradores Álvaro Oconitrillo, Shirley Marín y Joselyn Rodríguez fueron quienes denunciaron públicamente que el diputado los obligó, durante varios meses desde el año pasado y hasta abril del 2017, a entregarle a él una parte de sus salarios, sin que les explicaran mayores razones.
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Marín tenía que darle al diputado ¢50.000 al mes; Rodríguez, ¢125.000, y Oconitrillo, ¢400.000. En total, la suma mensual ascendía a ¢575.000.
El propio Esquivel reconoció, en abril de este año, que ese dinero entraba a una cuenta de su hermana, quien lo manejaba para el despacho y alegó que se trataba de contribuciones para el partido político.
Sin embargo, la tesorera de la agrupación, Mavis Calderón, negó que un solo centavo de ese dinero haya entrado a cuentas del Partido, tal como lo exige la legislación electoral.
La Fiscalía General abrió la causa penal en abril , un mes antes de que el entonces congresista dejara el cargo. La pesquisa está en manos de la fiscala general, Emilia Navas Aparicio.
