EscucharUn fallido tumbonazo, mal ejecutado por encapuchados fuertemente armados que llegaron a un residencial de manera violenta exigiendo la entrega de la droga y dinero, fue la clave que permitió a oficiales de la Fuerza Pública y de la Policía de Control de Drogas (PCD), descubrir uno de los mayores botines de estupefacientes y dinero del 2020.
Se trata de un caso que sucedió a las 4 p.m. del viernes 16 de octubre del 2020 en un condominio ubicado en Trejos Montealegre, en San Rafael de Escazú, San José, según revela la sentencia que consta en el expediente 20-001133-1275-PE.
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De acuerdo con la documentación judicial, en aquella ocasión varios individuos se equivocaron de objetivo, pues al parecer desconocían en cuál apartamento exactamente se encontraba lo que buscaban. Los malhechores rompieron puertas y amarraron a las personas de residencias equivocadas. Eso les generó un retraso significativo en la ejecución del plan, pero que fue fundamental para que otros vecinos se percataran de la situación anormal y avisaran a la Policía.
Al descubrir que habían fracasado, huyeron. Esto ocurrió minutos antes de que llegaran decenas de policías que, guiados por los lugareños, señalaron a los ocupantes de un apartamento que en ese momento pretendían salir del condominio en una buseta. Esas personas, dos hombres y una mujer, además, se mostraron muy nerviosos, por lo cual quedaron bajo custodia policial.
Pocas horas después y luego de obtener una orden de allanamiento, las autoridades encontraron en diversos aposentos del apartamento ocupado por los detenidos, un total de 1,9 toneladas de droga, así como ¢235 millones y $1,5 millones (¢960 millones) en efectivo.
Los sospechosos de poseer los narcóticos y el dinero fueron identificados como Luis Rafael Campo Oyaga, de 55 años, Flavio Luna Cadena, de 25 y su compañera sentimental, la costarricense Stefany María Vanegas Sandoval, de 23. Estas personas, luego de permanecer en prisión preventiva y debido a las abundantes pruebas que habían en su contra, aceptaron que cometieron el delito y se sometieron a un proceso abreviado. El 27 de octubre del año anterior los dos hombres fueron condenados a 10 años de prisión y la mujer a seis años de cárcel. La sentencia adquirió firmeza recientemente, según confirmó la oficina de prensa del Poder Judicial.
¿Quienes son?
En la documentación judicial no se hace referencia a la procedencia ni el destino de la droga, pues las autoridades no mantenían ninguna investigación sobre los tres sospechosos, pues eran ciudadanos que habían mantenido un bajo perfil y ninguno de ello era dueño de vehículos o propiedades.
En el caso de Flavio Luna, se sabe que es de nacionalidad colombiana y tiene varios años de residir en Costa Rica. Al momento de su captura se encontraba desempleado y vivía, junto a Stefany Vanegas, en una casa alquilada en San Sebastián, al sur de San José. Empero, anteriormente estuvo habitando en el apartamento donde se encontró la droga y el dinero.
Stefany Vanegas, esposa de Luna desde el 24 de febrero del 2019, en una primera declaración a las autoridades dijo que trabajaba vendiendo cosméticos por medio de redes sociales y que por esa actividad tenía un salario mensual de ¢300.000. Sin embargo, cuando a ella la requisaron el día de la detención, los oficiales de la PCD le decomisaron $15.000 que mantenía en su poder, situación que hizo dudar a las autoridades judiciales sobre cuál era en realidad su oficio.
Respecto a Luis Rafael Campo, también es colombiano y era la persona que portaba las llaves del apartamento donde se encontró la droga y el dinero. Asimismo, se determinó que desde abril del 2020 se encontraba desempleado. Debido a un problema de salud había cumplido prisión preventiva en una casa con monitoreo electrónico.
En la sentencia se explica que a Vanegas se le impuso solo una pena de seis años, porque su abogado defensor, José Pablo Badilla Villanueva planteó que se le castigara con base en el artículo 71 inciso g) del Código Penal, que concede beneficios a una mujer imputada cuando se demuestra que se encuentra en una condición de vulnerabilidad. En este caso se consideró su juventud, que era la primera vez que cometía un delito y había sufrido violencia de género.
